Las ganas de parrandear en diciembre terminaron por destapar un extraño entramado judicial, en el que un cabecilla del crimen organizado en Antioquia se hizo pasar como indígena para que lo trasladaran de una cárcel de Medellín a un resguardo en la lejana Caquetá.
Se trata de Hugo Gómez, alias “don Hugo”, cabecilla del Clan Oriente, con antecedentes por concierto para delinquir, tráfico de armas y drogas, y con una orden de captura vigente por el asesinado de un líder comunitario.
La trama comenzó a desenredarse con la muerte de Joaquín Jaramillo López, de 63 años. Era fiscal de la junta de acción comunal de la vereda Piedras Blancas, en Sonsón, Antioquia. Un grupo de sicarios llegó a su casa el 18 de marzo de 2019, en la misma vereda, y lo sacó a la fuerza para tirotearlo en la calle.
La Fiscalía determinó que el crimen fue perpetrado por el Clan Oriente, una estructura creada en 2010 por exparamilitares y narcos del bloque Magdalena Medio de las AUC.
Se dedica al narcotráfico, el sicariato, extorsiones, tráfico de armas y desplazamiento forzado. Tiene tentáculos en Puerto Triunfo, San Francisco, San Luis, Sonsón, Argelia, Nariño, Cocorná, El Carmen de Viboral y La Unión, dominando un corredor que conecta a las subregiones del Oriente y Magdalena Medio antioqueño. También cuenta con células en los departamentos de Caldas y Santander.
Los agentes interrogaron a varios exintegrantes de ese grupo, quienes declararon en contra de su jefe. “Hugo Gómez era quien daba la orden de vender la droga, de amenazar y cometer los homicidios, nada se hacía sin la autorización de él”, dijo uno de ellos.
Las mismas fuentes señalaron que el cabecilla estaba preso en la cárcel de El Pedregal, en Medellín, pero cuando la Policía fue a preguntar por él se encontró con una sorpresa: lo habían trasladado a un resguardo indígena.
El asombro fue mayor cuando se enteraron que la comunidad lo vio en diciembre de 2022, celebrando el Año Nuevo en Puerto Triunfo.
¿El “indio” Gómez?
“Don Hugo”fue capturado el 2 de diciembre de 2019 en una finca de Sonsón y remitido a una celda en El Pedregal, por ser el cabecilla de la banda.
Cuatro meses después hizo un preacuerdo con la justicia y aceptó los cargos de concierto para delinquir, porte ilegal de estupefacientes y tráfico de armas. El Juzgado 4° Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo condenó a seis años.
De acuerdo con el expediente, conocido por EL COLOMBIANO, el 14 de octubre de 2022 fue enviada una carta al Juzgado 8° de Ejecución de Penas de Medellín. La firmaba Ronaldo Matías Hernández, gobernador del resguardo indígena Ismuina, ubicado en Solano (Caquetá).
El remitente pidió el traslado de “don Hugo”, argumentando que estaba registrado en el censo de su comunidad e invocando las leyes y sentencias de la Corte Constitucional que validan la autonomía de los pueblos aborígenes.
Como evidencia, aportó una constancia del Ministerio del Interior, según la cual en el Sistema de Información Indígena de Colombia (Siic) aparece que Hugo Gómez está incluido “en el auto-censo sistematizado y aportado por la comunidad Ismuina en 2022”. El documento está signado por Elkin Vallejo, coordinador del Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio.
