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Por juan felipe zuleta valencia | Publicado el 10 de noviembre de 2020
Como parte de una serie de anuncios del Gobierno acerca de proyectos ambientales a partir de 2021, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, anunció el pasado sábado que el próximo año Colombia sacará “al mercado voluntario de bonos de carbono el proyecto Vida Manglar, primer modelo a nivel global de una estrategia de carbono azul en bosque de manglar”.
Ahora bien, para entender la relevancia del anuncio hay que ir por partes.
Conforme explica la coordinadora de Investigación e Información para la Gestión Marina y Costera de Invemar, Paula Cristina Sierra, se le llama carbono azul al CO2 que “capturan los ecosistemas marinos, los cuales absorben parte de este para convertirlo en biomasa (materia orgánica de origen vegetal)”.
Además –amplía–, “los manglares, humedales, marismas secuestran dióxido de carbono y mitigan el impacto producido por los gases de efecto invernadero –GEI– de una forma más eficiente debido a que pueden almacenar hasta diez veces más CO2 que un área de bosque terrestre similar”.
De manera que las 290.000 hectáreas de manglares (según Minambiente) deberían poner al país en una posición altamente favorable en su compromiso de reducción de los GEI.
No obstante, según reconoce institutos como Invemar y el Ideam, el país carece de una radiografía sobre el estado, ubicación y hectáreas de estos ecosistemas, información prioritaria antes de avanzar en la realización de los cinco proyectos de carbono azul establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
William Klinger, director del Instituto de Investigación del Pacífico, (región que contiene cerca del 80% de los manglares del país), explica que “las características de estos ecosistemas dificultan medir los daños causados por la deforestación y la minería y sin cifras confiables se hace complejo emprender acciones eficaces”. Ideam calcula que cada año se pierden en promedio 457 hectáreas de manglar.
Nuevos bonos a la vista
Los bonos de carbono es uno de los mecanismos establecidos por el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de CO2. Aunque el país viene hablando de este concepto hace varios años, quizás es relativamente nuevo para el ciudadano de a pie. Fabio Arjona, director de Conservación Internacional, capítulo Colombia, lo explica así:
“Una comunidad se une para desarrollar un proyecto que ayude a mitigar los gases de efecto invernadero: un programa de reforestación, energías limpias, por ejemplo. Luego, una agencia certificadora va y verifica que efectivamente ese proyecto esté ayudando a la reducción y posteriormente el proyecto emite unos bonos por el total de toneladas reducidas de CO2. Cada bono equivale a una tonelada métrica (tCO2e) y son avalados por cada gobierno”.
Luego de esto, una empresa que, dado el caso, tenga que compensar el CO2 que produce puede comprar estos bonos, y por cada uno puede producir una tonelada de CO2, mientras que se generan recursos para cientos de proyectos sostenibles.
En Colombia el mercado de bonos de carbono apenas está regulado desde 2018 como alternativa al impuesto al carbono establecido en 2016 y que según la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono –Asocarbón– se ha traducido en la generación de $0,5 billones, y la reducción real de 34,1 millones de tCO2e de emisiones de GEI.
Actualmente existen dos mercados: el que regulan las reglas del protocolo de Kioto y el voluntario, precisamente en este es el que buscará impactar Colombia gracias al proyecto Vida Manglar, que desde 2015 viene desarrollando estrategias orientadas a la reducción de emisiones de carbono y que gracias a una metodología de humedales inédita en el mundo, desarrollada por la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), está a un paso de convertir sus reducciones y remociones de emisiones de gases de efecto invernadero en créditos de carbono negociables.
Hasta ahora la venta de bonos se ha centrado principalmente en proyectos que benefician superficies terrestres como bosques.
Este proyecto, desarrollado en la Bahía de Cispatá, la Balsa, Tinajones y Sectores Aledaños del Delta Estuarino del Río Sinú ha logrado reducir 71,655 tCO2e y conservar 8.556,7 hectáreas, que lo convirtió en el bosque de manglar mejor conservado del Caribe colombiano.
Dice Fabio Arjona que ya existe “un amplio listado de empresas dentro y fuera del país, interesadas en adquirir estos bonos de carbono azul” que saldrán al mercado voluntario el otro año, es decir, tanto firmas que por regulación de su actividad deban adquirir bonos de compensación como las que no se les exige, podrán adquirir estos bonos “permitiendo obtener unos recursos para proteger estos ecosistemas tan golpeados y poner en marcha nuevos proyectos con las comunidades”, concluye.
Con Vida Manglar esperan reducir 1.363.031 toneladas de emisiones de dióxido de carbono y trasladar esta experiencia a otras zonas como en los golfos la Caimanera y Guacamayas.
en definitiva
A partir de 2021 Colombia emitirá bonos de carbono que ayudarán a proteger ecosistemas costeros, altamente degradados por la actividad humana y claves para combatir el calentamiento global.
Contexto de la Noticia
¿qué sigue? El debate sobre el proyecto
Hace dos meses la Contraloría General publicó un informe que raja la gestión del país en materia ambiental. Resalta que la forma cómo se ha implementado el mercado de bonos no arroja resultados confiables sobre la reducción de emisiones. No obstante, el sector defiende la estrategia. Asocarbón señala, por ejemplo, que mientras los $1,3 billones recaudados entre 2017-2019 por el impuesto al carbono están atrapados en una discusión burocrática, los bonos han logrado un real impacto en dicho periodo. El ministro Carlos Correa señaló el pasado jueves que si bien el mercado de bonos requiere ajustes, “es una de las doce líneas estratégicas en las que concentraremos nuestro trabajo para cumplirle al país en materia ambiental”.
Soy periodista porque es la forma que encontré para enseñarle a mi hija que todos los días hay historias que valen la pena escuchar y contar.