Duque, en la encrucijada de una polarización heredada

El mandatario invitó el viernes a una “conversación nacional” con los marchantes a partir del próximo miércoles.

En tres días Colombia pasó de la incertidumbre sembrada sobre el Paro Nacional, a marchas multitudinarias, en su mayoría pacíficas, hasta llegar a cacerolazos que se escucharon en todo el país. La consigna era exigir cambios y manifestar inconformidad con el Gobierno del presidente, Iván Duque, quien el viernes en la noche, en alocución televisada, anunció el inicio de una gran “conversación nacional”, para escuchar los reclamos, trabajar de manera unida para cerrar las brechas sociales y luchar contra la corrupción. Además, se refirió a la construcción de una paz con legalidad.

Pero el panorama actual tiene antecedentes. La polarización data desde antes del Plebiscito para refrendar el Acuerdo de paz de 2016. Este fue un punto de inflexión para las divisiones de los relatos de la política colombiana: los que están con la negociación tal como fue realizada con las Farc y aquellos que no quedaron conformes y reclaman que no haya impunidad.

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A los dos puntos de vista, representados en el resultado del plebiscito (49,78% por el SÍ y 50,21% por el NO), se sumaron el malestar por reformas que aparecen enlistadas en el Plan Nacional de Desarrollo –al sistema de pensiones, laboral y la Ley de Financiamiento (tributaria)– que movilizaron intereses de sindicatos y sectores sociales que marcharon el jueves en el Paro Nacional. En la noche, el asunto fue más espontáneo, las familias, manteniendo sus reclamos y rechazando los brotes de violencia que se dieron en la jornada hicieron sonar las cacerolas.

Historia de un bloqueo

“El plebiscito generó polarización. El partido de gobierno se reoxigena con esa figura, pero cuando llega al poder no logra pasar la página a pesar de que prometió ser una administración de unidad”, afirma el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte, Fernando Giraldo.

Y continúa: “A Duque le pasa factura la polarización que en buena medida nace desde su partido”. Así, al Gobierno se le van cerrando caminos para consensuar las diferencias.

Un ejemplo es el Congreso de la República, el órgano al que, de acuerdo con la Constitución, el pueblo le confiere su representatividad y en el cual Duque ha pasado por muchas dificultades para encontrar un aliado.

La historia que llevó al camino actual comenzó en octubre del año pasado, cuando la popularidad de Iván Duque como mandatario se desplomaba por primera vez a raíz de la radicación de la Ley de Financiamiento. Las dificultades se profundizaron en noviembre, con el anuncio de que gravaría con IVA el 80 % de los productos de la canasta familiar para saldar el déficit de $14 billones en el presupuesto nacional, el Congreso, con decisiones desfavorables a las iniciativas de Gobierno empezó a dar visos de una relación resquebrajada.

En diciembre llegó el primer duro golpe: en medio de enfrentamientos entre la ministra de Justicia de entonces, Gloria María Borrero, y las diferentes bancadas, el Congreso hundió la reforma a la justicia. Ese fracaso deslegitimó a Borrero, incluso, dentro del Centro Democrático y varios de sus parlamentarios terminaron pidiendo su cabeza.

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Un segundo encontronazo fue motivado por el hundimiento de la reforma política ocurrido en mayo de este año. Después de ser aprobada en los primeros cuatro debates, la Cámara le quitó puntos esenciales como la eliminación del voto preferente para cualquier corporación pública, y no pasó el quinto debate en la Comisión Primera del Senado. La capacidad de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, de lograr consensos entre los partidos quedó en entredicho.

Su propio trámite tortuoso siguieron los 15 proyectos anticorrupción que fueron radicados por el Gobierno pero que no parecieron tener impulso alguno. Solo uno, el que obliga a los congresistas a hacer rendiciones de cuentas, fue aprobado y enviado a control de la Corte Constitucional.

Al término de la legislatura, para Duque fue evidente que las cosas no iban bien. El 8 de julio citó a su gabinete a un cónclave de tres días en el Club Hatogrande, en Sopó, al norte de Bogotá, y el jalón de orejas fue generalizado.

Fuentes cercanas a la Casa de Nariño le confirmaron entonces a EL COLOMBIANO que el presidente exigió al equipo de gobierno más asertividad en la comunicación estratégica, el cumplimiento de metas, resultados y aceleración de los programas.

Pero el regaño no fue suficiente y el inicio de una nueva legislatura no suavizó el distanciamiento entre el Congreso y los ministros. Tras un par de semanas como presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, afirmó que “algunos ministros no sirven para nada”, mientras que su homólogo en la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, aseguró que “el país no tiene ministro de Agricultura y eso lo sabemos todos”, en referencia al jefe de esa cartera, Andrés Valencia.

La tensión no amainó y Duque, quien siempre había sido reacio a grandes movimientos entre sus funcionarios, tuvo que ceder en septiembre: a la secretaria de la Presidencia, María Paula Correa, la nombró jefe de Gabinete y le encargó la estrategia y dirección política de la Casa de Nariño; Alejandro Salas, uno de sus asesores, pasó a ser consejero de discursos y reemplazó a Francisco Miranda, quien salió del gabinete para dirigir la revista Portafolio.

Jaime Amín, quien fuera el consejero de Asuntos Políticos, fue enviado a la Embajada de Emiratos Árabes, mientras que el consejero para la Innovación y la Transformación Digital, Víctor Muñoz, renunció a su cargo.

Además, la alta consejera presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, fue nombrada como consejera de Asuntos Políticos.

El tsunami político llegó a su punto más álgido con el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, el 5 de noviembre, en el que se revelaron evidencias de un bombardeo a un campamento de las Farc en el que fallecieron menores reclutados. El ministro renunció y en su lugar fue nombrado el hasta entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo.

“No hay gobernabilidad”

El balance legislativo muestra que, en 15 meses de gestión, el gobierno ha logrado la aprobación de algunas iniciativas: el Plan Nacional de Desarrollo, que pasó con dificultad; la Ley de Punto Final; y la reforma tributaria, renombrada como Ley de Financiamiento, que sin embargo fue posteriormente hundida por la Corte Constitucional y puso al gobierno a buscar un acuerdo que tenga vía libre en el Legislativo antes del fin del semestre.

La ausencia de una bancada sólida le ha pasado cuenta de cobro al gobierno con hundimientos de reformas y los cambios al Acuerdo de Paz propuestos para la implementación operativa y jurídica y como el castigo ejemplar a violadores de niños.

En teoría, el gobierno cuenta solo con la bancada del Centro Democrático y del Partido Conservador, el Movimiento Mira y Colombia Justa Libres, escaños que resultan insuficientes; sumado a un Partido de la U dudoso sobre su respaldo al mandatario.

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Cambio Radical, por su parte, es una de las colectividades en el medio y, en ocasiones, ha dado la mano para sacar adelante iniciativas, como la citada Ley de Financiamiento. El senador, Rodrigo Lara, comenta que “la causa de este malestar tiene que ver con la incapacidad del gobierno de ofrecer un proyecto colectivo”.

Desde el Partido de la U, el senador Roy Barreras hace la lectura de que el “pueblo exige cambios, pero ni el cambio del gabinete entero sería suficiente si no se cambian las políticas públicas regresivas que, cuando no, son represivas”.

Sin embargo, desde el Centro Democrático la interpretación es distinta. La senadora María del Rosario Guerra explica la situación actual por la decisión del presidente de modificar la relación con el Congreso para que “dejara de ser una de compra de conciencia”. A su juicio, el que considera un cambio con respecto a los 8 años anteriores “no ha sido valorado por el país”.

En efecto, la popularidad del presidente ha presentado altibajos que, en general, lo ubican en picos muy bajos. En junio, por ejemplo, la medición de YanHass le otorgó una desaprobación de 63 % y, si bien esta se mitigó en la medición de octubre de la misma firma, bajando a 35 %, se habría vuelto a disparar hacia final de año: la última encuesta de Invamer, publicada el pasado 7 de septiembre, le otorga a Duque la desaprobación más alta de su gobierno, según la firma, de un 69 %.

Es evidente, de acuerdo con la directora de la maestría en Gobierno del Territorio de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz, que el Ejecutivo enfrenta “una ausencia de construcción de gobernabilidad”, y que además “está en la necesidad de construir acuerdos con otros actores políticos y sociales”.

La dificultad, para el gobierno, es calcular hasta qué punto ese movimiento hacia el centro lo saca del mandato político que le dieron en las elecciones presidenciales 10,3 millones de votantes.

Aunque, para Juan David Cárdenas, jefe del departamento de Comunicación Pública de la U. de la Sabana, el diálogo y el mantenimiento de la agenda gubernamental no son excluyentes: “El Ejecutivo tiene un mandato, claro, pero ganar las elecciones no implica que toda la sociedad comparta ese proyecto”.

Para el experto, se debe buscar un punto medio: por un lado, que el presidente escuche los reclamos sociales y, al mismo tiempo, que la oposición “deje de esperar que Duque cambie toda su plataforma”.

Una fórmula de gobernabilidad está por crearse. El gobierno, heredero y partícipe de la polarización del plebiscito, tiene junto a la oposición el reto conjunto de convertir la ruptura política de 2016 en una gesto que permita entrar a la discusión a una ciudadanía inconforme con las políticas y el proyecto de país actuales.

El camino, coinciden analistas y actores, es el diálogo. Pero ese consenso contrasta con la incertidumbre sobre las condiciones en las que se dará esta conversación que inicia el próximo miércoles, y cómo cambiarán el rumbo que hasta ahora lleva el gobierno