Faltan 188 días para las elecciones regionales de octubre y los altos índices de inscripción de cédulas en municipios ya hicieron que tanto la Procuraduría como la Misión de Observación Electoral (MOE) emitieran alertas sobre el riesgo de trashumancia electoral: el delito por el que aparecen votantes móviles en zonas con escasa población.
Es más, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es la entidad que monitorea esas cifras, ya están pensando si antes de los comicios tendrán que revisar uno a uno los documentos inscritos para cancelar algunas inscripciones, tal como sucedió en 2022 antes de las presidenciales.
Para la muestra, el caso de La Jagua del Pilar en La Guajira. Ese municipio colinda con Valledupar y, a pesar de que tiene 2.595 habitantes en edad para sufragar, en cuestión de cinco meses han aparecido inscritas 502 cédulas para votar este año en ese lugar.
Fue justamente en ese departamento donde para los comicios legislativos de 2022 aparecieron carteles del conservador Carlos Andrés Trujillo pegados de las rancherías. Allá mismo el Consejo de Estado terminó destituyendo al gobernador electo en 2019, el otro conservador Nemesio Roys Garzón, porque incurrió en doble militancia para esa contienda.
Desde la salida del poder de Roys Garzón en julio de 2022 el departamento ha tenido otros tres gobernadores encargados, lo que deja ver un claro contexto de inestabilidad. Y en un escenario político movedizo, empiezan a llover los nombres de aspirantes.
Allá el conservador y actual concejal de Maicao Jimmy Boscón está buscando la Gobernación; también Jairo Aguilar Deluque, quien es cercano al senador del Partido de La U Alfredo Deluque y se ha desempeñado como alcalde encargado de tres municipios. Todo un rostro conocido en esa punta del país.
Otro en el que el riesgo de trashumancia está por las nubes es Puerto Gaitán, en Meta. Si bien ese municipio tiene unos 41.009 habitantes, de los que apenas 26.533 son población adulta habilitada para votar, allá se han inscrito 4.992 cédulas: es como si la quinta parte de la población que vota hubiera tenido que reescribir su documento de identificación.
En ese municipio es alcalde por el Liberal Jorge Plazas Hernández y tiene la coyuntura de que está inmerso en una zona petrolera y de conflicto, al nivel que 2 de las 30 masacres que se han presentado este año en el país se registraron allá, según el monitoreo de Indepaz.
Si se mira el Meta, uno de los más sonados en la aspiración por la Gobernaciónes Fernando Rivera, cuota del actual gobernador Juan Guillermo Zuluaga del Partido de la U. Allá se perfila una puja de viejos conocidos porque la exgobernadora liberal, Marcela Amaya, repetirá su aspiración.
La cuestión del Meta es que pone otro municipio del top cinco con más riesgo electoral: Cabuyaro. Allá apenas hay 6.338 pobladores de los que 4.275 tienen edad de elegir, pero han aparecido 436 inscritos par sufragar en octubre: la novena parte del censo total. En un pueblo pequeño ese número de habitantes puede voltear una elección de alcalde.
La misma MOE envió una alerta sobre ese caso porque tanto Puerto Gaitán como Cabuyaro han repetido el patrón de trashumancia en comicios nacionales y regionales. ¿Ese trasteo de votantes está relacionado con la migración por empleo en el sector petróleo o una mano política? Es tarea de las autoridades determinarlo, pero las reiteradas alertas de 2023, 2022 y 2019 muestran que las cuentas de las urnas no cuadran.
Hay dos más en la mira: Paya (Boyacá) y Juradó (Chocó). En el primero apenas hay 1.721 personas habilitadas para votar y se han inscrito 188 nuevos sufragantes; en el segundo, la proporción es de 4.000 versus 354, números que dejan ver una suspicaz brecha entre la población electoral normal y los votantes móviles que están apareciendo en pleno año electoral.
