El clamor de las víctimas del conflicto armado, de que la Ley 1448 en la que fueron amparados sus derechos no muera en dos años, caló en el actual Gobierno, el cual buscará las condiciones necesarias para prorrogarla y cumplirle a los afectados por las hostilidades con una digna reparación.
Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, cuenta que por ahora el plan de trabajo se ha centrado en definir lo que hace falta para cumplirle a estas personas y los recursos que se necesitan, esto después de que la Comisión de seguimiento a la Ley de Víctimas y Decretos Leyes Étnicos (conformada por la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas), registrara que se requieren más de $115,9 billones para ejecutar la política pública de atención, asistencia y reparación integral.
“Se está también revisando el marco legal que hay allí y por cuánto tiempo sería la posible prórroga de esta Ley, teniendo en cuenta unos grises que nos aparecen sin definir”, precisa Rodríguez.
El anuncio se da tras observaciones presentadas por los partidos de oposición que le hicieron control político al primer año de gobierno del presidente Iván Duque.
El informe presentado, en el que firman los congresistas Juanita Goebertus, Iván Cepeda, Luis Fernando Velasco y otros 17 parlamentarios, reseña que en Colombia, desde la puesta en marcha de la norma, el país ha avanzado en la reparación de 898.540 personas, poco más del 12% del universo total (ver gráfico). “Al ritmo al que vamos nos tomaría más de 62 años culminar el proceso de reparación”, indican los congresistas.
Además, explican que durante el primer año del actual Gobierno se ejecutaron 45.091 indemnizaciones, rebajando el promedio anual que se tenía de 103.798. “Eso implica que el Gobierno Duque está indemnizando a 56% menos víctimas”, asevera Goebertus.
