Después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que tiene registros de 6.402 homicidios ilegítimamente cometidos para presentarlos como bajas en combate entre 2002 y 2008, se desató un rifirrafe con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La discusión con el exmandatario se desató debido a que esa cifra de los también llamados falsos positivos casi triplica los 2.248 casos, que ocurrieron entre 1988 y 2014, identificados por la Fiscalía General de la Nación, y se enfocaría en los seis primeros años de la política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez.
Tras conocer el informe, el expresidente se pronunció en sus redes sociales y expuso un documento de 15 puntos donde argumentó que cuando inició su gobierno en 2002 enfrentó las irregularidades relacionadas con bajas en combate de las Fuerzas Militares, y aseguró que no hay pruebas en su contra que lo vinculen con falsos positivos.
“No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos que, como gobernador y presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas”, expuso Uribe Vélez.
Un día después, la discusión se prolongó debido a que el también exsenador continuó refiriéndose al informe de la JEP, esta vez a través de medios de comunicación radiales, asegurando que la intención del tribunal de paz con la publicación de esas cifras sobre falsos positivos era desacreditar a su gobierno.
“Aquí hay un gran sesgo que tiene un propósito: desacreditar a mi gobierno (...) Llevan muchos años diciendo que el gobierno mío lo que hizo fue producir falsos positivos en La Macarena y que hay una fosa común, ¿han encontrado esas fosas?”, cuestionó el exmandatario en Blu Radio.
Asimismo, se refirió al caso de La Escombrera, señalando que la Comuna 13 de Medellín había sido tomada por grupos criminales y, según él, tras su llegada a la Presidencia de la República se logró garantizar la tranquilidad en la zona.
“Se hizo ese esfuerzo que trajo tranquilidad a Medellín y trataron de deshonrar ese esfuerzo diciendo que era una tarea de falsos positivos. Yo pregunto dónde está la prueba y dónde está la realidad, aquí hay un gran sesgo”, apuntó Uribe Vélez en el mismo medio.
Por su parte, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, planteó que el tribunal de paz no tiene sesgos contra ningún colombiano, pues se ha encargado de adelantar las labores investigativas en el marco del conflicto armado, para las que fue creado.
“No tenemos ningún sesgo contra ningún colombiano o colombiana, por el contrario buscamos ser un tribunal de verdad”, afirmó el magistrado en respuesta a las declaraciones del expresidente en el citado medio.
Adicionalmente, el presidente de la JEP detalló que las cifras publicadas sobre falsos positivos provienen también del contraste entre informes de la Fiscalía, el observatorio de memoria y conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, colaboración internacional, versiones libres, e informes de la Procuraduría.
Cabe resaltar que en su informe la JEP señaló que el 66 % del total nacional de víctimas se concentró en los departamentos de Antioquia, Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y el Cauca, y se resaltó que entre 2002 y 2008 se concentraron el 78 % de los casos.
Adicionalmente se detalló que Antioquia fue el departamento donde más se registraron casos (el 25 % del total registrados entre 2002 y 2008), y se señaló que al menos 1.242 homicidios fueron cometidos presuntamente por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, de acuerdo al Auto 033 del 2021.
Dentro de ese Auto, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP definió que en seis territorios del país se concentra la primera fase de investigación del Caso 03, nombrado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado”.
Según detalló el tribunal de paz, Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las regiones priorizadas, dentro de una decisión que se tomó “tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal”, se lee en el comunicado oficial.
Adicionalmente se aclaró que tras la recopilación de cifras hecha dentro de este caso, se aplicaron los criterios de priorización que hoy permitieron establecer un orden razonable de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados para la instrucción de los subcasos.
Dentro de la estrategia de investigación del Caso 03 “de abajo hacia arriba” la Sala de Reconocimiento priorizó seis subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad.
“Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros”, explicó la JEP.
Por otra parte, se detalló que la Sala les concedió a las víctimas acreditadas en el Caso 03 y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para que presenten observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en el Auto.
La respuesta de la ONU
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssel, resaltó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la investigación de “falsos positivos” durante el conflicto armado en Colombia
“Acogemos con beneplácito los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como falsos positivos, en que personas fueron presentadas de manera falsa como “muertas en combate”, el anuncio lo hizo luego de que este jueves la justicia transicional anunció que investiga los homicidios de 6.402 personas, un número mucho mayor a los 2.000 de quienes en su momento se recibió información para investigar.
“Tomamos esta oportunidad para reconocer la labor tan importante y legítima de los grupos de víctimas y de las oenegé para luchar contra la impunidad en estos casos y obtener justicia. Su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación”, dijo la alta funcionaria.
