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EL COLOMBIANO | Publicado el 06 de julio de 2022
La Procuraduría General de la Nación se volvió, en las últimas horas, una de las entidades del Estado más mencionadas en el ámbito nacional, después de que el presidente electo, Gustavo Petro, aseguró que impulsará una reforma en el Congreso para eliminarla.
El mandatario, que se posesionará el próximo 7 de agosto, expuso que buscará acabar con la Procuraduría no para reducir los gastos del Estado, sino para crear una “fiscalía anticorrupción” en la que estarían los funcionarios que hoy hacen parte de la entidad del Ministerio Público.
Petro ha hecho diversos reparos a la Procuraduría especialmente porque considera que es un órgano de control que se utiliza con fines políticos para sancionar a servidores públicos elegidos por voto popular, como le ocurrió a él en 2013 con su destitución.
Una de las voces que se unió a la iniciativa del presidente electo fue la de Francisco Santos, exvicepresidente y exembajador, quien aseguró que con esta reforma Petro le ahorraría al menos 3 billones de pesos al Estado.
Esta cifra no fue del todo precisa, pues casi que triplica el presupuesto anual del ente de control. EL COLOMBIANO consultó y conoció que en el rubro presupuestal, la Procuraduría tiene para este año poco más de 1 billón de pesos ($1.018.131.001.557).
De acuerdo al Presupuesto General de la Nación (PNG), de esa cifra 877.960 millones corresponden a gastos de funcionamiento de la entidad. A pesar de que no deja de ser elevado ese monto, la idea de Petro no se enfoca en reducir los gastos, por lo que el presupuesto podría solo trasladarse.
Con ese billón de pesos anual, la Procuraduría sostiene sus actividades y paga la nómina de los cerca de 4.000 servidores, con los que vela por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores, a través de sus funciones preventiva, de intervención y disciplinaria.
Petro aseguró este martes que con la reforma que impulsará en el Congreso no pretende despedir a quienes trabajar en la Procuraduría, sino trasladarlos a una “fiscalía anticorrupción” que ubicaría en la rama judicial.
El presidente electo emprendió su lucha contra la Procuraduría después de que en 2013 el entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, lo destituyó de la alcaldía de Bogotá y este caso llegó hasta los estrados internacionales, donde Petro salió victorioso.
