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“Vamos a barrer con la corrupción que hay en la administración de Medellín”: fiscal Barbosa
El fiscal general, Francisco Barbosa, habló sobre el grupo élite que conformó su entidad para investigar las denuncias de posibles irregularidades que habría en la ciudad. También se refirió al “plan pistola” del Clan.
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El fiscal general Francisco Barbosa habló con EL COLOMBIANO sobre la barrida que le harán a la corrupción en Medellín y el resto de Antioquia. FOTO Manuel Saldarriaga
24 de julio de 2022
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Ante la cantidad de denuncias de posibles casos de corrupción que se estarían enquistando en la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General consolidó un grupo élite de investigación que tiene una instrucción clara: “Barrer con la corrupción que hay en la administración de Medellín”.
Así se lo aseguró a EL COLOMBIANO el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien además confirmó que las pesquisas judiciales ya están andando y que, por lo mismo, espera presentar resultados pronto.
Barbosa conversó con este medio en el búnker de la Fiscalía en Medellín, y además de anunciar la batalla contra la corrupción, también hizo una cruda radiografía de la situación de criminalidad del país. Reveló que el “plan pistola” del Clan del Golfo ya deja 30 policías muertos solo en Antioquia en este 2022.
El primero de marzo, señor fiscal, nos contó que estaba en Medellín creando un grupo para investigar las denuncias sobre lo que ocurre en la ciudad. ¿Qué ha pasado?
“El grupo se estructuró. Estamos dándole un nuevo dimensionamiento a la Fiscalía frente a la corrupción en Medellín y en Antioquia, tiene que ver con el fortalecimiento de sus equipos a través de los nuevos directores seccionales que llegaron hace ya unos días a Medellín y a Antioquia, y habrá grupos élites dirigidos por ellos y por la misma vicefiscal (Martha Mancera), que ha estado detrás de esto, para poder en este año y siete meses que nos queda barrer con la corrupción que hay en la administración de Medellín, y que hay en la administración del departamento de Antioquia”.
¿Una especie de “bloque de búsqueda”?
“Va a haber un trabajo judicial muy importante para evitar que tengamos que esperar años para resolver estos casos, vamos a tratar de resolverlos rápidamente. Esa es la tarea y está muy clara para todos los equipos de fiscales e investigadores que hay en este momento en Medellín y en Antioquia”.
¿Y qué han encontrado hasta ahora?
“Estamos ya en los primeros actos de investigación en gran parte de esas denuncias y, seguramente, como siempre, habrá resultados y yo vendré a entregárselos a los antioqueños”.
Fiscal, usted dice “barrer con la corrupción que hay en la administración de Medellín”. Es decir, ¿Fiscalía ya tiene pruebas certeras de que hay corrupción?
“Tenemos elementos que nos pueden llevar a decir que hay algún tipo de corrupción. Pero nosotros, por lo pronto, estamos en este momento en las investigaciones. Una de las características de esta Fiscalía es que solo cuando tenemos elementos materiales probatorios y evidencia física suficiente vamos ante los jueces de control de garantías.
Lo que tenemos en este momento es claridad de que en todos los lugares del territorio nacional, en todas las administraciones, ha habido actos de corrupción y es necesario perseguirlos. Por lo pronto, no tengo resultados concretos, porque hasta ahora los equipos están empezando a trabajar. Parte del nuevo enfoque que tenemos en la Fiscalía en Medellín, en Antioquia, y en diferentes lugares del territorio nacional, es una cruzada contra la corrupción en este año y ocho meses que me quedan en la Fiscalía”.
¿Por qué comenzó con Medellín y no en otra ciudad?
“Porque Medellín es un buen ejemplo del trabajo que hemos venido realizando y por los resultados en este lugar. Hemos imputado exgobernadores, exalcaldes, concejales, alcaldes, y hemos trabajado en temas de extinción de dominio contra funcionarios públicos. Luego Medellín es un buen ejemplo para el país, para que esos equipos élite que quiero establecer, y que se establecen en Medellín y en Antioquia, nos sirvan en otros departamentos y en Bogotá”.
¿El cambio que acaba de hacer de las directoras de fiscalías de Medellín y de Antioquia responde a eso, tal vez a que no estaban dando resultados contra la corrupción?
“Responde a las nuevas dinámicas del Plan Estratégico de la Fiscalía. Se ha hecho mucho trabajo en lo relativo a desmantelar disidencias y grupos organizados. Pero en el tema de corrupción no teníamos los grupos suficientes para poder dar una cantidad de resultados. Las directoras cumplieron su función, los cambios los hicimos no solo en Antioquia y Medellín, porque el objetivo que tenemos en este año y medio es la corrupción”.
En lo que tiene que ver con Medellín y Antioquia, ¿las pesquisas que vienen haciendo tocan a las cabezas de esas administraciones?
“Ustedes saben cuál es la situación jurídica del gobernador de Antioquia (Aníbal Gaviria), que tiene un caso ante la Corte Suprema en la Sala de Juzgamiento; es una acción que se derivó de una investigación de la Fiscalía dirigida por uno de los fiscales delegados ante la Corte, que presentó escrito de acusación. Está en juicio ante la Corte.
Frente al caso del alcalde de Medellín (Daniel Quintero) no tenemos elementos de juicio para poder decir si existen o no elementos materiales probatorios o conductas ilegales. En lo que sí tenemos claridad es en que vamos a intervenir desde el punto de vista de la cantidad de denuncias que hemos recibido y el grupo élite va a empezar a actuar en Medellín y en Antioquia”.
Pero en el caso del alcalde, por ejemplo, se han hecho reportes periodísticos que plantean inquietudes sobre cómo el hermano o algunos secretarios se podrían posiblemente haber enriquecido. ¿Eso tiene avances en la Fiscalía?
“Hemos avanzado. En este momento hay actos investigativos que nos llevarán a unas conclusiones sobre esos asuntos. Precisamente, como les conté, pedimos una medida cautelar sobre cuatro bienes relacionados con el excomandante de las AUC Vicente Castaño que ahora aparecen entre otros a nombre del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez”.
Precisamente en Antioquia siempre se ha dicho que Luis Pérez a pesar de haber sido toda su vida funcionario público ha conseguido muchas tierras y, según algunas de las denuncias, eso mismo se estaría repitiendo ahora, presuntamente, con personas cercanas a la Alcaldía de Medellín...
“Sobre eso se va a trabajar por supuesto, y eso es lo que estamos haciendo. No podemos tomar decisiones 10 años después de la ocurrencia de los hechos. Si hay funcionarios públicos que no pueden demostrar el origen de sus recursos, pues aparecerá la extinción de dominio. No me voy de la Fiscalía sin tener resultados concretos frente a esos funcionarios que utilizan el servicio público para enriquecerse”.
¿Cuándo Medellín va a conocer esos resultados sobre las denuncias?
“Van a estar cuando tengamos los elementos suficientes para llevar esos casos a juicio. Esta entidad se había acostumbrado en algunas otras administraciones a que se hacían pronunciamientos que terminaban cayéndose en juicio con absoluciones. Nosotros, y esa ha sido una posición compartida con la señora vicefiscal general, hemos tenido la claridad de decir que si vamos a presentar casos ante el país y llevarlos ante jueces de control de garantías, no es para hacer un espectáculo, sino para lograr sentencias.
Y no solo sentencias, sino lograr, como lo hicimos en Centros Poblados, o como lo hemos hecho con los vínculos de corrupción de un senador con diferentes actores municipales, a sentencias anticipadas. Esta tarea que estamos haciendo con Medellín va bien y terminaremos llegando a responsables de diferente nivel, en caso de que se confirmen algunos de los elementos que hemos venido investigando”.
Fiscal, pasemos a otro tema que preocupa en Antioquia: el Clan del Golfo, la capacidad de intimidación que demostraron en el paro armado y ahora el plan de matar policías, ¿qué está pasando?
“En Colombia en lo que va corrido del 2022 han asesinado a 50 policías, de esto en Antioquia han matado a 30, entre el 1 de enero y el 14 de julio. De esos 30 homicidios de uniformados, hemos esclarecido 22 casos, el 73,33%”.
¿Qué les ha arrojado ese esclarecimiento?
“Son las estructuras del Clan del Golfo. A los responsables se les ha llevado a imputación. Hemos venido acompañando el testimonio con la prueba técnica, y gracias a nuestro sistema de análisis criminal, hemos imputado a cabecillas de esas estructuras que tienen que ver con los homicidios que se cometieron en diferentes lugares de Antioquia”.
¿Por qué el Clan del Golfo se ha dedicado a matar policías?
“Cuando se dan golpes importantes contra las cabecillas de organizaciones criminales, se producen desorganizaciones al interior de esas estructuras. Esa desestructuración puede generar enfrentamientos masivos y ruptura de acuerdos que podrían existir al interior de las organizaciones, o con personas cooptadas en la institucionalidad de esa región”.
No solo tiene que ver, entonces, con la extradición de “Otoniel”, sino también que vendría desde su captura...
“Tiene que ver seguramente con esa extradición, pero tiene que ver también con la reestructuración de esas organizaciones y con la ruptura de acuerdos criminales que existan en las regiones, que involucra también a personas desde la institucionalidad”.
¿Tienen evidencia de que el Clan del Golfo ha cooptado, como usted dice, parte de la institucionalidad en Antioquia?
“Sobre vinculaciones o no en temas que tienen que ver con corrupción estamos avanzando en una investigación muy importante, que involucra algunas personas, funcionarios y miembros de la Fuerza Pública que podrían tener relaciones con organizaciones criminales en este departamento”.
¿Qué están investigado sobre posible corrupción en la Fuerza Pública?
“Ustedes saben lo que ha venido ocurriendo en la Cuarta Brigada, hay investigaciones abiertas y esa investigación ha venido creciendo”.
¿Toca a altos oficiales?
“Ha venido creciendo”.
¿Qué opina de la propuesta de sometimiento a la justicia de estas bandas?
“No quiero entrar a hacer mayores valoraciones, porque eso le corresponde decidirlo al presidente electo. A mí no me gustaría que él se meta en mis funciones constitucionales, como a él tampoco le gustaría que yo me meta en las de él. Cuando el presidente electo tome la decisión de avanzar en una iniciativa que él considere apropiada para sometimiento o para procesos de paz, el fiscal general jamás será un obstáculo para eso y lo que hará es cumplir sus funciones constitucionales”.
Fiscal, para cerrar otro tema, ¿qué pasa con la banda venezolana “Tren de Aragua”, que se metió del todo a Colombia?
“En Bogotá empezaron a aparecer cuerpos envueltos en bolsas y colchones, aparecieron 13. Los criminales dejan mensajes a través de este tipo de manifestaciones, de control territorial y de control de mercados criminales. Y aquí no estamos hablando de un caso aislado. Encontramos bandas relacionadas con el microtráfico y cuerpos en diferentes lugares de la ciudad.
Por eso, empezamos a determinar quiénes eran los que estaban controlando esos mercados, si eran ciudadanos venezolanos que se encontraban en Bogotá, y cómo estaba discriminada esa repartición de cadáveres. La investigación dijo que tenía que ver con pugnas por el territorio de bandas de microtráfico en Bogotá. Fueron capturadas dos personas del ‘Tren de Aragua’, señaladas de torturar y asesinar”.
¿Qué tan poderosa es esa banda?
“Tiene control de ciertos lugares de Bogotá desde el punto de vista de la venta de estupefacientes. Tenemos un problema importante en el barrio Santa Fe, que es una de las joyas de la corona desde el punto de vista de la delincuencia, porque no está atado solo a la venta de estupefacientes sino a la extorsión, al robo de celulares, al narcotráfico, a la prostitución, a la trata de personas. Es decir, todo un holding de criminalidad”.
¿Esa banda está en Medellín?
“Parte de mi venida a Medellín tiene que ver con la instrucción que le acabo de dar al nuevo director seccional de Medellín: necesito todos los análisis cruzados de criminalidad que hay en la ciudad para determinar si estamos o no en presencia de alguno de esos fenómenos criminales, porque no podemos dejar que avancen sino tratar de entenderlos. Con eso trabajaríamos con las administraciones, con la municipal, con la Policía, con la Dijín, con la Sijín. Pero lo que ocurre en Bogotá es muy grave”.
