El Instituto deberá adoptar una decisión en las próximas horas, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá legalizara su captura. Ambos están señalados de integrar el entramado de corrupción de la UNGRD.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tiene que definir en las próximas horas el centro de reclusión al que serán enviados los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior, Luis Fernando Velasco, involucrados en el escándalo de presunta corrupción y coimas con dineros arañados de la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo).
La decisión está en sus manos luego de que el Tribunal Superior de Bogotá legalizara su captura. Bonilla fue detenido justo cuando se terminó la audiencia en la que se le impuso medida de aseguramiento. De inmediato, fue trasladado al búnker de la Fiscalía.
Velasco, por su parte, que asistió a la audiencia de manera virtual, se entregó en la sede del Inpec, en Cali.
Bonilla y Velasco son señalados de hacer parte de un entramado de corrupción que desvió contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para ofrecer dádivas a congresistas.
Según el ente acusador, los exministros se comprometieron a entregar 79 proyectos a senadores y representantes a la Cámara que en su totalidad sumaban $612.000 millones, pero solo siete de esas iniciativas se concretaron.
Aunque la Fiscalía y la Procuraduría habían pedido detención domiciliaria, la magistrada del caso consideró que era necesaria su reclusión en un centro penitenciario para evitar que interfieran en la investigación o incluso huyan del país.
La magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, les impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenó sus capturas inmediatas. “Dígame a dónde tengo que llegar, nadie tiene que venir hasta mi casa”, dijo reactivo el exministro Velasco, quien no ocultó su sorpresa ante la decisión de la magistrada. Y no era para menos.
El Tribunal debía pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía de enviarlos a casa por cárcel; para los exfuncionarios, el peor de los escenarios era terminar presos en sus propias casas, pero fue más grave: tendrán que ir a centro penitenciario.
De hecho, el Tribunal advirtió que la Fiscalía incurrió en un error al solicitar la detención domiciliaria como medida principal contra los exministros, al precisar que esta figura solo puede operar como una medida sustitutiva y no como la opción inicial dentro del esquema de aseguramiento.
“Se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente”, leyó la magistrada.
Una vez se conoció la decisión judicial y pese al repertorio probatorio, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Bonilla. De acuerdo con el mandatario, su exministro habría sido engañado porque “es ingenuo”.
“Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad. Ha sido extorsionado y es víctima”, escribió.
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