Para la Fiscalía General de la Nación no hay duda de que un exgobernador pagó una millonada para que con artimañas de gente del Cartel de la Toga le fuera archivado un proceso judicial por supuesta corrupción.
El nombre del político en la mira del ente acusador es Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca que acaba de ser imputado por el supuesto pago de $400 millones para que no se ahondara en las presuntas irregularidades cometidas en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el departamento.
“Usted, señor Abadía, conocía que con la entrega del dinero a los integrantes de la organización criminal estaba cometiendo un delito. Y con ese comportamiento impulsaba a que ellos intervinieran con el servidor público que tenía a cargo la investigación que se adelantaba en su contra”, le recordó el fiscal delegado ante la Corte Suprema que ahora lleva el caso.
El soborno habría comenzado con el contacto del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, condenado el año pasado a 19 años de prisión por dicho Cartel de la Toga, uno de los escándalos más grandes en la historia de la justicia colombiana.
Luego de acercarse a él, el fiscal del caso tiene documentado que el político valluno se arrimó al abogado Luis Gustavo Moreno, a quien contrató en 2014 para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por el ya mencionado caso de las bibliotecas.
Con el exmagistrado y el abogado ya charlados, Abadía presuntamente pagó no solo para que le retardaran la investigación, sino también para que no lo imputaran ni le impartieran medida de aseguramiento. El pacto al que habrían llegado en este caso –una de las tantas puntas del famoso Cartel– es que al fiscal se le mantuviera el cargo luego de hacer la supuesta jugada ilegal.
Todo este movimiento le habría valido los $400 millones al exgobernador del Valle, recibidos por el abogado Moreno, quien tenía la tarea dentro del Cartel de acercarse a los clientes a los que podrían acercarse para ofrecerles beneficios jurídicos. La plata que le daban a cambio era entregada, tal como pasaría en el caso de Abadía, al corrupto Ricaurte, quien llegó a ser presidente de la Corte Suprema.
Por el entramado que protagoniza el valluno, el fiscal delegado ante el alto tribunal le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, el cual no fue aceptado por Abadía.
