Dos días antes de que se confirmara el primer caso por coronavirus en Colombia, el país conoció la existencia de unos audios de José Guillermo “Ñeñe” Hernández en los que, supuestamente, se hablaba de la entrada de dinero ilícito a la campaña de Iván Duque. Aunque generó una tormenta política por la gravedad de las acusaciones, el asunto poco a poco quedó en un segundo plano pues el Gobierno, y en general el país, se volcó en la atención a la pandemia.
El coronavirus, que aún copa las primeras planas en el país, también se sobrepuso a otro tema espinoso para el gobierno del Presidente: las declaraciones de la prófuga Aida Merlano en entrevista con Vicky Dávila, a quien dijo que “tenía pruebas” de que, para la segunda vuelta de 2018 –en la que se enfrentaron Duque y Gustavo Petro–, hubo compra de votos en la costa Caribe.
Tanto Duque como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez han insistido en que dichas acusaciones no son ciertas. “Ninguna práctica contra la limpieza en la participación electoral jamás la aceptaríamos ni Iván Duque ni yo por ningún motivo. Los dos estamos acá para transformar la política, no para cohonestar con tantas prácticas políticas sucias que en el pasado, desafortunadamente, han deteriorado la política y la confianza ciudadana”, dijo Ramírez.
Sin embargo, ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara hay dos denuncias en contra de Duque por ambos temas. En el caso de Merlano, por los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante y tráfico de votos. En cuanto a la “ñeñepolítica”, por omisión de información del aportante y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
El paso por la comisión
El asunto ha cobrado relevancia por las declaraciones de Edward Rodríguez, vicepresidente de la Comisión, en días pasado que señaló, criticando al representante David Racero –quien presentó las demandas–, que “no se puede politizar la justicia”. En diálogo con EL COLOMBIANO amplió su opinión e insistió en que no se puede presionar a la comisión.
“Esto no es sobre opiniones políticas sin acervo probatorio. Todos los casos están avanzando, pero primero hay que determinar si es viable o no una investigación, después se deben repartir a los representantes investigadores, quienes determinan si hay delito o no”.
El presidente de la Comisión, representante John Jairo Cárdenas, explicó a este medio que había dos puntos por los que el trabajo de la misma se ha visto afectado: primero, por el coronavirus que, como se sabe, retrasó el trabajo del Congreso por un mes y la imposibilidad de la comisión para contratar personal por falta de presupuesto.
Pero ahora, continúa Cárdenas, hay otro inconveniente: la falta de claridad sobre si es legal el actuar virtual del Congreso, aunque ya ajuste dos semanas sesionando así. “Carlos Cuenca, el presidente de la Cámara y miembro de la comisión, sostuvo la tesis de que nosotros no podíamos tomar ninguna decisión porque la ley 5 no autoriza sesiones virtuales, entonces si se tomaba una decisión incursaría en una irregularidad”, dijo.
Sin embargo, en entrevista con este medio, Racero manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las investigaciones no avancen. “Nos da tristeza tener que reconocer que toda esta crisis que tenemos por la pandemia haya hecho que este tema tan delicado se fuese de agache y creo que el tema judicial no lo veremos ahora, pero algo seguro saldrá. Y por otro lado, nos interesa que los colombianos tengan presente este debate para las elecciones de 2022”, aseveró.
Así, se plantea un panorama incierto en investigaciones que podrían resultar claves para el debate político, incluso, en los próximos años.
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demandas piden que Duque sea investigado por delitos electorales.
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