En las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación reposan por lo menos 12 procesos abiertos por presuntas irregularidades dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Pese a que la misión principal de esa entidad es evitar los atentados, existen casos como el de un exgobernador indígena de Ipiales, Nariño, que completó cinco meses a la espera de que le arreglaran la camioneta blindada de su esquema de seguridad, “un hecho inaceptable cuando sabemos que la norma indica que el vehículo debe ser reemplazo por un sustituto en menos de 72 horas cuando se trata de un protegido con alto nivel de riesgo”, explicó Jairo Burbano, presidente regional del sindicato de la UNP en ese departamento.
Como ese caso, agentes de la UNP han reportado decenas de irregularidades que ponen en riesgo la vida de los protegidos. “Desde 2018 veníamos denunciando camionetas que supuestamente estaban blindadas pero que no tenían protección, monopolios de arrendamientos de empresas que no cumplen con las condiciones y vehículos y elementos de protección, como chalecos, en pésimo estado”, aseveró el presidente nacional del sindicato de la Unidad, Wilson Devia.
Por este tipo de casos, el sindicato aseguró que ha radicado por lo menos 12 denuncias ante el ente acusador con la intención de que se investiguen a fondo y se suspenda a los contratistas que, presuntamente, estarían haciendo cobros de vehículos parados, en reparación o hasta inexistentes.
Pero lo cierto es que no son denuncias aisladas. Todos estos atropellos contra las personas protegidas también fueron descritos por el director nacional de la UNP, quien advirtió sobre varias irregularidades que encontró tras su llegada a esa entidad.
Denuncias de la dirección
En desarrollo de un debate de control político en el Congreso de la República, este miércoles el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, denunció irregularidades y hechos de corrupción al interior de la entidad.
Rodríguez puso el dedo en la llaga al hablar de los vehículos que otorga la UNP como medida de protección, que a la fecha suman 3.555 automotores. De acuerdo con el funcionario, tienen evidencia de camionetas que las empresas encargadas de arrendarlas hacen pasar como blindadas –lo que implica costos mayores frente a un vehículo convencional–, pero que, en realidad, no tienen ninguna protección.
“A uno de los vehículos se le hizo una inspección y se encontró que su blindaje era falso. Nos encontramos que esta camioneta lo único que tenía blindados eran los vidrios, pero no el techo ni el piso, y la UNP estaba pagando una cantidad de plata grande por ese vehículo”, reclamó.
Por otro lado, advirtió que hay casos en los que esos vehículos rentados presentan fallas mecánicas que los hacen casi inservibles, ejemplificando la problemática con el caso de un líder social que fue víctima de un atentado cuando se movilizaba en otro carro sin protección. ¿La razón? La camioneta asignada estaba averiada.
Para el funcionario, la protección en Colombia se volvió un “negocio”, pues el 70 % del presupuesto de la entidad (alrededor de $1,1 billones) se está gastando no solo en las empresas que contratan al personal de protección, sino en las compañías que rentan los vehículos.
A las irregularidades se suman alteraciones en los documentos internos de quién quita o concede medidas de protección, así como el caso de un exjefe de la oficina jurídica de la UNP que después terminó como apoderado de una de las empresa que renta los vehículos.
Rodríguez alertó que hechos de este calibre entorpecen y dificultan la debida protección que el organismo debe proporcionar a poblaciones vulnerables como defensores de derechos humanos: “Los líderes sociales están siendo asesinados porque no tenemos cómo protegerlos (...) El parque automotor es vetusto y acabado”, agregó.
Por ello, el director de la UNP declaró que buscará ampliar, de manera contractual, la oferta de vehículos en condiciones óptimas, pues se avecinan nuevos desafíos en línea con la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro. “Estamos en un proceso de paz total y eso implica que otra serie de actores armados deben ser protegidos”
