La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia por la posible intensificación del conflicto en Olaya Herrera, municipio del departamento de Nariño. Allí, operan distintas disidencias de las Farc que se encuentran enfrentadas por el control territorial y de las rentas ilegales.
En la región tienen presencia el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas del llamado Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Occidental Alfonso Cano, perteneciente a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico de la Segunda Marquetalia
Ambas facciones, el EMC y la Segunda Marquetalia surgieron luego de los diálogos de La Habana en 2016, conformada por guerrilleros que no aceptaron los términos del acuerdo y decidieron mantenerse en la ilegalidad.
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“El terror ha venido siendo sembrado en las comunidades del municipio nariñense por las disputas armadas (...) Los combates obedecen a la disputa del territorio”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Este es considerado como un corredor estratégico para el narcotráfico, la movilización de tropas, la minería ilegal y el tráfico de armas.
“Es urgente poner en marcha una labor completa de prevención y atención a las comunidades, ante las acciones violentas de los grupos armados ilegales”, dijo Camargo.
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Los territorios más afectados
La alerta temprana de la Defensoría señaló que el mayor riesgo de vulneración de derechos humanos se focaliza en los barrios La Pista, La Isla, El Camino, El Comercio, El Caguán, El Natal, La Virgen, La Playita, Llano Verde, Nueva Esperanza III y El Polideportivo, así como en las veredas que forman parte de los consejos comunitarios Gualmar, Río Satinga y Río Sanquianga y en los resguardos indígenas La Floresta, Bacao Turbio y Sanquianguita.
Los fuertes enfrentamientos entre los grupos disidentes y entre estos y las Fuerzas Militares de Colombia han causado daños a la infraestructura de la población y desplazamiento forzado. Muchos de estos enfrentamientos se han presentado en las inmediaciones de escuelas públicas, poniendo en riesgo a menores de edad que asisten a clases.
Pero, además, la Defensoría evidenció que hay “formas de control y violencia basadas en género sobre mujeres afrodescendientes, sometidas a realizar trabajos domésticos para integrantes de grupos ilegales”. Si las mujeres no obedecen estas órdenes, los ilegales amenazan con atentar contra sus hijos menores de edad.
También se han presentado retenes ilegales, el cobro de extorsiones, la verificación de horarios estrictos de entrada y salida de las veredas y del tránsito por el río de la zona y el casco urbano.
Según la Alerta Temprana, existe un alto riesgo de que estos hechos se agraven, lo que llevaría a una mayor dificultad para la asistencia y la atención humanitaria. Adicional, pondría en riesgo la vida, integridad y libertad de funcionarios de entes locales e integrantes de las organizaciones no gubernamentales.
