Hace apenas cuatro días, la Defensoría del Pueblo, en su alerta temprana número 045 de 2020, había alertado sobre el riesgo de desplazamiento que existía en el corregimiento Guarumo, del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.
En este documento publicado en la página web de la entidad, y dirigido al Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Alcaldía, se identificaron los riesgos que sufren las poblaciones de los municipios de esta región, incluyendo a las al menos 750 personas que resultaron desplazadas de la vereda Isla Amargura, del municipio de Cáceres.
Dicha situación se registró este jueves, luego de que, según le confirmó la Alcaldía a EL COLOMBIANO, hombres armados se habían llevado a unos jóvenes para amenazarlos y luego dejarlos en libertad para que llevaran el mensaje para que “desocuparan” el lugar.
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“En estos territorios los armados cobran extorsiones y restringen la movilidad. De hecho, en la mayoría de las zonas descritas en la presente alerta existe un toque de queda de facto en horas de la noche, con el ánimo de evitar ser sorprendidos por la Fuerza Pública o los enemigos, y además con el propósito de movilizar material ilegal sin ser observados”, se lee en la alerta 045 de la Defensoría.
Además, el documento señala que las amenazas, los homicidios selectivos, el desplazamiento forzado individual, el reclutamiento y vinculación ilícita de niños, niñas y adolescentes, “son los hechos victimizantes en los que tiene más riesgo de ser afectada la población civil, en territorios en donde hay control hegemónico de un solo actor armado ilegal”.
Martín Rivera, secretario de Gobierno de este municipio ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, le dijo a este diario en la noche del miércoles que “aún no hemos identificado cuál es el grupo que provocó el desplazamiento, aunque en la zona operan los Caparros y el Clan del Golfo”.
De igual manera, en la alerta temprana la Defensoría señala que el frente Rubén Darío Ávila de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) “también ha logrado incursionar en la vereda Río Man, utilizando esta vía fluvial y terrestre que marca límite sobre la troncal de la Costa Atlántica entre los municipios de Cáceres y Caucasia. Las Agc han encontrado otra ruta de penetración que amenaza el control del Bloque Virgilio Peralta Arenas (de Los Caparros) sobre el corregimiento de Guarumo y con ello su sede principal en Piamonte y la Isla de la Amargura”, este último, donde se registró el desplazamiento este miércoles.
La alerta también identificó riesgo en otras zonas como Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, donde por lo menos 260 mil personas podrían estar en riesgo con el actuar ilegal de los grupos armados ilegales que delinquen en esta región. Entre las poblaciones en riesgo, según la Defensoría, hay mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, población indígena y afrocolombiana.
“El escenario de riesgo en la subregión del Bajo Cauca presenta una perspectiva estructural y otra coyuntura. El escenario estructural se encuentra definido por una exclusión histórica de la subregión del Bajo Cauca de los proyectos de desarrollo y bienestar social nacional y regional, lo que ha llevado a concebir este territorio como propicio para desarrollar economías de enclave formales e informales, que han aportado un muy reducido beneficio directo para estas comunidades”, se lee en la página 6 de esta alerta, contenida en 99 páginas, para presentar una radiografía de lo que sucede en esta región del país.
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