Se contradice hombre que denunció 300 cuerpos incinerados en Bogotá, ¿quién es?

Se llama Sergio Venegas y dijo que se usaron ilegalmente hornos crematorios en medio del paro nacional de 2021. Ya cambió su versión y habló con El Colombiano.

Venegas aseguró que “los obligaron” a pagar coimas para poder tener el contrato del manejo de cementerios. FOTOS ARCHIVO/REVISTA CAMBIO

En menos de una semana Sergio Venegas Herrera pasó de ser un empresario de bajo perfil dedicado a inversiones en Bogotá a un confeso corrupto que, acorralado y sin pruebas, ahora denuncia el supuesto pago de coimas en la Alcaldía y violaciones de derechos humanos en la capital. Todo esto, en medio de contradicciones y hasta cambio de versiones.

Fue Venegas quien, en una entrevista con la Revista Cambio, habló sin sustento de que en los hornos crematorios de Bogotá fueron incinerados los cuerpos de al menos 300 personas reportadas como desaparecidas durante el paro nacional de 2021, lo cual la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo –secundadas por otras organizaciones– desvirtuaron de tajo en una declaración conjunta este jueves al indicar que todos los casos fueron resueltos y que, en plata blanca, no hubo desaparecidos en la capital durante las protestas.

Las declaraciones de Venegas –que fueron calificadas por la alcaldesa Claudia López como “barrabasadas y sandeces”– se enmarcan en las presuntas irregularidades que desde el año pasado investigan Fiscalía, Procuraduría y Personería de Bogotá frente al millonario contrato para el manejo de cementerios en la ciudad.

Para ello hay que remitirse a abril de 2021, cuando la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá adjudicó un contrato de concesión por $41.300 millones para el manejo de cuatro cementerios públicos.

El consorcio que se quedó con el jugoso contrato, firmado a cinco años, fue la unión temporal “Cementerios del Distrito” a través de la sociedad Jardines de Luz y Paz. Detrás de este consorcio se encuentran tres contratistas: Éder Parada, Dairo Mora y Liliana Mercado.

Aquí comienzan las irregularidades. Jardines de Paz está siendo indagado no solo por supuestas fallas en la operación de los cementerios, sino porque supuestamente entregaron documentos falsos para conformar la unión e, inclusive, les habrían pagado a funcionarios de la UAESP para que les adjudicaran el contrato.

En este contexto es que sale a relucir el nombre de Venegas. Aunque las denuncias por las aparentes irregularidades se remontan a finales de 2022, el empresario sorprendió al confesar –con nombre propio y hablando como supuesto director comercial de Jardines de Luz y Paz– que fue él quien entregó $1.500 millones en efectivo para sobornar a los empleados de la UAESP, entre ellos, nada menos que a la ahora exdirectora de la entidad, Luz Amanda Camacho, quien renunció tras las declaraciones de Venegas.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Venegas explicó que es un prestamista dedicado a invertir en contratos estatales: “Cuando las empresas no tienen dinero para soportar una operación me buscan. En el caso de Jardines de Luz y Paz no tenían ni un esfero”.

En ese sentido, sostuvo que el contratista Éder Parada lo buscó para que reuniera $1.500 millones para poder hacerse al contrato: “En la UAESP nos obligaron a entregar esos dineros. Yo reuní por mi cuenta $1.050 millones que venían de hipotecas de inmuebles de mi propiedad, y de la venta y traspaso de carros míos. El resto, del manejo de las cuentas de los cementerios (...) Yo soy un inversionista, puse mi plata a trabajar y quería que de ese contrato me quedara una parte”, manifestó.

Por otro lado, sobre el uso de hornos crematorios Venegas cambió su versión inicial y precisó que “nunca habló de 300 personas que hayan cogido y las hayan quemado, sino que hay cenizas de más de 300 individuos sin identificar. Dije que podía haber gente del paro, porque a esos cementerios entra de todo. Por eso le pido a la Fiscalía que intervenga”. Toda una contradicción con sus primeras palabras.

Aunque Venegas ratificó que por su rol en el consorcio le dieron el papel de “director comercial” de Jardines de Luz y Paz, otra es la versión del contratista Éder Parada.

“Nunca tuvo ese cargo, ni un vínculo laboral con nosotros. A él lo conocimos dos meses después de la adjudicación. Nos lo presentó Dairo Mora (otro de los socios), quien dijo que era un empresario importante y con buenas relaciones en el sector funerario. Pero no nos mostró ninguna gestión y perdimos interés en él. Era un lobista (...) es un mentiroso compulsivo”, declaró Parada quien –como reveló Cambio–, se ha hecho a contratos de obra por $6.245 millones. Justamente, una de sus empresas figura en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría por daños patrimoniales.

En medio de las versiones de unos y otros, lo cierto es que la Alcaldía denunció a Venegas por injuria y calumnia. “Es un corrupto al que nosotros denunciamos desde diciembre y que ha cambiado de versión varias veces”, enfatizó la alcaldesa López.

A su turno, el empresario Venegas dijo ser víctima de amenazas y reclamó que los socios de Jardines de Luz y Paz siguen sin responderle por su inversión. “A mí me han tiroteado el carro, me han intentado matar”, señaló.

La última palabra la tendrá la justicia, que será la llamada a determinar si el país está ante un inversionista que decidió prender un ventilador de corrupción en un año electoral o ante un delincuente que, con un dejo de mitomanía y a como dé lugar, está tratando de salvar su pellejo.

Fiscalía y Defensoría ya encontraron a todos los reportados como desaparecidos

El supuesto uso de los hornos crematorios de Bogotá para incinerar cuerpos de personas reportadas como desaparecidas durante el paro nacional de 2021 –tema puesto ante la opinión sin pruebas por un controvertido contratista– llevó a un pronunciamiento de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

En una rueda de prensa conjunta, el fiscal Francisco Barbosa y el defensor Carlos Camargo reivindicaron que todas las personas reportadas como desaparecidas durante las jornadas de protesta fueron localizadas.

A nivel nacional, señalaron ambos entes, se recibieron 627 reportes de personas no localizadas. No obstante, las labores investigativas permitieron identificar 132 casos duplicados y ubicar a 300 ciudadanos, quienes negaron haber estado en una situación de riesgo o peligro inminente.

“Se constató que 195 registros carecían de información y otros detalles que permitieran establecer la veracidad. De esta manera, se resolvió la totalidad de los reportes conocidos por la Fiscalía”, dijeron.

Frente a Bogotá, Fiscalía y Defensoría explicaron que conocieron 53 reportes de personas desaparecidas, de los cuales 28 fueron admitidos y las personas localizadas, mientras que 18 registros estaban duplicados y 7 fueron inadmitidos