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Dos visiones de gobierno desde la Independencia

  • ILUSTRACIÓN RICARDO MACÍA
    ILUSTRACIÓN RICARDO MACÍA
Por Jorge Orlando Melo* | Publicado el 06 de agosto de 2019

Varias décadas pasaron antes de que la forma de gobierno de la Nueva Granada estuviera definida,

hasta que se impusieron las regiones.

La Nueva Granada nunca formó una unidad económica, administrativa o cultural. Los españoles encontraron centenares de culturas indígenas, con idiomas distintos y economías casi autosuficientes. Convivían las culturas del maíz, de la papa y de la yuca, y nada se parecía a los imperios de Perú o México, unidos por caminos, autoridad y comercio. Y los conquistadores siguieron el patrón preexistente: fundaron ciudades en las regiones de la costa o del interior, pero sin grandes vínculos entre ellas. Cada gran ciudad (Bogotá, Cartagena, Socorro, Santafé de Antioquia, Popayán, Pasto, Tunja, Pamplona) tenía un entorno económico que la alimentaba, sus minas, su comercio o sus cultivos; unos propietarios que mandaban en los cabildos y un gran orgullo que las enfrentaba a Santafé, la capital, y a las poblaciones menores de la región, sobre todo si eran “villas” como Medellín, Cali, Vélez, San Gil, Valledupar o Mompox. El único factor de unidad era el gobierno español: en Santafé la audiencia aplicaba justicia a todos, aunque no tenía jurisdicción sobre Popayán, Caracas o Quito. El Virrey gobernaba y ejercía el mando militar en todo el espacio de la audiencia, incluyendo a Quito, y Caracas era, de hecho, independiente, pues lo gobernaba un capitán general.

Por eso, cuando los notables de Santafé, Cartagena o Antioquia se encontraron de repente con la desaparición del poder español, cuando vieron las “autoridades extinguidas en la capital del Reino”, no veían qué gobierno podía haber por encima de sus provincias o ciudades y formaron, como en España, Juntas Supremas de Gobierno Autónomo provincial. Así se hizo en Cartagena, Pamplona, Cali o Socorro antes de que el 20 de julio, en Bogotá, formaran también una Junta que tenía la pretensión de tener algo de autoridad sobre las otras ciudades. ¿Pero en ese caso, quién tiene autoridad?

Si en Bogotá el virrey, la autoridad real, se extingue y se forma una junta impulsada por el cabildo, que es un poder local, ¿tiene autoridad sobre Cartagena o Antioquia? La respuesta de las otras provincias es que no: si el gobierno español ha caído, todos hemos recuperado la soberanía, el derecho del pueblo y de los pueblos a gobernar, y ese derecho es igual en Cartagena y Bogotá: no hay preeminencia de Bogotá, que la tenía porque era capital del virreinato, y el virrey está preso. ¿Qué puede entonces alegar Bogotá?

La Junta de Bogotá es especial: en esta ciudad estudiaban los notables de todo el país, y los abogados, Torres o Acevedo, que orientaron la toma del poder (que el pueblo ha asumido nominalmente, en todas las ciudades, por la desaparición de la soberanía del Rey), son de todas partes. Los santafereños son minoría y los del Socorro, Charalá, Cúcuta, Popayán y Cali son más. Esto explica por qué la nueva Junta, según el acta del 20 de Julio, trató de defender los dos argumentos: asumió “el Gobierno Supremo de este Reino interinamente” y convocó, para dar base legal firme a su poder, a un Congreso de las Provincias, para que mandaran sus diputados, para formar un gobierno “sobre las bases de libertad e independencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema federativo, cuya representación deberá residir en esta capital, para que velara por la seguridad de la Nueva Granada”. Las Provincias, sobre todo Cartagena y Antioquia, no se sintieron tranquilas con la idea, a pesar de que en la promesa de un sistema federal, que respete la “independencia” de las provincias, se advierte la influencia de payaneses y socorranos (la Junta no tenía antioqueños ni cartageneros de nacimiento). Santafé pretendía definir las reglas de las elecciones, y esto iba a abrir el problema de las ciudades secundarias, como Mompox o Sogamoso.

Y así, desde el acta y la convocatoria al congreso federal, quedaron sembradas las semillas del conflicto principal que vivió Colombia en el siglo XIX: ¿Cómo establecer un gobierno central sobre una asociación de provincias, estados o departamentos que querían ser “independientes” al menos en lo que no tuviera que ver con la guerra y las relaciones externas? y ¿Cómo hacer que este gobierno no fuera visto como imposición bogotana?. Por eso, en todo el siglo XIX prácticamente ningún bogotano fue elegido presidente: siempre se unieron las provincias para elegir payaneses o santandereanos, tolimenses o antioqueños, así fueran de adopción como Mariano Ospina Rodríguez, un sabanero de Guasca. Los primeros presidentes bogotanos los impuso un costeño, don Rafael Núñez, y fueron Miguel Antonio Caro y José Manuel Marroquín, que le ayudaron a tratar de crear por fin una “nación”, un país con una cultura común, católica, hispánica, blanca, autoritaria y jerárquica, que después los antioqueños ayudaron a despedazar desde 1910.

Guerras civiles, conflictos y decenas de constituciones (Antioquia conservadora apoyó una constitución federal en 1858) trataron de resolver este problema, que finalmente encontró una respuesta razonable en la carta de 1991, con sus gobiernos locales elegidos, sus transferencias presupuestales y el reconocimiento de que no hay una “cultura común”, sino muchas culturas. La diversidad se impuso al fin sobre la unidad y la identidad, y Colombia, sin adoptar el régimen “federal” prometido en 1810, logró lo que las provincias querían: un país de regiones .

*Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional,
magister en Historia de Latinoamérica de la Universidad de Carolina
del Norte, y con estudios de Historia Latinoamericana de Oxford.


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