Un grupo de 98 excombatientes de las extintas Farc terminaron unidos en una acción de tutela que llegó a la Corte Constitucional y en la cual se le exige al Gobierno nacional mayores garantías de protección y seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz. Uno de los tutelante, Francisco Gamboa, le dijo a este diario que –desde 2016– van 285 exFarc asesinados, y que para no sumar más muertes, afirmó, es necesario potenciar sus esquemas de protección.
El caso lo tiene como ponente la magistrada Cristina Pardo, y llevó hace dos días al Gobierno –en calidad de tutelado– a despejar dudas ante el alto tribunal. La sesión se hizo de manera reservada, pero EL COLOMBIANO estableció que allí uno de los citados, el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, manifestó que la protección a excombatientes es una prioridad.
“Cada una de las instancias previstas en el Acuerdo incluyendo el de la protección de los firmantes, no solo se han implementado, sino que se han superado con acciones complementarias”, aseguró.
En un documento al que tuvo acceso EL COLOMBIANO y que elaboró la propia Corte, los exFarc aseguran que llevan dos años pidiendo esquemas de seguridad más robustos y que, incluso, han enfrentado riesgos colectivos en Guaviare, Nariño y Norte de Santander. Pero las quejas no paran ahí.
En efecto, otra petición es que se declare la existencia de un estado de cosas inconstitucional para que se implementen del todo la reforma rural integral prevista en el acuerdo de La Habana, al igual que el de participación política.
