Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), llegó este lunes a Colombia para comenzar formalmente la etapa final del examen preliminar que este tribunal le sigue hace 17 años a Colombia por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por miembros de las Fuerzas Militares, paramilitares y militantes de Farc y Eln. Podría cerrarlo.
La visita –que va hasta este viernes– tiene un tinte especial, porque además de ser la primera salida oficial de Kahn desde que asumió el cargo en junio de este año, lo que resulte de los encuentros con el presidente Iván Duque, las altas cortes, entidades y organizaciones sociales será clave para tomar una decisión sobre el expediente Colombia en la CPI.
Así las cosas, las opciones que tiene el fiscal Karim Khan son tres: cerrar el caso –abierto desde junio de 2004–, mantener su examen preliminar, o pedir que se abra una investigación formal. Cada una tendría implicaciones no solo internas, sino a nivel internacional, ya que este examen tiene los ojos encima al ser el proceso preliminar que más años ha durado dentro de la CPI. Sin embargo, fuentes enterradas advierten que lo más probable es que lo cierre en favor del país.
La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez –quien recibió al fiscal en Bogotá– dio a conocer que el propósito del Gobierno es que Khan cuente con todas las herramientas para que conozca que la decisión del Estado es la de no permitir que haya impunidad.
Para eso, Casa de Nariño le confirmó a este diario que el fiscal se reunirá este martes, a las 9 de la mañana, con Duque. La nuez de la discusión será dar a conocer qué se ha adelantado en cinco puntos que revisa la CPI: paramilitarismo, desplazamientos, delitos sexuales en la guerra, falsos positivos e implementación del Acuerdo de Paz.
Las implicaciones
Enrique Prieto-Rios, profesor de Derecho Internacional del Rosario, resaltó que la llegada de Khan a Colombia se traduce en dos cosas.
Primero, en que el país le importa a la CPI y a la comunidad internacional; y, segundo, en que la visita de Ramírez de hace un mes a La Haya tuvo éxito. Aún así, no hay nada confirmado, aunque considera que al parecer Khan va a optar por cerrar el caso, basándose en que ha sido un proceso muy largo.
¿Qué implicaría eso? Según el profesor, que no habría un incentivo para que los militares se presenten a la JEP, ya que al tener el examen abierto ha habido presión para que vayan a esa justicia transicional. Al cerrarlo, los uniformados que no se han presentado podrían esperar a que la justicia ordinaria, con sus retrasos, los investigue.
Sin embargo, hay académicos –como Juan Pablo Hinestroza, profesor del Externado– que ven como positivo que se cierre, ya que eso quiere decir que la jurisdicción local va bien.
De todas formas hay otras dos opciones. En efecto, el examen puede pasar a ser una investigación, y en ese punto el fiscal deberá solicitar ese trámite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, para que así cumpla su función de complementar a la justicia local y atienda casos particulares de uniformados o excombatientes. Es decir, se encontraría que Colombia no aplicó bien sus estándares para juzgarlos.
La tercera ventana es que se mantenga el examen, opción solicitada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Sebastián Escobar, uno de sus integrantes, le explicó a EL COLOMBIANO que tenerlo así permitiría que la CPI haga un monitoreo cuantitativo de máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el número de casos que han sido resueltos en el país.
Para cualquier de los escenarios, el fiscal debe tener en cuenta tres ítems que le recomendó su antecesora, Fatou Bensouda: capacidad para judicializar, procesos abiertos y efectividad de las condenas
