La exfiscal y actual senadora, Viviane Morales habló sobre los polémicos contratos de Natalia Springer con la Fiscalía General de la Nación, afirmando que en su época jamás se dieron contratos de este tipo, además defendió a capa y espada las 18 observaciones hechas por el equipo de Alejandro Ramelli, exjefe de la Unidad de Análisis y Contexto.
¿El estudio que hizo Natalia Springer no lo podía hacer ningún investigador en la Fiscalía?
“Lo primero es que no conocemos lo que hizo Natalia Springer. El estudio no ha sido publicado, no se ha dado a conocer. Yo le creo a los funcionarios de la Fiscalía que le presentaron 18 observaciones y que dijeron que su estudio no aportaba en nada. Los estudios de contexto de macrocriminalidad ya se venían haciendo en la Fiscalía desde la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Ya nos había ayudado el Gobierno alemán en una capacitación a los fiscales. Yo creo que en la Fiscalía si había suficiente personal para hacer análisis de contexto. Creo que están tratando de tomar por tonta a la opinión pública con una serie de términos. Yo particularmente creería que no es justificado un contrato tan abultado, cuando la Fiscalía tiene gente muy buena para investigaciones, y más ahora que se amplió la planta y se crearon cargos con sueldos altísimos”.
¿En su tiempo en la Fiscalía manejaban esa cantidad de asesorías externas?
“En la Fiscalía nunca se manejó una contratación externa de esa índole. De verdad, para mi despacho solamente contraté a una persona especialista en litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que en ese momento no había ningún profesional con ese perfil en la Fiscalía. Pero fue un contrato absolutamente ponderado, un contrato de 7 millones y medio mensuales, por una asesoría de una persona supremamente calificada que nos brindó ese apoyo. A mí me parece que una entidad que tiene 25.000 funcionarios no puede decir que no encuentra dentro de su planta personas con la calificación suficiente para desempeñar las tareas que tiene a su cargo la Fiscalía General de la Nación”.
¿Podrían ser necesarias todas estas asesorías para acelerar temas como el proceso de paz?
“No. Es que en Justicia y Paz hay una cantidad de fiscales especializados ya en la investigación de los crímenes del conflicto armado en Colombia. Esos fiscales han tenido ya nueve años trabajando con este tema. El contexto era mucho más difícil y complejo cuando se asumía el tema de Justicia y Paz, porque el fenómeno del paramilitarismo no había sido tomado en cuenta de una manera de contexto, por parte de las autoridades judiciales. El fenómeno del paramilitarismo era el que sí necesitaba una elaboración de contexto, porque habían muchos sectores sociales que estuvieron implicados, que colaboraron, financiaron y permitieron el paramilitarismo. Y eso fue lo que se hizo durante esos años con el estudio de contexto de Justicia y Paz. Ese es un conocimiento que ya se tiene en la Fiscalía y que precisamente es la base de lo que se va a hacer para la justicia transicional en el tema del conflicto y la negociación con las Farc”.
Usted dice que le cree a Alejandro Ramelli y su equipo sobre las observaciones hechas al estudio de Springer. Pero dice ella que Ramelli siempre truncó sus indagaciones.
“Yo leo un informe de un funcionario público escrito. Es un funcionario que a diferencia de la señora Springer si tenía una serie de controles disciplinarios, fiscales, porque era un funcionario público. Yo le creo a ese documento público que da la unidad del señor Ramelli. De Springer no conozco el contrato, los resultados de su investigación. Tengo entendido que incluso tomó el trabajo que ya había hecho una entidad como Cifras y Conceptos, una encuestadora reconocida en Colombia, sobre el secuestro. Ella tomó las bases de datos de esta entidad y eso fue en gran parte lo que presentó para el primer trabajo de la Fiscalía”.
¿Qué diferencia hay en lo que hizo Springer y todo el escándalo que se desató con los contratos del Fondo Especial para la Paz que involucró a políticos, líderes de opinión y medios de comunicación?
“Me encanta que ponga el tema, porque es de ética pública. A mí sí me parece que si un periodista reivindica tanto el libre ejercicio de su profesión, porque se considera que el periodismo es un pilar para la democracia, yo creo que los periodistas también deberían tener claro el tema de conflicto de intereses. A mí me parece que no puede haber periodistas a sueldo. Es decir que están en un medio dando información y por debajo sin que el país lo conozca que tienen contratos con entidades y dan conceptos y le hablan a la opinión sobre la entidad de la cual también reciben contratos. Eso me parece que es falto de ética. Si un periodista está haciendo asesorías a una entidad y por eso está recibiendo algo, no debería como periodista pronunciarse sobre esa entidad o por lo menos hacérselo conocer a la opinión pública. Porque el periodista tiene la presunción por parte de la opinión pública que está haciendo un informe objetivo. Y me parece que eso si debería ir a fondo sobre periodistas que ejercen las dos condiciones. Son contratistas del Estado y del otro lado salen a ser o bien críticos o bien aduladores de los funcionarios que los contratan”.
¿Si usted estuviera en una situación similar pagaría el contrato de Springer así su Unidad de Análisis y Contexto le recomendará no hacerlo?
“No. Porque hay una interventoría, unas normas de transparencia y si hay observaciones hasta que no estén superadas no se debería haber pagado el contrato”.
¿Cree como algunos que el acoso contra Springer se debe a que sus investigaciones tocan fibras de los que ella llama los mentirosos de siempre. Es decir, políticos y empresarios vinculados al paramilitarismo?
“En este país desafortunadamente, casi que siempre que hay investigaciones de ese nivel les gusta salir con las teorías de las conspiraciones. Yo creo que aquí el debate es que hay unos contratos supremamente costosos que se hicieron a dedo, de manera personal y que el país no ha conocido los resultados de estos contratos. Pero lo que sí se ha conocido es enjuiciamientos u observaciones sobre esa contratación. Yo creo que nos debemos limitar al hecho de que no hay unos resultados concretos y que no se puede decir que estos son materia de seguridad pública y que no las puede conocer el país. Entonces no se puede salir a decir que hay conspiraciones y que se les quiere entrabar el ejercicio de sus contratos porque pueden ir en contra de ciertas personas. Me parece que es una forma de salirse fácilmente y desviar la mirada de la opinión sobre lo que se tiene que darse una respuesta”.
¿Cree que investigaciones tan importantes como contra la guerrilla, el paramilitarismo y las bandas criminales las debe hacer una firma privada?
“No. Precisamente eso es lo delicado de hacer contratos sobre estos temas. El tema es que los fiscales manejan información reservada, investigaciones bajo reserva del sumario y a mí me parece muy delicado saber hasta qué punto y que información se dio a una empresa privada que debe tener por supuesto cláusulas de confidencialidad, pero que me parece se sale de las competencias que tiene la Fiscalía y de la protección de la reserva que deben tener las investigaciones de esta”.
¿Ustedes en el Senado están preparando algún tipo de debate de control a esos contratos de Springer y la Fiscalía?
“Se está mirando en la Comisión Primera hacer una investigación, eso fue aprobado la semana pasada sobre los particulares que contrataron y sobre ciertos contratos en especial que celebró la Fiscalía”.
