El Gobierno del presidente Gustavo Petro ahora le pagará a civiles para que ayuden en las labores de erradicación de los cultivos ilícitos. Así quedó consignado en un proceso de licitación que está abierto desde el pasado 5 de septiembre y al que ya se han postulado siete empresas y uniones temporales.
El contrato es por más de 56.000 millones de pesos y busca conformar 38 Grupos Móviles de Erradicación para labores en al menos 11 zonas del país que están siendo afectadas por la presencia de cultivos ilícitos, según reveló El Tiempo.
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Cada Grupo Móvil de Erradicación estará confirmado por 21 personas. El convenio será adjudicado el próximo 3 de octubre y establece pagos de hasta 7,65 millones de pesos por hectárea erradicada.
“La Dirección Antinarcóticos determina que un Grupo Móvil de Erradicadores (GME) durante un día puede erradicar 2,1 hectáreas en condiciones ideales, las cuales varían de acuerdo con las áreas de trabajo y variables operacionales”, se lee en el documento.
También se ofrecen salarios de casi 3 millones de pesos para los trabajadores que participen en la erradicación manual. Los grupos estarían conformados por un jefe zonal, un capataz, un enfermero y 18 erradicadores, según documentó el citado medio.
En Colombia hay 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta nueva estrategia ocurre en medio de la inminente –certificación o no– de Estados Unidos a Colombia en su lucha contra las drogas.
En medio de la presión internacional, el presidente Gustavo Petro también propuso reanudar la erradicación aérea con glifosato y, en octubre del año pasado había propuesto la compra directa de la hoja de coca a los campesinos del Cañón del Micay en Cauca, un enclave cocalero cuyo dominio pertenece a las disidencias de las Farc.
La erradicación forzosa no ha logrado los resultados esperados. El año pasado apenas se erradicaron 10.000 hectáreas y en el primer semestre de 2025 apenas se logró la erradicación de 1.800 hectáreas: la meta son 30.000.
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La propuesta de pagar a civiles por erradicar hoja de coca ya empieza a generar inquietudes. Expertos cuestionan el hecho de que los grupos criminales pueden reaccionar intimidando –incluso asesinando– a los campesinos que emprendan las labores de erradicar la hoja de coca.
Es que está probada la manipulación y el dominio de los ilegales en el territorio. En lo que va del año se han registrado 29 asonadas en el país: una estrategia que usan los grupos armados para frenar el avance de la institucionalidad.
“El contratista debe tener claridad de que se pueden presentar circunstancias que impidan el normal desarrollo de la operación, como: asonadas, hostigamientos, bloqueos de la comunidad, cultivos ilícitos con Minas Antipersonal (MAP) o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), no disponibilidad de aeronaves, no disponibilidad del dispositivo de seguridad y condiciones climáticas adversas”, se lee en las condiciones del contrato.
¿Cómo operarían los grupos de erradicadores?
La Unidad para la Consolidación Territorial ya había emitido un documento en el que planeaba las áreas de operación de los Grupos Móviles de Erradicación.
“Esta modalidad se desarrolla en aquellas zonas con presencia de cultivos ilícitos identificadas a través del censo anual que adelanta el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI- y la información reportada por la Policía y el Ejército Nacional en cada zona donde las comunidades no participan o no pueden por razones de seguridad acceder al programa de erradicación voluntaria”, se lee en el documento.
Los Grupos Móviles también entrarían a erradicar en zonas de reserva natural y de frontera porque en esos puntos no se podría aplicar la aspersión aérea. También en lugares donde existen semilleros y en lotes donde las condiciones técnicas indique que la aspersión sería ineficiente.
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