“Un cordial saludo, señores comandantes de las estructuras armadas de las Farc y de la Nueva Marquetalia, que están en el Pacífico nariñense y en el Pie de Monte costero”.
Con ese encabezado inició el ruego de monseñor Orlando Olave Villanova, obispo de Tumaco (Nariño), quien pidió a los grupos armados “un alto al fuego para este tiempo de Navidad y Año Nuevo”.
En un video dirigido a los excombatientes de las Farc alzados en armas, el religioso expresó: “Yo sé de sus deseos de paz y reconciliación para las comunidades; por eso, acudiendo a la bondad que hay en sus corazones y en nombre del rostro tierno de los niños, la mirada esperanzadora de los jóvenes y el anhelo de bienestar que hay en los habitantes del Pacífico nariñense, les ruego encarecidamente cesen sus acciones armadas en este territorio”.
El departamento de Nariño, y específicamente el municipio de Tumaco, llevan tres décadas padeciendo por múltiples actores armados. Paramilitares, guerrillas, carteles, bandas y narcos desfilan por sus ríos y veredas, repartiéndose el territorio para cultivar coca, instalar laboratorios de cocaína y refinerías ilícitas con el combustible hurtado de los oleoductos de Ecopetrol.
La zona también sirve como plataforma de exportación marítima de droga por la ruta del océano Pacífico, y como ruta de transporte de estupefacientes y armas hacia Ecuador, Putumayo y Cauca.
Según fuentes de Inteligencia, los grupos más activos son las columnas móviles Carlos Patiño, Oliver Sinisterra, Franco Benavidez, Urías Rondón, el frente 30 Rafael Aguilera, “los Contadores”, Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y el Clan del Golfo. Su contienda es instigada y patrocinada por macroestructuras como la Nueva Marquetalia (o Segunda Marquetalia), las Farc-EP de “Iván Mordisco” y carteles mexicanos, centroamericanos y europeos.
El ELN también hace presencia, aunque desde que inició su diálogo de paz con el Gobierno disminuyó las operaciones.
Cuando el presidente Gustavo Petro presentó su proyecto de “paz total”, varios de estos grupos ilegales manifestaron su deseo de participar. La condición para los acercamientos con el Gobierno era simple: que dejaran de combatir entre sí y de atormentar a la comunidad.
Pero la violencia en Nariño no cesa. El pueblo indígena Awa denunció hace dos semanas que en siete de sus resguardos la gente está confinada, debido a los constantes tiroteos entre delincuentes.
La misma queja fue expresada por miembros del Consejo Comunitario La María, en el municipio de Olaya Herrera.
Tampoco pararon los asesinatos de líderes sociales. El 11 de noviembre mataron en el municipio de Taminango a Dositeo Ojeda, presidente de la JAC de la vereda Guayacanal.
El 28 de noviembre asesinaron en la localidad de La Unión a Wilder Córdoba, director del canal Unión TV y gestor de iniciativas comunitarias. Ya son 22 líderes muertos en Nariño en 2022.
De momento no se conoce una respuesta de las disidencias a la petición de la Iglesia, que les ha pedido esta tregua como “un gesto de paz”.
