La Fiscalía remitirá a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso que se seguía contra el Mayor retirado de la Policía Nacional Mauricio Santoyo, luego de que en septiembre del 2021 la JEP aceptara su sometimiento como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
Santoyo es recordado por haber sido jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y 2005. En la investigación del ente acusador se estableció, entre otros hechos, que Santoyo constituyó un patrimonio de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensas.
Lo anterior lo habría acumulado entre 1999 y 2009, mientras detentó los grados de teniente coronel, coronel y brigadier general. En su cargo, según las evidencias, también habría recibido dineros para, supuestamente, lograr dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y por alertarlos sobre movimientos y operativos de la fuerza pública.
Dada la remisión, ahora será la JEP la encargada de recibir y analizar los elementos de prueba y las evidencias obtenidas en contra de Santoyo; y asumirá las actuaciones judiciales que sean de su competencia.
La JEP aceptó el sometimiento de Santoyo en relación con su presunta participación en la desaparición de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, integrantes de la organización Asociación de Familiares Detenidos - Desaparecidos (Asfaddes), así como por su presunta relación con las Autodefensas Unidas de Colombia.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) determinó que podía someterse luego de verificar que los hechos fueron cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 y que guardaban una relación con el conflicto armado. Así mismo, la SDSJ precisó: “El compareciente se inmiscuyó decidida y permanentemente en la ejecución de coductas que en distintas épocas favorecieron la actividad delincuencial del paramilitarismo”, conclusión a la que también llegó la Fiscalía.
Mauricio Santoyo, fue extraditado en 2012 a Estados Unidos, para cumplir la condena de 13 años de cárcel por delitos relacionados con paramilitarismo y por, presuntamente, colaborar con narcotraficantes para el envío de cocaína al exterior. Sin embargo, tras varios acuerdos con esa justicia, pagó solo siete años de cárcel, por lo que aterrizó en Colombia en 2019 para ser judicializado por los delitos de concierto para delinquir agravado y la presunta participación en la desaparición forzada.
