“Este acuerdo no es un progreso, sino un retroceso”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien recomendó que el acuerdo de justicia suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Farc sea revisado por instancias internacionales de derechos humanos con la esperanza de que se hagan reformas a dicho documento.
El cuestionamiento estuvo relacionado con los responsables de crímenes graves y que éstos no paguen cárcel, lo que en su criterio genera impunidad. “Al examinar elementos claves de esta estructura, se esconde un trato preferencial y de impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, como los falsos positivos”, dijo.
Consideró que el hecho de que quienes estén cumpliendo penas puedan a futuro tener elegibilidad política, va en contra de estándares internacionales y constituye una provocación a las víctimas y a la Corte Penal Internacional.
Para Vivanco, el documento tiene vacíos en DD.HH. “Existen varios reparos, entre ellos, el rango de penas con restricción a la libertad de entre cinco y ocho años, ya que en este modelo lo principal no es la restricción de la libertad sino el proyecto o las actividades de tipo restaurativo, lo que quiere decir que al momento de ejecutar la sanción se le dará más valor a las actividades restaurativas que al monto de la condena”, insistió.
Además, sobre el reciente compromiso que asumió el Gobierno con los agentes del Estado y su tratamiento diferencial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), rechazó que se modifique el principio de responsabilidad por línea de mando.
“Eso es fundamental para hacer responsables a los comandantes de las Farc o a los del Ejército por los hechos ilícitos cometidos por sus subalternos y se abre la posibilidad que los mandos superiores no respondan por los crímenes de las personas que tienen a cargo”, aseguró.
Cabe recordar que los ministros de Justicia y Defensa, Yesid Reyes y Luis Carlos Villegas, respectivamente, firmaron un documento en el que se comprometieron con la Fuerza Pública a garantizar su tratamiento especial en medio de la justicia transicional.
Este abarca puntos como las sanciones diferenciales, la suspensión de la pena si cumplen con requisitos y aclara que los miembros de la Fuerza Pública que ya están condenados por algún delito relacionado con el conflicto armado, podrán pedir la revisión de la sentencia a través de la JEP.
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