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JEP ordena nuevos plazos al gobierno para que cumpla el Acuerdo de Paz

  • Foto Colprensa
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El Colombiano | Publicado el 19 de noviembre de 2021

Luego de finalizar la audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares de protección de los excombatientes de las extintas Farc-EP, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impartió nuevas órdenes a la Consejería presidencial para la Estabilización y a la Unidad Nacional de Protección.

Lo anterior, según la JEP, debido a que a la fecha han sido asesinados 296 firmantes de los acuerdos de paz, han ocurrido 67 tentativas de homicidios, 21 desapariciones forzadas y otros tipos de hechos como desplazamientos forzados, amenazas de muerte y graves estigmatizaciones desde la firma del acuerdo final.

La magistrada Reinere Jaramillo dijo que “la prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos”, citando las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el llamado al cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz.

Así mismo, el magistrado Gustavo Salazar hizo un llamado a las entidades: “La situación es muy grave, en esa medida de ninguna manera se puede hablar aquí de mejoría de la situación. Más de 46 homicidios en 2021 es una situación gravísima. El Estado no les está cumpliendo (a los excombatientes)”.

La decisión fue anunciada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento este 18 de noviembre, la cual dio un término de 60 días la Consejería Presidencial para la Estabilización para que presente un informe en el que se evidencie la coordinación de acciones necesarias con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, y las autoridades que tengan responsabilidad directa, para que ajusten y aprueben el plan de protección con un enfoque de género, étnico y territorial.

Adicional a esto, la Sección le ordenó a la UNP que, en un término de 60 días hábiles, presente un informe de cumplimiento respecto al plan de protección, además de garantizar la asignación del presupuesto para la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. “Siempre y cuando garantice la sostenibilidad de las medidas de protección individual y colectiva que se aprueben y la planta de personal administrativo que se requiera para el cumplimiento del plan de descongestión y el creciente aumento del número de solicitudes”, explicó la magistratura.

Finalmente, la Sección también convocó a una audiencia reservada a la UNP y a la Consejería para la Estabilización para revisar cada una de las situaciones de los excombatientes asesinados en el marco de la ruta de protección.

“Insisto en expresar nuestra profunda preocupación por los ataques que han sufrido ya casi 300 firmantes del Acuerdo de Paz. Se trata de una situación inaceptable cuya dinámica no pareciera tener fin, que afecta gravemente la consolidación de la paz en Colombia”, concluyó el magistrado Ramelli, presidente de esta sección.


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