Human Rights Watch denunció el martes que el acuerdo alcanzado este mes por el gobierno y las Farc sobre la justicia aplicable a los combatientes y el resarcimiento a las víctimas permite la impunidad porque sacrifica el derecho a la justicia de miles de víctimas.
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“El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, a la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”.
Ese convenio es considerado por las autoridades colombianas un paso decisivo para el logro de la paz definitiva, llegar a la reconciliación y crear una jurisdicción para procesar a guerrilleros y militares enfrentados desde hace más de cinco décadas pero que en 2012 iniciaron conversaciones para la paz.
El convenio divide a las condenas en tres categorías: hasta 20 años de cárcel para quienes resulten culpables y no confiesen su responsabilidad; hasta cinco años de prisión para los que reconozcan delitos tardíamente; y hasta 8 años de “restricción efectiva de libertad” para quienes colaboren en el esclarecimiento de la verdad.
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“Este acuerdo no es un progreso, sino un retroceso”, dijo Vivanco, quien recomendó que el acuerdo sea revisado por instancias internacionales de derechos humanos con la esperanza de que se hagan reformas a dicho acuerdo.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el que los responsables de crímenes graves no paguen penas cárcel lo que en criterio de Vivianco genera impunidad.
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“Al examinar en detalle elementos claves de esta estructura se esconde un trato preferencia y de impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, como los falsos positivos” que dijo superan los tres mil casos.
Hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado sobre el tema.
En más de tres años de negociación, las partes han logrado cerrar cuatro de los seis puntos de una agenda preestablecida: problemas agrarios, participación política, combate al narcotráfico y justicia y víctimas.
Faltan dos puntos más con relación a la terminación del conflicto e implementación de los acuerdos.
La totalidad de los acuerdos alcanzados en La Habana serán sometidos a votación con el fin de apuntalar la paz con el voto popular.
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