La Fiscalía General de la Nación anunció que investigará el escándalo por múltiples contratos con el Estado que fueron entregados a la esposa de un exasesor de la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República y mano derecha de Iván Duque, María Paula Correa.
Este escándalo surgió después de que se conoció que la esposa de Andrés Mauricio Mayorquín, quien hasta hace 48 horas fue asesor de Correa, tuvo más de 17 contratos con entidades del Estado que sumaban más de $1.200 millones.
Se trata de Karen Liseht Vaquiro, quien en enero de 2020 pescó un primer contrato con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) por $88 millones, con muy poca experiencia: 20 meses como gerente de oficina en el Banco de Bogotá y siete meses en Link Consultores SAS, un emprendimiento familiar.
Pese a eso, Vaquiro firmó 24 contratos con entidades como la Presidencia de la República, la Alcaldía de Bogotá, los ministerios de Cultura, Justicia y Deporte, la Presidencia del Senado, la Agencia de Desarrollo Rural, el Icetex, la Aeronáutica Civil.
En un comunicado, Correa explicó que Mayorquín le hacía seguimiento a los proyectos legislativos que la Presidencia promovía en el Congreso, y justo sobre este detalle es que se tejen suspicacias mayores, pues los contratos que firmaba su esposa justo caían en esa dirección: Karen Liseth debía vigilar los intereses legislativos de esas 17 entidades. Todo parece un cargo hecho a la medida.
Esta polémica situación ahora estará en manos de la Fiscalía General, que será la encargada de determinar si hubo irregularidades por parte del exfuncionario, y cómo hizo la mujer para acceder a los múltiples y millonarios contratos.
En ese sentido, el ente investigador tendrá que considerar los documentos de contratación que han sido revelados en las últimas horas, donde parece evidente que la pareja habría pasado por encima de los controles negando que estaban inhabilitados por un evidente conflicto de intereses.
Correa y Muñoz, a debate de control político
En diálogo con EL COLOMBIANO, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, aseguró que esta misma semana se solicitará la citación a la que también tendrá que acudir Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo Presidencia (Dapre).
“Tendremos que esperar a que se reanude el Congreso el 16 de marzo próximo, pero la solicitud la presentaremos esta misma semana. Así, el debate de control político a Correa y a Muñoz se agendará cuando volvamos a mediados de marzo”, explicó la congresista.
En esa línea, Miranda planteó que los altos funcionarios tendrán que acudir al Congreso a dar explicaciones porque “no es lógico que digan que había una investigación previa desde el mes de noviembre de 2021 frente a estos temas y ahora diga que lo desconocían totalmente”.
Frente al escándalo, la mano derecha de Duque se pronunció y aseguró que fue asaltada en su buena fe. “No la conocía, no sabía de los contratos. Me siento asaltada en mi buena fe, pero ya serán las autoridades las que determinen la conducta”, expuso.
Por su parte, la congresista aseguró que se trata de hechos de corrupción y mal uso de los recursos públicos en la Presidencia, y planteó que en el debate de control político en marzo se ventilarán otros casos de presunta entrega de contratos a funcionarios.
