Ayer lunes 28 marzo fue el último día de la administración de Eduardo Montealegre Lynett en la Fiscalía General de la Nación. Desde este martes la entidad quedará a cargo de Jorge Fernando Perdomo, actual vicefiscal, mientras el presidente de la República, Juan Manuel Santos, envía una terna a la Corte Suprema de Justicia para escoger un sucesor.
En su último día como fiscal, Montealegre radicó un proyecto de ley que tiene el fin de despenalizar el aborto hasta los seis meses de embarazo, un aumento a los tres casos excepcionales en los que la Corte Constitucional permite el aborto en Colombia.
Además, también radicó en la Corte Constitucional una demanda contra parte de los acuerdos previos a los que llegaron el Gobierno y las Farc, para iniciar con los diálogos de paz en 2012. El Fiscal pidió que los acuerdos finales de la Habana sean considerados como tratados de paz.
En su administración, que inició el 29 de marzo de 2012, Montealegre no estuvo exento de polémicas y confrontaciones políticas, las más fuertes sostenidas con el partido Centro Democrático y el expresidente de la República Álvaro Uribe, quien calificó a Montealegre como “un político lleno de rabia con capacidad de meter a la cárcel”.
Lee aquí: Las polémicas del fiscal Eduardo Montealegre
La confrontación entre el Centro Democrático y la Fiscalía aumentó cuando agentes del CTI capturaron al hermano del senador Álvaro Uribe, el ganadero Santiago Uribe, hecho que fue calificado por los integrantes de ese partido, como una medida de “persecución política”, ante lo cual solicitaron medidas Cautelares ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otra parte, las confrontaciones de Montealegre también tuvieron como protagonista a la excontralora General de la República, Sandra Morelli, quien estuvo en medio de una polémica por el contrato de arrendamiento del edificio que la exfuncionaria usó como sede de la entidad, en el Centro Comercial Gran Estación. Por este caso Morelli fue acusada por la Fiscalía, luego de un cruce de declaraciones sobre las presuntas irregularidades en la EPS SaludCoop.
Otra de las polémicas de Montealegre radicó en las contratos con consultores externos, especialmente con la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, por más de cuatro mil millones de pesos, contratación que es investigada por el propio ente acusador, situación ante la cual el entonces Fiscal manifestó estar “tranquilo”.
Incluso, la analista y contratista del ente acusador Natalia Springer, fue condecorada por el fiscal por su contribución a las investigaciones que se adelantan en la entidad. La distinción a Springer se le entregó en la ceremonia de los premios Low Murtra.
Por otra parte, en 2012 la Fiscalía le ofreció disculpas públicas al exsecuestrado Sigifredo López, luego de iniciar una investigación contra el exdiputado por presuntamente haber participado en el secuestro y muerte de sus once compañeros de cautiverio; desde ese proceso, se iniciaron varias investigaciones por la conformación de un ‘cartel de falsos testigos’.
Finalmente, entre otras de las disputas y polémicas de Montealegre durante sus cuatro años al frente del despaco fueron los constantes desacuerdos con el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, que generalmente radicaron en discrepancias sobre el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, pues mientras Ordóñez está en contra de la forma como se están adelantando los acuerdos en la mesa, Montealegre fue un férreo defensor de los diálogos.
Lee aquí: La “novela” que se viene para elegir nuevo Fiscal General
El pulso de la gestión de Montealegre no terminará con su periodo pues sus posiciones jurídicas seguirán en estudio en la Corte Constitucional en dos frentes. Una, con la demanda que presentó en contra de la Reforma de Equilibrio de Poderes; y con su posición en el marco del debate del Plebiscito por la Paz según la cuál los acuerdos alcanzados con las Farc en Cuba no tienen que ser sometidos a consulta popular.
Los retos del ente acusador
Por el momento, Jorge Perdomo deberá asumir la Fiscalía en un momento crucial pues la negociación en La Habana se ha prolongado más de lo estimado inicialmente, y adicionalmente, se han generado algunos choques políticos con el uribismo tras la captura de Santiago Uribe.
Quien asuma el cargo, como titular o como encargado, tendrá tareas mayores de inmediato. Este año la Fiscalía tendrá que acompañar la creación del Tribunal Especial para la Paz, en caso de una eventual firma del proceso con las Farc, en La Habana (Cuba).
Según datos oficiales consultados en la Fiscalía, tan solo contra civiles hay más de 1500 investigaciones que estarían enmarcadas dentro del conflicto armado. Este tipo de procesos tendrían que ser puestos en conocimiento del Tribunal Especial, en caso de que los involucrados deseen someterse a este tipo de justicia.
Igualmente, a integrantes de las Farc la Fiscalía les adelanta once mil procesos por diferentes delitos, los cuales también serían puestos en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y si la guerrilla del ELN decide firmar en el mismo o en otro proceso, podrían sus miembros también someterse a este tipo de justicia, el ente acusador tendría que compulsar copias por más de 15 mil procesos adicionales.
Por otra parte, la Fiscalía tendrá que resolver procesos de relevancia nacional como, el caso contra el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Bedoya; la presunta relación de Santiago Uribe con paramilitarismo; la señalada red de prostitución masculina dentro de la Policía Nacional; otras denuncias contra el general en retiro de ese cuerpo Rodolfo Palomino y el proceso por acoso sexual y maltrato laboral contra el exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.
