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Continúa rifirrafe entre Uribe y la JEP por cifras de falsos positivos

  • El expresidente Álvaro Uribe asegura que las cifras de la JEP sobre falsos positivos están sesgadas y buscan desacreditar su gobierno. FOTO COLPRENSA
    El expresidente Álvaro Uribe asegura que las cifras de la JEP sobre falsos positivos están sesgadas y buscan desacreditar su gobierno. FOTO COLPRENSA
ALEJANDRO ARBOLEDA HOYOS | Publicado el 19 de febrero de 2021

Después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que tiene registros de 6.402 homicidios ilegítimamente cometidos para presentarlos como bajas en combate entre 2002 y 2008, se desató un rifirrafe con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La discusión con el exmandatario se desató debido a que esa cifra de los también llamados falsos positivos casi triplica los 2.248 casos, que ocurrieron entre 1988 y 2014, identificados por la Fiscalía General de la Nación, y se enfocaría en los seis primeros años de la política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez.

Tras conocer el informe, el expresidente se pronunció en sus redes sociales y expuso un documento de 15 puntos donde argumentó que cuando inició su gobierno en 2002 enfrentó las irregularidades relacionadas con bajas en combate de las Fuerzas Militares, y aseguró que no hay pruebas en su contra que lo vinculen con falsos positivos.

“No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos que, como gobernador y presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas”, expuso Uribe Vélez.

Un día después, la discusión se prolongó debido a que el también exsenador continuó refiriéndose al informe de la JEP, esta vez a través de medios de comunicación radiales, asegurando que la intención del tribunal de paz con la publicación de esas cifras sobre falsos positivos era desacreditar a su gobierno.

“Aquí hay un gran sesgo que tiene un propósito: desacreditar a mi gobierno (...) Llevan muchos años diciendo que el gobierno mío lo que hizo fue producir falsos positivos en La Macarena y que hay una fosa común, ¿han encontrado esas fosas?”, cuestionó el exmandatario en Blu Radio.

Asimismo, se refirió al caso de La Escombrera, señalando que la Comuna 13 de Medellín había sido tomada por grupos criminales y, según él, tras su llegada a la Presidencia de la República se logró garantizar la tranquilidad en la zona.

“Se hizo ese esfuerzo que trajo tranquilidad a Medellín y trataron de deshonrar ese esfuerzo diciendo que era una tarea de falsos positivos. Yo pregunto dónde está la prueba y dónde está la realidad, aquí hay un gran sesgo”, apuntó Uribe Vélez en el mismo medio.

Por su parte, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, planteó que el tribunal de paz no tiene sesgos contra ningún colombiano, pues se ha encargado de adelantar las labores investigativas en el marco del conflicto armado, para las que fue creado.

“No tenemos ningún sesgo contra ningún colombiano o colombiana, por el contrario buscamos ser un tribunal de verdad”, afirmó el magistrado en respuesta a las declaraciones del expresidente en el citado medio.

Adicionalmente, el presidente de la JEP detalló que las cifras publicadas sobre falsos positivos provienen también del contraste entre informes de la Fiscalía, el observatorio de memoria y conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, colaboración internacional, versiones libres, e informes de la Procuraduría.

Cabe resaltar que en su informe la JEP señaló que el 66 % del total nacional de víctimas se concentró en los departamentos de Antioquia, Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y el Cauca, y se resaltó que entre 2002 y 2008 se concentraron el 78 % de los casos.

Adicionalmente se detalló que Antioquia fue el departamento donde más se registraron casos (el 25 % del total registrados entre 2002 y 2008), y se señaló que al menos 1.242 homicidios fueron cometidos presuntamente por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, de acuerdo al Auto 033 del 2021.

Dentro de ese Auto, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP definió que en seis territorios del país se concentra la primera fase de investigación del Caso 03, nombrado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado”.

Según detalló el tribunal de paz, Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las regiones priorizadas, dentro de una decisión que se tomó “tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal”, se lee en el comunicado oficial.

Adicionalmente se aclaró que tras la recopilación de cifras hecha dentro de este caso, se aplicaron los criterios de priorización que hoy permitieron establecer un orden razonable de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados para la instrucción de los subcasos.

Dentro de la estrategia de investigación del Caso 03 “de abajo hacia arriba” la Sala de Reconocimiento priorizó seis subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad.

“Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros”, explicó la JEP.

Por otra parte, se detalló que la Sala les concedió a las víctimas acreditadas en el Caso 03 y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para que presenten observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en el Auto.

La respuesta de la ONU

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssel, resaltó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la investigación de “falsos positivos” durante el conflicto armado en Colombia

“Acogemos con beneplácito los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como falsos positivos, en que personas fueron presentadas de manera falsa como “muertas en combate”, el anuncio lo hizo luego de que este jueves la justicia transicional anunció que investiga los homicidios de 6.402 personas, un número mucho mayor a los 2.000 de quienes en su momento se recibió información para investigar.

“Tomamos esta oportunidad para reconocer la labor tan importante y legítima de los grupos de víctimas y de las oenegé para luchar contra la impunidad en estos casos y obtener justicia. Su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación”, dijo la alta funcionaria.

Alejandro Arboleda Hoyos

Periodista, apasionado por la historia, la geopolítica y los documentales. Hago preguntas desde que tengo uso de razón. Egresado de la Universidad Eafit.


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Fracasó piloto de Cancillería: vuelve turno digital para tramitar pasaporte

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$2.994 millones de la paz están en riesgo

  • La Contraloría analizó aleatoriamente 99 contratos de municipios PDET, como este de la foto en San Vicente del Caguán (Caquetá), y encontró varias alertas. FOTO Juan Antonio Sánchez
    La Contraloría analizó aleatoriamente 99 contratos de municipios PDET, como este de la foto en San Vicente del Caguán (Caquetá), y encontró varias alertas. FOTO Juan Antonio Sánchez
  • El documento con la auditoría tiene 277 páginas.
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  • El dosier llegó a la Delegada de Criminalidd Organizada.
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Contexto de la Noticia

Los once puentes que van a medias en el caquetá

Ocho municipios del Caquetá siguen esperando once puentes y dos obras de drenaje o box coulvert, acordados entre la Gobernación y el Grupo Empresarial Líbano S.A.S. a través del contrato 320 de 2018, suscrito por 8.194 millones de pesos. El puente más avanzado de todos, a 25 de junio, era el de El Doncello, con un 62 % de progreso, seguido por el de Morelia, con 34 %, y después el de Florencia, con 3 %. Y, sobre las obras de drenaje, el avance era de 62 % y 86 %. Por el contrario, los puentes de La Montañita, Milán, Puerto Rico, San Vicente y Albania ni siquiera se habían comenzado. El encargado de la construcción recibió un adelanto por 2.347 millones de pesos a través de Fiduciara Bogotá S.A., aunque en el pliego de condiciones esto no estaba previsto, dice la Contraloría, pero con un otrosí durante el plazo de ejecución modificaron la forma de pago. A pesar de la existencia de un contrato de interventoría entre Invías y el Consorcio DICO-INCOL, el ente de control considera que el trabajo fue insuficiente. De hecho, encontró que en julio del año pasado el Departamento Nacional de Planeación cesó los giros de regalías al proyecto, justamente por los incumplimientos detectados.

La Gobernación argumentó que el proyecto fue presentado por el municipio de San José del Fragua, por lo que las deficiencias técnicas no son su responsabilidad y que la vigilancia sobre la ejecución correcta del contracto es de la interventoría. Por su parte, Invías defendió el trabajo del interventor señalando que cumplió con las funciones acordes a la ley y al mismo contrato. Para la Contraloría, “las entidades no desvirtúan la observación comunicada, por lo que se valida y confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $2.347.931.275”. Según el ente de control, por el valor de dicho adelanto existiría un presunto daño patrimonial.

La alerta por el freno a las mejoras viales de 11 municipios del tolima

El municipio de Ataco, Tolima, suscribió el contrato 218 del 6 de agosto de 2020 por 1.047 millones de pesos para mejorar sus vías terciarias en tres tramos distintos, con un periodo de seis meses de ejecución. Sin embargo, cuando solo faltaban veinte días para el plazo (10/2020-06/2021), el avance era de solo 8,9 %, y dos de los trabajos no habían comenzado. La Alcaldía municipal no le respondió las dudas en el plazo legal a la Contraloría y, cuando lo hizo –el 21 de agosto de 2021–, pidió una prórroga para hacerlo. Dijo que no lo cumplió por problemas en el software que le impidieron a sus funcionaros acceder a los correos enviados por la Contraloría. Sin embargo, como el cierre del análisis del ente de control era el 27 de ese mes, no le aceptaron la petición. Por eso, hay un hallazgo administrativo con presunta incidencia penal y disciplinaria.

Lo que pasó a revisión directa de la fiscalía general

De la actuación de la Contraloría, dos de los hallazgos de tipo presuntamente penal corresponden al municipio de Ataco: la etapa precontractual y contractual del contrato 218 de 2020 para la mejora de vías terciarias, por un valor de $1.047 millones . La alerta judicial es porque no se han terminado las obras y en dos casos ni siquiera han empezado. Y por el contrato de obra 649 de 2019, de $4.665 millones para otra obra vial de Ataco, el ente de control solicitó abrir una indagación preliminar para determinar un presunto detrimento patrimonial por demoras. Aunque el plazo de ejecución era de seis meses, pasados 420 días las obras solo estaban en un 31,11 %. La Contraloría también pidió investigar el contrato 320 de 2018, por el avance mínimo en la construcción de 11 puentes en 8 municipios de Caquetá por 8.149 millones. Todos suman 13.907 millones de pesos.

Listos 10 millones de dólares para apoyar a jóvenes en 2022

  • Este 2 de diciembre se llevó a cabo el primer Foro Internacional de Juventudes en Bogotá. FOTO Cortesía Usaid
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Por Sebastián Ramírez Torres | Publicado hace 6 horas
Sebastián Ramírez Torres

Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.

Mini aviones “made in Colombia” vigilarán protestas y zonas violentas

  • En sobrevuelo en San Andrés, la aeronave operá durante 70 minutos consumiendo solo el 50% de su batería. Foto. Cortesía Fuerza Aérea.
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¿qué sigue? reemplazo de los aviones kfir

El cambio de los aviones de combate Kfir es una tarea pendiente de la Fuerza Aérea, ya que la flota de supersónicos cumple su periodo de vida útil en 2023. Durante el evento Expodefensa, realizado esta semana, se presentaron algunas alternativas que serían tenidas en cuenta: Gripen E/F (Suecia), Rafale C/F3 (Francia) y el F-16 viper block 70 (EE.UU.)

Camilo Osorio Sánchez

Comunicador y periodista de la Universidad del Valle, apasionado por las narrativas digitales, la innovación social y los enfoques de género.

Estas son las cifras de la corrupción en Colombia

  • Entre 2016 y 2020 se reportó la pérdida de $13,67 billones en 284 hechos de corrupción. FOTO: COLPRENSA.
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Condenan a la Fiscalía por falsa acusación a militar de participar en masacre

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