Las amenazas a los personeros colombianos no cesan y al menos 200 de ellos han denunciado intimidaciones de grupos armados ilegales en los dos últimos años. Chocó es la región con más riesgos para ellos.
Un caso reciente es el de Jaiber Mosquera, personero del municipio del Alto Baudó, quien desde octubre del año pasado ejerce su cargo desde Quibdó con un chaleco antibalas y un celular como medidas de seguridad.
Su salida obligada de su municipio fue forzada luego de que hombres armados lo amenazaron con arma de fuego. Según Mosquera, aunque no se identificaron, desde mediados de 2014, empezó a recibir cartas en las que le pedían salir del municipio o de lo contrario atentarían contra su vida.
Aunque las presiones contra los personeros en la zona para que no denuncien las violaciones de derechos humanos son de viaja data por la presencia de guerrillas y paramilitares, estas aumentaron tras las disputas entre el Eln y la banda criminal Autodefensas Gaitanistas.
Al personero del Alto Baudó le preocupan “las comunidades afrodescendientes e indígenas afectadas por desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento de menores”.
Ambos grupos ilegales se volvieron a enfrentar en los últimos días por dominio territorial, extorsiones a la minería legal e ilegal y narcotráfico. Como consecuencia, más de 110 familias afrodescendientes e indígenas están confinadas en el Bajo Baudó.
La compleja situación la confirma Andrés Santamaría, presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), quien reitera que desde el año pasado al menos 15 de los 30 personeros de Chocó han denunciado en algún momento amenazas.
“No es la única, pero sí la región con más riesgos para ejercer la labor de atender las denuncias de víctimas y el acompañamiento a las comunidades que sufren múltiples violaciones de derechos”, indicó Santamaría.
El presidente de Fenalper agrega que “es evidente que Chocó tiene zonas apartadas con un control de grupos ilegales donde los personeros son abordados y amenazados”, al tiempo que advierte que la situación se complica porque son las “personerías las que atienden la mayoría de solicitudes de restitución de tierras en zonas conflictivas”.
El año pasado, la Defensoría del Pueblo solicitó la protección para el alcalde y el personero de Bahía Solano, amenazados por “los “Urabeños” por sus denuncias sobre narcotráfico.
A pesar del riesgo, Fenalper cuestiona las demoras para los estudios de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección.
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