Tras estar 80 días suspendido por la Procuraduría, el gobernador electo de Chocó, Ariel Palacios, volverá a su cargo debido a que este mismo organismo decidió levantar la sanción.
El procurador, Fernando Carrillo, explicó que su suspensión se trató de una medida preventiva, alrededor de un contrato firmado con la Fundación Chocó Saludable, por cerca de $2.091 millones, para atender la crisis de la covid-19, por considerar que dicha fundación no cumplía con la experiencia para llevar ese contrato que, entre otras, tenía el objetivo de realizar “...Actividades para la prevención de diferentes áreas que garanticen la protección de individuos, familia y comunidad frente a la amenaza del coronavirus”.
No obstante, la decisión de levantar la suspensión no se toma porque el caso esté resuelto, sino porque al gobernador encargado, Jefferson Mena, le aplicaron la prueba de coronavirus –negativa, según indicó la Gobernación–, aunque estará en aislamiento los 14 días recomendados.
“Bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad resulta menester levantar la medida de suspensión provisional”, indicó la Procuraduría.
Dado este proceso y la solicitud de medida de aseguramiento que a principios de junio hizo la Fiscalía, EL COLOMBIANO habló con Palacios para conocer su posición frente a estos procesos, de los que, señaló: “Creemos en la justicia y en Dios que se esto se va a aclarar para culminar el compromiso que tenemos con la ciudadanía”.
¿Cómo recibe la decisión de la Procuraduría?
“Hay que seguir trabajando con las mismas ganas que cuando me posesioné. Esto lo haré en compañía del Gobierno Nacional, hay que hacer un gran equipo”.
¿Cuál es su defensa frente a las investigaciones?
“Fue una suspensión injusta. Ese fue un contrato que en ningún momento se ejecutó. No hay detrimento patrimonial”.
¿Qué pasó durante estos casi tres meses?
“Ante la Procuraduría interpusimos un recurso contra la suspensión para que la Sala Disciplinaria definiera. En el caso de la Contraloría, el organismo conoció el proceso y determinó que no hubo detrimento. Y la Fiscalía, abrió un caso por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos, pero no los cometimos”.
¿Cree que hay interés políticos tras esas decisiones?
“Quiero pensar que no; sin embargo, hay situaciones que lo ponen a uno a pensar, porque, como repito, ese contrato no se ejecutó. Incluso, a mí me llega el control de advertencia sobre este, pero cuando ya había sido suspendido”.
Aunque usted dice que finalmente no se ejecutó, queda en el ambiente la sensación de que se iba a contratar con una entidad que no estaba capacitada, ¿qué decir ante eso?
“En la Gobernación hay unos procesos de contratación y, en este caso, la secretaría de Salud tenía uno. Se hizo la invitación de las entidades, se presentaron, luego vino la evaluación, y en el acta se explican las razones de elegir a la entidad”.
¿Qué seguimiento hizo para verificar la contratación que ha tenido la Gobernación, en especial en este caso?
“No puedo decir nada porque me posesioné el 1 de enero. Cuando llegan los documentos se mira la parte legal, en lo que tiene que ver con que el representante legal no tenga antecedentes, pero los procesos históricos, no puedo decir nada”.
La semana pasada el gobernador encargado denunció que se ejecutó un contrato para camas UCI, pero que estas están viejas, ¿qué responder ante esto?
“Sí, ese contrato se firmó el 1 de abril, el 13 se dio el acta de inicio y el 15 se legalizó. Fui suspendido el 24 de abril, y a partir de esa fecha mis actividades con la Gobernación las dejé quietas. Tengo conocimiento por un informe de redes sociales que el supervisor del contrato empezó a recibir algunos de esos elementos, incluyendo equipos electrónicos. Las camas y los monitores que menciona el gobernador encargado se recibieron el 12 de mayo, cuando yo ya no estaba, entonces, en ese orden de ideas, como gobernador en ese momento no tengo responsabilidad de que se hubiera recibido elementos de segunda, porque en el contrato en ningún momento se dice que serían como los que se recibieron. La responsabilidad tiene que ser de la administración actual”.
¿Por qué tanto silencio?
“Los abogados me dijeron que lo mejor era no hablar. Estábamos trabajando en el tema de la suspensión, pero frente a la denuncia del gobernador encargado, tiene uno que salir a dar las explicaciones. En ningún momento, la administración en la que estuve hasta el 24 de abril dejó algo comprado, lo que dejamos fue contratado. La responsabilidad de quien recibe es que los elementos que le entregan sí son los que estaban pactados en ese contrato”.
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casos de coronavirus confirmados tiene Chocó, según el Ministerio de Salud.
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