Es un hecho que la falsificación de documentos bancarios, estrategia usada por la Unión Temporal Centros Poblados para quedarse con el contrato de conectividad por $1,07 billones del Ministerio de las TIC, también se implementó en al menos otro proceso contractual, con los mismos protagonistas, y se evalúa judicialmente si hay otros casos similares.
En efecto, el último episodio que reflejó este modus operandi es una obra en la cárcel Bellavista, ubicada en Bello.
Con el objetivo de construir el Pabellón 4 y una serie de “áreas complementarias” en ese centro carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) abrió una licitación en noviembre del año pasado. El ganador del contrato fue el consorcio Bellavista 2021, conformado por dos empresas: Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S y JP Servicios S.A.S.
Recientemente, trascendió que Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S., igual que en el caso de Centros Poblados, habría presentado un certificado falso de cupo de crédito por $1.720 millones, expedido por el banco Itaú.
Desde la Uspec le confirmaron a EL COLOMBIANO que el documento bancario fue presentado y, por ello, este martes se adelantará la segunda sesión de una audiencia con la que se busca liquidar el contrato firmado con dicho consorcio, por $16.790 millones. Y aseguraron que hasta el momento no les habían girado dinero a los contratistas.
En una entrevista concedida a EL COLOMBIANO en abril, el director de la Uspec, Andrés Díaz, se refirió al inicio de las obras en Bellavista, aunque no habló de posibles problemas con los contratistas, ni mencionó alertas.
Aunque este medio intentó comunicarse nuevamente con Díaz, desde la entidad señalaron que no atendería a la prensa.
Según ‘W Radio’, en estas presuntas irregularidades también habría una conexión con el caso del MinTic, por el que ya fueron enviados a la cárcel Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados; Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros; y el condenado contratista Emilio Tapia.
Otra empresa, conocida como CM Construcciones y mantenimiento es la propietaria del 80 % de la firma Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A. S, que estaba ejecutando la obra en Bellavista.
De acuerdo con el Registro Único Empresarial (Rues), el representante legal de CM Construcciones y Mantenimiento es Jorge Alfonso Molina García-Mayorga y su suplente es Jorge Enrique López Benavides, ambos salpicados por el escándalo de MinTIC y señalados de ser los cerebros de la póliza falsa de Centros Poblados.
Molina García-Mayorga se convirtió en testigo clave de la Fiscalía tras admitir que actuó como intermediario en la consecución de la garantía falsa del banco Itaú.
