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Exjefe de seguridad Francia Márquez, en la mira de las autoridades por su polémica fortuna

El teniente coronel Jorge Enrique Hurtado tendría bienes por $5 mil millones de pesos en Bogotá, Tuluá y Santa Marta. Fue llamado a calificar servicios por una queja en su contra.

  • El teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, exjefe de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez, es investigado por incremento injustificado de su patrimonio personal.
    El teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, exjefe de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez, es investigado por incremento injustificado de su patrimonio personal.
12 de octubre de 2023
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El teniente coronel de la Policía Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, encargado hasta hace poco de la seguridad de la vicepresidenta, Francia Márquez, ya no podrá aspirar a ser general de la República y a cambio tendrá que explicarle a las autoridades el incremento presuntamente injustificado de su patrimonio personal.

Hasta el momento su nombre era reconocido dentro de la institución, incluso en una oportunidad fue condecorado por el exgobernador de Antioquia Luis Pérez con la Medalla coronel Atanasio Girardot por su trabajo en el área de erradicación de cultivos ilícitos. Todos pensaban que sus méritos como uniformado lo ayudarían a seguir escalando, pero su impecable hoja de vida resultó con una mancha.

Según la Revista Cambio, la vicepresidenta habría intercedido por el ahora exoficial, quien le envió una carta a Márquez en la que admitió que el valor de sus propiedades alcanzaría los $5 mil millones. Sin embargo, una fuente anónima indica que ese aumento injustificado estaría vinculado a sobornos por dejar pasar cargamentos de droga.

Además del tamaño de su fortuna, las autoridades buscan establecer cómo es que Hurtado Bermúdez logró incrementar su patrimonio entre el año 2020 y 2021, periodo durante el cual adquirió 11 bienes inmuebles, ubicados en Bogotá, Tuluá y Santa Marta.

La lupa de la Policía apuntó hacia el teniente coronel en retiro tras conocerse de una “queja grave” que alertaba sobre el incremento inusitado de sus bienes y aseguraba que el dinero lo habría obtenido presuntamente por permitir “el paso de drogas y el contrabando en Santa Marta”, de acuerdo con la publicación de Cambio.

Los bienes que rastrean las autoridades

Uno de los bienes que más ha inquietado está ubicado en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Se trata de un lote de 25 hectáreas valuado en 1.480 dólares, que se conoce con el nombre de ‘Hacienda la Julia’. Ese lote fue negociado el 14 de enero de 2021.

También llamó la atención un lote de 25 hectáreas bautizado como ‘La Carmelita’, situado en Trujillo, también en el Valle del Cauca (suroeste), por el que pagó $255 millones el 30 de diciembre de 2021.

Así como un lote superior a la hectárea en tamaño que está ubicado cerca de Trujillo y al que se hizo por $45 millones.

A esos bienes se les suma un apartamento en Sintana Resort, en la capital del Magdalena y que según las escrituras fue adquirido en abril de 2021.

Por otro lado, aparece un lote en la vereda la Marina, Tuluá, que fue rebautizado como La Isabella. Esa compra data del año 2015.

Ante el subinspector general de la Policía se presentó una denuncia conocida por Blu Radio en la que se indica que el coronel Hurtado “ha logrado escalar hasta los más altos cargos en la Policía estando pendiente de ascender al grado de coronel, lo que es una vergüenza institucional teniendo en cuenta que es un oficial que va en contravía de las políticas y valores, ya que en su trayectoria ha presentado diferentes investigaciones disciplinarias y para colmo tiene un incremento en patrimonio exagerado”.

Así mismo, resaltan que “en el año 2021 y 2022, sería bueno que revisaran los ingresos recibidos por el señor coronel, quien laboraba en el puerto de Santa Marta y adquirió bienes por valor de 2.000 millones, producto de pagos de favorecer el paso de droga y contrabando”.

Frente a todo esto, la defensa del coronel Jorge Hurtado hizo una solicitud al viceprocurador general, Silvano Gómez, para que sea el Ministerio Público la entidad encargada de la investigación y se abran los procesos disciplinarios de ser el caso, más no la Inspección General de la Policía.

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