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Aunque la Corte Suprema de Justicia le ordenó el pasado martes 22 de septiembre al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que pidiera perdón por “los excesos de la Fuerza Pública”, el ministro justo ayer, faltando media hora para que se le venciera el plazo de 48 horas, dijo que él ya había pedido perdón y trajo al presente una declaración suya del 11 de septiembre, es decir, 12 días antes de que la Corte se lo hubiera ordenado.
“Con ocasión de la sentencia de tutela STC7641 del 22 de septiembre de 2020, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Defensa se permite reiterar a la opinión pública que el 11 de septiembre de 2020, el ministro de Defensa, en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido”, agregó que: “la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”, dice el primer punto del documento.
La cartera reiteró que le corresponderá a las autoridades judiciales y disciplinarias determinar las responsabilidades en cada caso individual. “El Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa han prestado y seguirán prestando todo su apoyo a estas autoridades y están atentos a los resultados de las investigaciones que se encuentran en curso”.
Cabe mencionar que el ministro recibió la orden luego de que el alto tribunal decidiera la apelación de una acción de tutela que dejó ver que existían “problemas serios” frente a la protesta pacífica, entre otras cosas, por el actuar del Esmad.
El alto tribunal halló que la unidad policial tiene “incapacidad” a la hora de mantener una postura neutral frente a las manifestaciones de las personas y sus garantías a la libertad de expresión. Además, llamó la atención sobre los estereotipos arraigados contra quienes disienten de las políticas del Gobierno Nacional.
El miércoles la Procuraduría, en un comunicado, dejó claro que las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan. “Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema es incurrir en desacato”.
Para el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, “al ser esta decisión un fallo de segunda instancia, no cabe impugnación de esa sentencia. El fallo está en firme y lo que procede es el inmediato cumplimiento”.
Respecto de lo que hará la Corte Constitucional para responder a la impugnación solicitada por el Gobierno, el exmagistrado aseguró que el alto tribunal goza de discrecionalidad para resolver si selecciona o no el caso. “Debemos ser claros en que el hecho que se solicite la selección en la Corte, no significa que se suspenda las órdenes que impartió la Corte Suprema”, dijo.
Las opciones para el Gobierno eran reducidas. Como explicó el exmagistrado, de no haber cumplido con la orden, Trujillo se habría visto en riesgo de una sanción de hasta seis meses de arresto y una multa económica. Además, habría dejado la sensación de que “estamos ante un Estado que no es de derecho, sino el de una dictadura”.
Más allá de los efectos judiciales, el politólogo Diego Cediel señala que el fallo debe ser entendido desde dos dimensiones. Sobre la primera explicó que “obliga al Estado a reconocer una serie de responsabilidades, a propósito de cómo se enfrentó la protesta social” y de la segunda señaló que es “una serie de exigencias, requisitos y solicitudes por parte de otro órgano del poder público”, como es la Corte Suprema,
Profundizando en el primer punto, indicó que “la protesta derivó en una serie de comportamientos y conductas vandálicas que la opacaron, pero aún así el Gobierno, para la Corte Suprema de Justicia, tiene que entender que no puede haber una dicotomía de amigo-enemigo, de que quien protesta es enemigo del Estado, cuando puede ser una demostración de un no funcionamiento democrático”.
Para Cediel, el quid del asunto radica en que el Gobierno más allá de acatar la orden, como dijo el ministro Trujillo que ya había hecho desde el 11 de septiembre, tiene qué explicar por qué actuó de cierta manera. Concluye que el legislativo debe insistir en que no habrá una prohibición ni una regulación de la protesta social, pero sí que “debe mantener el orden a través de los mecanismos legales”.