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Carmen Ligia Valderrama Rojas es abogada y magíster en derecho empresarial. Completa una trayectoría de más de 20 años en cargos públicos y fue posesionada como nueva ministra de las TIC, el pasado 20 de octubre de 2021. Y con todo un reto por delante que toca con lo que pase en despachos judiciales.
En efecto, su llegada a esa cartera se dio en medio del escándalo por el contrato firmado entre dicho Ministerio y la Unión Temporal Centros Poblados, una polémica que le costó el puesto a la exministra Karen Abudinen, y que tiene en vilo 70.000 millones de pesos que entregó el Gobierno a manera de anticipo.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Valderrama advirtió que el Ministerio no sabe en dónde están los dineros que se le entregaron a Centros Poblados y que serán las autoridades, tanto Fiscalía como Contraloría, las encargadas de investigar su paradero.
La ministra también dio detalles del futuro del contrato, así como lo que espera ejecutar durante su paso por esa entidad. Reveló sus metas hasta agosto de 2022, fecha en la que terminará el Gobierno del presidente Iván Duque.
Hablemos del contrato con Centros Poblados. ¿Sigue en pie la decisión de Abudinen de caducarlo?
“Lo más importante será verificar desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero cuál es el paso a seguir y eso ya lo estamos haciendo. Todos los frentes son importantes. Desde el Ministerio no solo se debe buscar la respuesta a cómo se debe liquidar el contrato y cuál es el paso siguiente, sino ejecutar cuanto antes lo máximo posible. Todo para cumplir el objetivo principal, que es tener esas zonas digitales alrededor del país”.
Pero, ¿se sostiene
la decisión de
Abudinen de caducarlo?
“Sí, la decisión ya se tomó anteriormente. Pero hay que ver cuáles son los pasos siguientes. Seguramente, el que habrá que adoptar es el de la liquidación del contrato, el cómo liquidarlo es lo que estamos mirando, porque eso contiene unos detalles importantes”.
Se habló de cederle ese contrato a ETB para que lo termine. ¿Será así?
“Yo no lo sé decir, porque la decisión será producto de esa revisión rigurosa que estamos adelantando”.
“Pues la idea es resolver cuanto antes”.
¿Cuándo?
“Ni siquiera quiero ponerme un plazo, porque creo que, cuanto antes, mejor”.
¿El Ministerio recuperará ese anticipo de $70.000 millones?
“Hay que ver todos los frentes. En el caso de las autoridades de control, ellas están adelantando sus procesos correspondientes, y nosotros las estamos apoyando irrestrictamente en todo lo que necesitan para que se puedan rescatar esos dineros que quedaron allí comprometidos y que, sin duda alguna, necesitamos para poder ejecutar. En eso estamos”.
Si recuperar ese dinero no es 100 % responsabilidad de ustedes, ¿a qué entidad le toca mirar qué va a pasar con el anticipo?
“Aquí ya están de por medio los entes de control, como Fiscalía y Contraloría, y nosotros en lo que nos corresponda. Esa es una labor que al detalle se va a ir trabajando; entonces, hay que verificar porque, dependiendo de dónde se encuentren esos dineros y cómo se encuentren, actuará la autoridad correspondiente”