El Gobierno tiene listo el borrador del proyecto de ley con el que busca dar un último impulso a su política de Paz Total y al sometimiento de grupos armados, en el tramo final del actual mandato. Ante el panorama político y los tiempos legislativos, la iniciativa deberá comenzar su ejecución de forma exprés, si es aprobada, pues de lo contrario no alcanzará a implementarse antes del cierre del Gobierno.
El encargado de liderar esta propuesta es el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien presentará el documento este viernes 18 de julio ante el Consejo Superior de Política Criminal. Este órgano está conformado por la fiscal general, el defensor del Pueblo, el procurador general, el director de la Policía, entre otros altos funcionarios del Estado.
Montealegre señaló que el proyecto, ya objeto de múltiples comentarios debido a su filtración anticipada, se encuentra aún en etapa de ajustes y quedará sujeto a las observaciones y recomendaciones que hagan los miembros del Consejo.
La iniciativa busca el desarme colectivo de las estructuras de crimen organizado de carácter no político que participan en las mesas de “paz total”, y contempla varios beneficios jurídicos, como la posibilidad de pagar penas en prisiones de mínima seguridad o salir de la cárcel si ya se han cumplido entre cinco y ocho años de condena.
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Según el borrador, aquellos cabecillas de grupos que cumplan con los requisitos de entrega de armas, cese de actividades delictivas y cooperación judicial, recibirían sentencias de cinco a ocho años de prisión. Sin embargo, si ya están presos y han cumplido ese tiempo, podrían solicitar libertad condicional, incluso si les restaban más años por cumplir bajo la justicia ordinaria.
Sobre el enfoque del proyecto, el ministro Montealegre explicó en diálogo con W Radio cómo se pretende aplicar el régimen de beneficios según el tipo de actor que se someta: desde estructuras armadas y organizaciones criminales, hasta manifestantes u otros involucrados, todo ello sin afectar los principios de la justicia universal en Colombia. Afirmó que el modelo contempla la desaparición de la ley de Justicia y Paz.
“Hubo un consenso generalizado en todas las consultas que hemos hecho hasta este momento, y es la de que no debe mantenerse más el modelo de justicia transicional de la ley de Justicia y Paz, sino que ese modelo de justicia y paz debe tener un cierre, y para hacer un cierre, lo que hay que hacer es agilizar los procesos que ya existen. para lograr ese cierre, van a crear unos mecanismos que hagan más ágil ese procedimiento. Entonces, no estamos creando una nueva jurisdicción de paz. Aquí, ¿Cómo va a funcionar el modelo? El modelo ya se trate de personas responsables, o se trate del crimen organizado de alto impacto, todo se hará dentro del modelo del actual sistema acusatorio”, explicó.
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La nueva ley, dijo el ministro, tiene como eje central la imputación a estructuras delictivas como tales, no solo a sus miembros individuales, alineándose con estándares del derecho penal internacional.
“Está muy cifrado en la imputación a organizaciones y el desmantelamiento de organizaciones. En el mundo actual, tanto en el derecho penal internacional como en las categorías de la moderna teoría del delito, se habla mucho de los delitos de organización. A tal punto que, por ejemplo, en el derecho penal internacional, especialmente en la doctrina alemana, se habla de un criterio de doble imputación que implica que no sólo se imputa individualmente al autor o partícipe de un delito, sino que también se imputa a organizaciones”.
Montealegre también se refirió al tipo de ley que debería tramitarse en el Congreso para este modelo de sometimiento. Aunque en el pasado los principales desarrollos de los Acuerdos de La Habana se hicieron por ley estatutaria, advirtió que no siempre este tipo de norma es indispensable.
“Todos los desarrollos de los acuerdos de La Habana, los principales desarrollos, se hicieron por ley estatutaria, pero debemos tener en cuenta que la ley estatutaria no siempre es necesaria. Voy a poner como ejemplo lo que sucedió con la ley de Justicia y Paz. La ley de Justicia y Paz, presentada hace ya casi cerca de veinte años, fue un modelo de justicia transicional muy importante para el país: se lograron desmovilizar más de veinte mil paramilitares, se lograron disminuir sensiblemente las graves violaciones masivas a los derechos humanos, y esa ley fue una ley ordinaria”.
Asimismo, el ministro aclaró que el proyecto no busca otorgar beneficios políticos o jurídicos a delincuentes comunes ni a actores que no hacen parte de un conflicto armado formal. Se refirió específicamente a los cuestionamientos surgidos en torno a figuras visibles del crimen urbano, particularmente tras la polémica generada por eventos públicos recientes.
“Ellos no van a tener nunca el tratamiento de delincuente político. Tampoco van a tener el tratamiento que da el derecho internacional humanitario cuando se trata de actores del conflicto armado. El caso, por ejemplo, de la paz urbana de Medellín se someterá a un régimen totalmente distinto. No es un régimen de justicia transicional, no es un régimen de alternatividad penal. Ellos serán objeto de una política de sometimiento”, concluyó.
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