Haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución, el presidente Iván Duque decretó una nueva emergencia económica, social y ecológica, para hacerle frente a la crisis derivada de la pandemia de la covid-19, esta vez con énfasis en el rescate de la economía y en la reactivación del empleo, que cada vez va más en caída. Sin embargo, los ‘súperpoderes’ con los que cuenta el mandatario ya empiezan a generar inquietudes alrededor de las decisiones que se puedan tomar en materia laboral.
Una de las primeras medidas anunciadas por el jefe de Estado y su equipo económico en el marco de esta nueva emergencia fue crear un subsidio equivalente al 40 % del salario mínimo para todos los trabajadores de las empresas que hayan tenido una disminución mínima del 20 % de su facturación.
También se modificó el calendario de pago del impuesto de renta, que estaba próximo a pagarse, pero vendrán otras medidas con fuerza de ley que podrían derivar en modificaciones a los horarios laborales, cambios en la contratación y flexibilización de exigencias a los empleadores.
“(...) Que, para que crisis como la de la actual pandemia no resulte en despidos masivos, en países como China, la Federación Nacional de Sindicatos del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social ha sugerido adoptar medidas que facilitan compartir la carga entre el empleador y el empleado. Estas medidas incluyen la posibilidad de renegociones salariales, rotación de puestos y licencias, así como permitir pago por horas trabajadas”, dice una de las citas que tiene el decreto de emergencia.
En el marco de estas posibilidades, pese a que el Gobierno todavía no ha decretado ninguna de estas medidas, se ponen nuevamente sobre la mesa alternativas que anteriormente han sido rechazadas por sindicatos de trabajadores como el pago por horas trabajadas, que fue una de las propuestas más criticadas por la ciudadanía cuando fue planteada por la entonces ministra de Trabajo, Alicia Arango.
La famosa frase de la hoy ministra del Interior: “a un ingeniero de sistemas tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas”, cuando la funcionaria hablaba de una posible reforma laboral, fue rechazada en su momento debido a que para muchos, Arango abría la posibilidad de quitar beneficios adquiridos por los trabajadores hasta el momento.
Sin embargo, en medio de la pandemia podría ser una de las salidas, el problema estaría en el alcance temporal que podría llegar a tener dicha medida. El presidente podría tomar la decisión de decretarla por varios meses, pero el temor estaría en que esta u otra de estas decisiones permanezcan en el tiempo.
Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, asegura que en este marco no podría hacerse una reforma laboral dentro de las facultades que tiene el mandatario colombiano, que vaya encaminada a desmejorar los derechos sociales de los trabajadores porque está prohibido en el artículo 215 de la Constitución, así como por los tratados internacionales de derechos humanos, como ya se había intentado hacer estas reformas antes de la emergencia.
En este sentido, el profesor de Derecho Público de la Universidad Javeriana, Javier Rincón, comparte la premisa de Burbano y agrega que si se llegase a tomar medidas que vayan en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores, estas se caerían por inconstitucionales, sin embargo, agrega que decisiones como el pago por horas a los trabajadores, posiblemente, no sea consideradas como regresivas en el marco de la pandemia por la covid-19.
“Lo que no puede suceder es que las reformas del mercado laboral afecten las condiciones o los derechos mínimos de los trabajadores, entonces, por ejemplo, si él decidiera afectar temas como primas, cesantías, sin lugar a dudas, no lo podría hacer, porque esos son derechos mínimos de los trabajadores”, añade Rincón.
El experto señala que la preocupación de que en medio de la emergencia económica se puedan hacer reformas que el Gobierno viene buscando desde hace tiempo es completamente normal, pero la pregunta de fondo más bien debería estar enfocada en si las medidas son idóneas para solucionar la crisis económica que afronta el país y si dan respuesta al estado de excepcionalidad que en estos momentos pide reformulación de las reglas labores con el objetivo de darle más flexibilidad al mercado.
“Estas normas serán revisadas por la Corte Constitucional, que es la que decide si la medida puede tener el carácter de permanente o si es una medida que deberá ser debatida por el Congreso para que se decida su temporalidad. La Corte debe determinar si la medida es realmente idónea para superar la crisis o si es más bien una medida encaminada a modificar todo el mercado de trabajo”, dice Javier Rincón.
El analista aclara que las decisiones que tome el presidente en medio de la emergencia social, económica y ecológica deberán pasar por revisión de la Corte Constitucional y una de sus determinaciones puede ser declarar la constitucionalidad condicionada para regularle el alcance a dicha medida vía Congreso.
Desde el punto de vista político, el analista Mauricio Jaramillo, indica que el riesgo en el que caería el presidente si opta por hacer reformas que no ha podido hacer, aprovechando el estado de emergencia económica, estaría relacionado con su gobernabilidad e imagen, que ha subido en los últimos días por la forma en la que ha manejado la crisis derivada del Covid-19.
De esta manera, dice Jaramillo, las medidas que va a tomar el presidente deberían estar enfocadas a hacer que la economía repunte y que el desempleo baje en medio de la crisis, pero no sacrificando a las personas más vulnerables ni desprotegiéndolos de sus derechos, debido a que podría profundizar el descontento social que venía creciendo en el país desde antes de que el virus llegara al país.
“El Gobierno venía muy mal desde noviembre del año pasado, la covid-19 le dio un respiro, le dio la posibilidad de retomar ciertos temas en política social, si el Gobierno reforma las normas laborales en aras de la flexibilización, el Gobierno vuelve un poco a esa imagen antipática que tenía antes de la crisis en la que tenía una imagen muy baja. Volvería a sacrificar los puntos que había ganado con la pandemia con la gestión”, añade.
Carlos Andrés Arias Orjuela, experto en marketing político, indica que en medio de esta emergencia hay oportunidad para los excesos, pero también para virar modelos económicos y sociales que permitan cambios para una sociedad más equitativa, por eso las medidas que tome el mandatario no solo tendrán impacto directo sobre la pandemia sino para lo que viene después en materia empleo, trabajo y crecimiento económico en el corto plazo.
Una de las justificaciones de la declaratoria de emergencia indica que el estancamiento de la actividad productiva a nivel nacional ha conllevado la disminución de 1,6 millones de ocupados con corte a 30 de abril, debido a la imposibilidad de realizar teletrabajo o trabajo desde casa o de tomar otras medidas de flexibilización laboral.
Sin embargo, también establece que el Gobierno Nacional podrá adoptar medidas que le permitan al Estado contribuir con el financiamiento y pago de parte de las obligaciones laborales que están a cargo de los empleadores.
Este es el segundo estado de excepción que declara el presidente Iván Duque en el marco de la crisis que se ha generado en el país por la pandemia. El pasado concluyó el 16 de abril, cuando se cumplieron los 30 días que por ley un mandatario colombiano puede mantener esta herramienta constitucional. Durante estos días expidió 72 normativas en diferentes frentes, con el fin de mantener a flote el país en aspectos claves como la salud, la economía, el empleo y los bienes de primera necesidad, pero no fueron suficientes.
Duque tomó medidas como la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), para atender la pandemia, pero también creó el programa de ‘Ingreso Solidario’, para personas que viven del trabajo informal y que no se benefician de los subsidios del Gobierno a través Familias en Acción o Jóvenes en Acción, sin embargo, dichas medidas no pudieron frenar el declive económico del país, pero el Gobierno deberá planificar muy bien cómo utiliza esta nueva emergencia, debido a que solo podrá decretar una más para lo que le queda del año.
