Pocos momentos después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diera a conocer el balance de su visita a Colombia para verificar denuncias en el marco de la protesta, el Gobierno Nacional emitió su respuesta.
El presidente de la República, Iván Duque, se pronunció frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el mandatario nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con los actos de criminalidad. Sin embargo, reiteró el compromiso de Colombia con la protección de la protesta pacífica.
“Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Primero nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, somos tolerantes de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía pero no con los actos de vandalismo y de terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario.
Además, insistió en que los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos: “vimos niños morir en ambulancias, ciudades desabastecidas, personas perder el empleo por cuenta de esos bloqueos que están condenados claramente y seguiremos defendiendo el código penal para la protección de todos los ciudadanos”.
El mandatario también criticó que la CIDH haya llamado “cortes de ruta” a los bloqueos, para él no se pueden llamar así a actitudes que solo buscan ejercer presión y que tienen detrás claros intereses políticos.
Para Duque, “en una democracia no existe nadie con una justificación política o ideológica para apelar a la violencia. Nadie puede pretender defender un derecho pisoteando el de los demás”.
El presidente Iván Duque, además se refirió a la recomendación de la CIDH para que la Policía se traslade del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, según dijo “este no es un tema de capricho, desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable corrigiendo que mientras la Policía estaba en el Ministerio de Gobierno se politizó y eso llevó a grandes brotes de violencia”.
El mandatario insistió en que la Policía tiene por constitución una naturaleza civil y que hace parte del Ministerio de Defensa para coordinarse con otras fuerzas y para cumplir labores de carácter humanitario y de protección, “además porque la Defensa Civil también está en ese ministerio. Nosotros como nación seguiremos reconociendo el derecho a la protesta pacífica y enfrentaremos los actos de criminalidad vandalismo y bloqueo que atenten a los derechos de los demás, con una conducta muy clara de cero tolerancia frente a cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la fuerza pública que debe regirse por el más alto estándar de apego a los derechos Humanos”.
Cancillería también se pronunció
Por su parte, en un comunicado de seis páginas, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó varios temas señalados por la Comisión. Además, se refirió a varias recomendaciones y mostró su desacuerdo con varias de ellas.
Para empezar, en el comunicado dirigido por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se indicó que “reiteramos el compromiso que Colombia ha tenido con el respeto y la promoción de los derechos humanos en su territorio. En ese orden de ideas, siempre señalamos que la puerta estaba abierta para la visita de la CIDH”.
A renglón seguido, en el comunicado se expresa que “Colombia coincide con algunas observaciones contenidas en el documento (de la CIDH) (...) tal es el caso de la elaboración de un proyecto de ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica”.
También hay un entendimiento en el hecho de que “en su mayoría, las manifestaciones fueron pacíficas y no requirieron intervención de la Fuerza Pública”.
Sin embargo, después de este punto llegan las diferencias con la CIDH. Lo primero que rechaza es “la creación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia (...) reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”.
En ese sentido, la Cancillería recordó que en Colombia hay presencia de más de 20 agencias de las Naciones Unidas, además de la Misión de Verificación (también de ONU) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.
Sobre la insistencia de la CIDH para que se investiguen con celeridad los hechos y se sancionen, en el comunicado se lee que “el presidente Iván Duque, en cabeza del Gobierno, ha condenado de manera enérgica y categórica todo acto de violencia durante las manifestaciones y que la Fiscalía avanza –desde su autonomía– en las investigaciones de cada uno de estos delitos”.
La CIDH también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que la Policía deje de estar adscrita al Ministerio de Defensa. Al respecto, el Gobierno señaló que “el artículo 218 de la Constitución determina que ‘la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil’, con lo cual la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política”.
Sobre el uso de la fuerza, el Estado insistió en que la Policía “no usa armas de fuego letales en el marco de las manifestaciones, solo puede estar dotada de cascos, escudos y bastones”. Adicionalmente, recordó que sus actuaciones ”han sido excepcionales”, señalando que de las 14.390 marchas, concentraciones, encuentros y protestas, “solo 1.725 de ellas requirieron presencia de la Fuerza Pública”.
En su informe, la CIDH aseguró que hubo violencia basada en género y también violencia étnico-racial, sin embargo, la Cancillería indicó que “el Estado de Colombia rechaza, con preocupación, la sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas, así como una supuesta estigmatización estructural (...) Aquellos posibles casos de discriminación son objeto de tutela y de investigación por parte de las autoridades”.
En esa misma línea, indicó que “frente a los presuntos casos de violencia contra mujeres, conocidos en el marco de las protestas sociales, hemos sido categóricos en rechazar todo tipo de violencia”.
Sobre las desapariciones, se indicó que “es importante hacer claridad en que no es política del Estado colombiano utilizar sus instituciones legítimas para encubrir actos que no lo son. En la medida en que existan denuncias formales, los organismos de investigación y control procederán con toda la celeridad y contundencia que se requiera para investigar, judicializar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas”.
Incluso, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió “con extrañeza que algunas de las cifras presentadas a lo largo del documento carecen de contrastación (...) en ocasiones no se menciona la fuente de donde fueron obtenidas”.
Sobre el punto de los bloqueos, llamados por la CIDH como cortes de ruta, el Gobierno señaló que no son “una forma legítima de manifestación (...) y el cual es sujeto de sanciones, cuando se lleva a cabo a través de medios ilícitos (...) los bloqueos ponen en riesgo la vida, salud y subsistencia de los ciudadanos, así como la estabilidad de una Nación, al amenazar la libre movilidad y el suministro de alimentos y medicinas”.
“El Estado colombiano agradece a la CIDH su preocupación por la situación social que se vive en Colombia, valora el aporte de los distintos sectores e instancias nacionales e internacionales y estará atento a atender cualquier inquietud o solicitud de información”, concluye.
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