El Tribunal Superior de Bogotá citó para el próximo lunes 1 de diciembre las audiencias de formulación de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco.
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Los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro están siendo investigados por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la repartija de contratos con esa entidad a congresistas a cambio de apoyos a proyectos de interés de la Casa de Nariño.
La diligencia judicial se llevará a cabo de manera mixta, es decir, de manera remota (por conexión virtual) y de manera presencial para facilitar la presencia de quienes están fuera de Bogotá.
Ambos antiguos altos funcionarios serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Por la presunta comisión de esos delitos, el ente acusador pedirá que sean enviados a prisión mientras avanza el proceso en su contra.
En el expediente de la UNGRD, el nombre de Velasco aparece repetidamente en testimonios, chats y registros que fueron incorporados a la investigación. Estas referencias lo ubican dentro del entramado de decisiones y gestiones que hoy están bajo la lupa de la Justicia.
Uno de esos testimonios es el del exdirector de la Unidad, Olmedo López, quien ha dicho que el exministro le ordenó cumplir un acuerdo con un grupo de congresistas liderado por Julio Elías Chagüi (Partido de la U) tras un “cónclave” celebrado el 4 de diciembre de 2023. Este pacto, según López, habría sido una solución de último momento después de que un intento previo de otorgar contratos por $30.000 millones a través del Invías fracasara.
En el caso del Ricardo Bonilla, la Fiscalía sostuvo que la imputación se deriva de las declaraciones de su exasesora, María Alejandra Benavides, entre otros testimonios.
“La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla a partir de un acercamiento que, en virtud de una negociación de principio de oportunidad, tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto. Ese principio de oportunidad se va a radicar a finales de esta semana, y una vez el juez de control de garantías correspondiente decida sobre su legalidad y lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla por dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”, señaló la entidad en el caso del exministro de Hacienda.
Además de Velasco y Bonilla, los otros altos funcionarios de la Casa de Nariño en líos con la Justicia por este escándalo de corrupción son el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y la exalta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
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