Por cada peso que un contratista puso en campañas para gobernaciones o alcaldías en 2015, con corte a abril de este año, ha recibido 39 pesos. En total 485 donantes han firmado contratos por 169.000 millones de pesos con entidades territoriales.
Lo grave, según un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), es que el 55 % de estos contratistas estaban inhabilitados para hacerlo, porque donaron más del 2 % del tope máximo, salvo que el objeto fuera prestación de servicios profesionales, lo que se constituye en una posible irregularidad o falta.
“Cerca de 100.000 millones de pesos fueron dados a personas posiblemente inhabilitadas para contratar con el Estado, pero lo más grave es que a pesar de esto, no existe en la reforma política ningún tipo de abordaje a este problema”, denunció Alejandra Barrios, directora de la MOE.
La entidad aclaró que el otorgamiento de contratos a empresas y personas financiadoras de campañas no representa delito o irregularidad mientras se cumpla con los topes definidos en la ley.
De acuerdo con el cruce de datos hechos entre el Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP) del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la contratación reportada en el portal Colombia Compra Eficiente, en 138 municipios hay donantes que superaron el tope y ahora son contratistas.
El 87% del monto fue contratado en los dos primeros años de gobierno. Esto quiere decir, según los investigadores de la MOE, que los mandatarios electos tienden a adjudicar de forma rápida a quienes financiaron la campaña. El 83 % de estos contratos tienen un periodo máximo de ejecución menor a los cinco meses.
Antioquia, con 26 municipios implicados, lidera el top de anomalías. En total, en 36 localidades del departamento se reportaron 112 donaciones a candidatos que hoy son los alcaldes, por valor de 663 millones de pesos. A su vez, estos han ejecutado 616 contratos por valor de 85.903 millones de pesos, lo que significa un 129 % más de lo donado.
En la tabla, bajo el criterio de municipios donde se identificaron donantes contratistas, siguen Cundinamarca (19), Cauca (10), Chocó (9), Meta (8) y Santander (8).
Y como si lo anterior no fuera suficiente, según Barrios, el 65 % de los 2.410 contratos otorgados a los financiadores de campañas fueron adjudicados a dedo, “lo que fácilmente se podría interpretar como una retribución de la donación hecha en campaña”. Solo el 34 % de lo restante fue en licitaciones públicas, subastas y concursos de méritos”. La modalidad de contratación a la que se hace referencia es a la directa, hecha vía régimen especial, y la de mínima cuantía.
“Estamos ante la posibilidad de ver de cerca la relación entre contratación y financiación de campañas, desde una metodología innovadora que podría servir a las autoridades para identificar cuándo la financiación de campañas busca empeñar la administración local a favor de redes de clientelismo y corrupción en los municipios”, precisó Barrios.
En lo concerniente a los departamentos, la investigación identificó que 18 de las 32 gobernaciones del país (56 %) dieron, al menos, un contrato a aquellas personas que ayudaron a financiar sus campañas electorales. En estos departamentos se encontró que 62 personas naturales o jurídicas donaron 840 millones de pesos y recibieron 18.000 millones de pesos. Esto equivale a 22 veces el dinero donado.
En el lanzamiento de la plataforma de organizaciones que realizarán monitoreo a las elecciones de 2019, la Misión de Observación Electoral le remitió estos hallazgos a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se inicien las investigaciones pertinentes.
