Este jueves ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se radicará un informe que pondría contra las cuerdas al actual comandante del Comando de Transformación del Ejército Nacional, general Adolfo León Hernández.
El escrito documenta 23 casos de homicidio, que involucran a 39 víctimas, y que podrían corresponder a la tipificación internacional de ejecuciones extrajudiciales, llamadas “falsos positivos” en Colombia, y que ocurrieron cuando Hernández era comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa.
Hernández asumió como jefe de esa unidad entre diciembre de 2007 y el 14 de junio de 2009. Al finalizar su periodo como comandante, el gobierno de entonces lo envió a que realizara una maestría en Estrategia de Seguridad Nacional del National War College de la Universidad Nacional de Defensa en Washington D.C.
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Su nombre, sin embargo, no es nuevo en este tipo de investigaciones. Human Rights Watch ha publicado informes en los que aparece mencionado el nombre del militar junto a las dudas por los ascensos de los que ha sido objeto.
El más reciente, fue divulgado por José Miguel Vivanco, director de esa organización, y reporta que al entonces coronel Hernández lo vinculan con la muerte de Aldemar García, un joven de 16 años a quien reportaron como “dado de baja en combate”.
Pero el informe que será presentado ante la JEP, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y la fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos amplían la información y señalan que de las 39 víctimas se logró la plena identificación de 26.
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“De las víctimas identificadas, 5 eran menores de edad. Se logró constatar que 10, pertenecían a un sector socioeconómico vulnerable, en 6 homicidios estuvo mediada la participación de un reclutador o informante, 14 de ellas fueron señaladas en informes de inteligencia antes o, de manera irregular, posterior a su muerte. Sobre el número restante de víctimas fue imposible al momento de elaborar este informe confirmar si cumplen con estas variables”, señala uno de los apartes del documento.
Con respecto a los lugares en los que se presentaron los crímenes, el documento da cuenta de que en Valledupar y Pueblo Bello, en el Cesar, se presentaron 5 casos en cada una. Le siguen San Diego, con 4 hechos; Copey y Codazzi, cada uno con 3; se reportó un evento en Bosconia y uno en el municipio de San Ángel (Magdalena), el cual está por fuera de la jurisdicción del batallón.
El documento que llegará a la JEP advierte que “en 16 casos, correspondientes a 25 presuntas ejecuciones, se logró establecer que existió una alteración en los documentos de control del Batallón La Popa, como anexos de inteligencia, actas de gasto de munición y minutas que dan cuenta de los militares que participaron en las operaciones militares”.
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Cuando se habla de las ejecuciones extrajudiciales se hace referencia a las maniobras de los militares por aparentar que las personas pertenecían a grupos al margen de la ley como guerrilla o bandas criminales. Las botas puestas en pies diferentes o prendas casi que nuevas fueron las pistas de los investigadores para destapar una práctica que ahora hace parte de la JEP en el expediente 003.
Este tipo de maniobras no fueron distintas en el caso de las víctimas del batallón La Popa. En cuatro casos documentados, las víctimas fueron vestidas con botas y prendas que no correspondían a su talla.
“El caso más evidente de alteración corresponde a la víctima No. 6 en el que la prenda (pantalón) no pudo ser apuntada dada la amplia diferencia de tallaje y la misma le quedaba a la mitad de sus glúteos”, advierte el informe.
Con respecto a los análisis balísticos se entregó el material que señala que en 2 casos las víctimas no dispararon arma alguna y en 2 casos más se descubrió que a las víctimas les dispararon por la espalda.
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Uno de los casos con el que pretendían mostrar resultados es el de una víctima que fue hallada en ropa interior y de la que se dijo que estaba en un combate contra esa unidad militar.
Sobre las modalidades se advierte que “se evidencian casos en que se dio una detención previa de víctimas que fueron sustraídas de su casa, caminos o transporte público y nunca llegaron a su destino, seguido de la desaparición forzada, dejando a sus familiares con la incertidumbre sobre su paradero”.
También se comprobó que algunas de las víctimas fueron engañadas bajo la promesa de trabajos en ciudades diferentes a las que habitaban.
El documento concluye que la población que escogían para ser víctimas de estos hechos debía tener tres características fundamentales y que eso lo sabían muy bien quienes se dedicaban a ser reclutadores para engañar a las personas que serían los blancos de esta práctica.
La facilidad de engaño basado en la vulnerabilidad económica, la supuesta incapacidad y desconocimiento de los familiares para reclamar sus derechos y la idea de “eliminación” de personas perjudiciales para un modelo de sociedad determinado en concordancia con una visión sociopolítica específica.
“Todo lo anteriormente descrito muestra que tanto reclutadores como Fuerzas Militares se apoyaron mutuamente en la creación y sostenimiento de una operación conjunta con el objetivo de cometer ejecuciones extrajudiciales con papeles claramente definidos”, reseña el documento.
