El Senado de la República inició este martes, de manera formal, el proceso que se adelanta contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, lo que le puede llevar a ser declarado indigno en su cargo por haber presuntamente recibido una millonaria prebenda por fallar una tutela.
La plenaria escuchó al representante a la Cámara, Julián Bedoya, quien estuvo a cargo del proceso de investigación en esa corporación, la cual decidió aprobar el juicio político contra el magistrado al finalizar el año pasado, por considerar que existen las pruebas de incriminarlo.
Este procedimiento es inédito en los últimos 60 años en el Congreso, porque no se había dado trámite para que se adelantara un juicio político contra uno de los altos funcionarios del Estado, en este caso un magistrado, porque tiene fuero especial.
La intervención de Bedoya inicialmente fue cuestionada por senadores del Centro Democrático, como Iván Duque, quien señaló que la exposición del representante acusador (como se le denomina) fue política y no se fundamentó en lo judicial.
Bedoya explicó ante la plenaria que como nuevo elemento para el juicio político están las nuevas pruebas que aportó la Fiscalía General de la Nación, en donde se confirma, por medio del testimonio del abogado Víctor Pacheco, que el magistrado Pretelt sí solicitó 500 millones de pesos para fallar la tutela en beneficio de Fidupetrol.
El fiscal general (e), Fernando Perdomo, sostuvo que “es claro que hubo la solicitud de dinero y eso lo declara Pacheco y se corroboró con otros elementos de prueba, no hay duda que sí existieron”.
La plenaria también controvirtió sobre la posibilidad que interviniera en la plenaria el abogado Abelardo de la Espriella, quien defiende al magistrado Pretelt. Esa petición la hizo en especial el uribismo, que reclamó que así como intervino Bedoya lo hiciera De la Espriella. Ese planteamiento no se concretó.
El proceso sin embargo apenas comienza. Tras el informe de Bedoya en la plenaria, ahora el estudio del caso pasa a la Comisión de Instrucción, la cual por disposición del reglamento del Congreso, es la que debe presentar a la plenaria del Senado un informe en donde propone si se hace o no el juicio político y la decisión de declarar indigno al magistrado.
Según informó el presidente de la Comisión de Instrucción, el jueves se definirá quien es el senador que deberá presentar ese informe, que inicialmente debe ser estudiado en esa célula y luego pasará a la plenaria. Es decir que todo el proceso se tomaría hasta mediados de junio.
