viernes
3 y 2
3 y 2
Juan José Laverde, uno de los investigados por el escándalo del polémico contrato entre Centros Poblados y el Ministerio TIC, aseguró que el condenado empresario Emilio Tapia le habría girado dineros a un funcionario de esa cartera con el fin de obtener beneficios.
Se trata de Iván Mantilla, quien fue viceministro de Conectividad y Digitalización hasta febrero de este año, poco después de que se hubiera entregado el contrato por $1,07 billones que –a día de hoy– tiene los $70.000 millones del anticipo perdidos.
En interrogatorio ante la Fiscalía, Laverde, quien fue representante legal de Rave Seguros y es señalado de ayudar a tramitar la póliza del contrato, manifestó que Tapia “sí me confirmó es que le habían girado unos recursos, que él me confirmó pocos, al viceministro Iván Mantilla”.
EL COLOMBIANO habló con Hernán Miranda, abogado de Laverde, quien aseguró que su defendido, en efecto, hizo unas declaraciones el 20 de agosto pasado, cuando estaba en libertad.
Pero en sus declaraciones no solo aparece el nombre del exviceministro. También habló de Karen Abudinen, quien estuvo al frente de esa cartera cuando estalló el escándalo. Laverde dijo que Tapia supuestamente escuchó una conversación con la ministra “en la cual ella no iba a hacer caso a nada distinto a llevar la caducidad del contrato”.
La respuesta de Abudinen se dio a través de Twitter en la tarde de este jueves. Dijo que el país necesita conocer la verdad judicial para que caigan los responsables de este entramado corrupto. Según su versión, mientras estuvo al frente de esa cartera se la jugó “toda por proteger el patrimonio público al caducar el contrato”.
Por otro lado, Laverde le dijo al ente investigador que el contratista –señalado de ser el cerebro del escándalo de Centros Poblados–, mencionó a más funcionarios públicos de alto nivel que supuestamente habrían ayudado a torcer el proceso.
A través de ellos, según Laverde, se buscó que el contrato no se caducara. El plan de Tapia, agregó, era conseguir ese objetivo por medio de la figura de “la autoincriminación de la responsabilidad en la garantía a cargo de Intec de la Costa, una de las cuatro empresas que se unieron para conformar Centros Poblados.
El ventilador en la Fiscalía
El interrogatorio de Laverde en el ente investigador no es el único dentro del caso. En los últimos días, el contratista Emilio Tapia ha ido dos veces al búnker de la Fiscalía a revelar nombres de más personas que habrían ayudado a tramitar las pólizas. Incluso, habló de políticos que habrían influido en el caso.
Por ahora, Laverde, Tapia y el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, son quienes se encuentran privados de la libertad a la espera de que avancen las investigaciones en su contra.
En el caso de Laverde, este recibió la detención domiciliaria por parte de un juez, al encontrar que no había pruebas para tenerlo en una cárcel.
Entre tanto, en declaraciones públicas, el exviceministro Mantilla negó en la noche de este jueves las acusaciones de Laverde. De hecho, enfatizó que nunca ha recibido un solo soborno.