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Informe de inteligencia revela estrategia del ELN para fortalecerse militar y socialmente mientras negocia con el Gobierno

El documento muestra detalles que van el uso de recursos públicos para financiar operaciones militares, hasta socavar la legitimidad de la Fuerza Pública con campañas de desprestigio.

  • Uno de los objetivos del ELN, según el informe de la Policía, es fortalecer sus estructuras militares en algunas zonas, aprovechando el cese al fuego. Foto Archivo EL COLOMBIANO
    Uno de los objetivos del ELN, según el informe de la Policía, es fortalecer sus estructuras militares en algunas zonas, aprovechando el cese al fuego. Foto Archivo EL COLOMBIANO
13 de febrero de 2024
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Otras denuncias se suman a los graves señalamientos de incumplimientos por parte del ELN a los acuerdos firmados hasta ahora con el Gobierno en desarrollo de la denominada Paz Total, después de seis ciclos de conversaciones y anuncio de extensión por 180 días del cese al fuego.

En las últimas horas se conocieron detalles de un informe de inteligencia de la Policía Nacional en el que se establece que el ELN estaría implementando una completa estrategia con el objetivo de “fortalecer sus capacidades, socavar la legitimidad de la fuerza pública y obstaculizar los esfuerzos del Gobierno en el proceso de paz”.

Lo que significa que el grupo guerrillero estaría jugando una doble partida, porque mientras dice estar comprometido con los diálogos y los avances en los acuerdos, por otro lado, realmente, adelanta acciones militares, sociales y políticas para expandir su poder y acciones delincuenciales en varias regiones del país.

Según los detalles del informe, que fueron revelados por la W Radio, el ELN viene desarrollando actividades para fortalecer su financiamiento, operaciones de información y de escalada terrorista.

El documento de la Policía divide su análisis en tres bloques. Entre estos y de los más delicados, señala que el ELN pretende usar el financiamiento obtenido a través de los acuerdos y compromisos adelantados con el Gobierno para fortalecer sus estructuras y capacidades militares, lo que incluiría una especie de “proselitismo armado” y “entrenamiento” para sus tropas.

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Irónicamente, hace apenas unos días, con el cierre del quinto ciclo, en La Habana (Cuba), las partes anunciaron la creación de un “fondo de multidonantes” con ayuda de cooperación internacional para buscar financiamiento y así lograr que el ELN renuncie a seguir desarrollando actividades delincuenciales, como el secuestro extorsivo.

En ese punto, el informe de inteligencia indica que el grupo guerrillero ha aumentado sus actividades de narcotráfico y extorsión.

Por otro lado, la Policía estableció que las acciones militares del ELN están siendo complementadas con estrategias de comunicaciones para, a través de la difusión de propaganda y campañas de difamación y desinformación “generar dudas sobre la legitimidad de la fuerza pública y socavar la confianza de la población en las instituciones del Estado”.

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En cuanto al tema militar, se pudo establecer que un incremento en las acciones terroristas del grupo armado, con acciones específicas como asesinatos selectivos, secuestros y ataques a la infraestructura pública y privada, detalló la emisora. El ELN estaría usando también los dineros públicos, para lograr atraer a líderes sociales e integrarlos como parte de sus acciones criminales.

Otro de los capítulos del informe establece que la organización guerrillera ha venido usando la figura del proceso de paz, que establece el cese al fuego y, por ende, una disminución en las acciones militares en su contra, para ganar espacios y reorganizar sus bloques en zonas claves.

A todo lo anterior se le suma un plan para infiltrar instituciones y organizaciones sociales y políticas para tratar de obtener información privilegiada, con el objetivo de usarla después en operaciones terroristas.

“El objetivo final es debilitar las estructuras del Estado y alcanzar el control de centros de poder para imponer su agenda política y socavar la democracia del país”, cita el informe.

La publicación de este informe coincide con otros graves hechos como la declaratoria del paro armado indefinido del Frente de Guerra Occidental (FGOR) del ELN en Chocó, que como los reveló EL COLOMBIANO, revivió los fantasmas sobre la posible aparición de disidencias en esos diálogos de paz.

Pero según las autoridades militares, el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez (FGOC) como el Oriental Manuel Vásquez (FGOR) podrían no estar de acuerdo con un acuerdo final con el Gobierno.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ya llamó la atención sobre este posible riesgo y dijo que si estos dos frentes no se vinculan de manera directa y activa a los diálogos, es posible que se conviertan “en génesis de futuras disidencias, lo que tendría como consecuencia nefasta el prolongamiento del conflicto armado en los dos departamentos”.

La formación de nuevas estructuras guerrilleras independientes traería consecuencias sociales y de orden público muy delicadas, teniendo en cuenta la incidencia que tienen en amplias zonas del sur de Chocó, con tentáculos en Valle del Cauca y Risaralda, y a sus negocios de narcotráfico transnacional, minería de oro, secuestro, extorsión y control social.

De acuerdo con fuentes policiales, el paro que empezó a regir el pasado 10 de febrero es una estrategia del FGOC para sacudirse de la asfixia territorial a la cual lo tiene sometido el frente San Juan del Clan del Golfo, que lleva varios meses en una ofensiva sostenida.

Hasta ahora, sin embargo, el Comando Central (Coce) del ELN ha negado que dentro de la organización haya divisiones internas.

Antes las acciones militares ilegales realizadas en los últimos días, como el paro armado en el Chocó por el ELN, el alto comisionado de paz, Otty Patiño, emitió un comunicado en el que señaló que puede ser considerado como una acto de “deslealtad” teniendo en cuenta los acuerdos pactados en el último ciclo de conversaciones en La Habana.

“Amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”, señaló Patiño.

Para el alto comisionado, el cese al fuego no puede ser usado como un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población, por lo que le pidió a la Fuerza Pública actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos”.

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