Pese a que lleva mensaje de urgencia, la Corte Constitucional aplazó el debate que podría derogar la reforma a la Ley de Garantías que le permitió a entidades territoriales celebrar contratos en pleno año electoral.
La iniciativa de impulsar este tipo de convenios de la Nación con entidades territoriales –con recursos del Presupuesto General– tuvo como doliente al Gobierno, el cual alegó que lo hizo para reactivar la economía durante la pandemia por el covid-19.
Sin embargo, esta medida podría caerse este jueves, ya que las cargas en el alto tribunal apuntan a tomar en cuenta los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el congresista Roy Barreras a finales del año pasado, en ellos salen a flote dos cosas.
Una tesis es que se violó el principio de reserva de ley estatutaria al tramitarse la Ley 2159 de 2021, en la que en su artículo 124 se aprobó la ejecución de convenios interadministrativos para generar empleo en las regiones.
Esto quiere decir –según Barreras– que dicha Ley no se impulsó de la manera correcta, ya que una estatutaria debe modificarse exclusivamente con una ley de la misma categoría.
Y en este caso no fue así, en el Congreso se adelantó como una ley ordinaria y en línea de la discusión que hubo en la Ley de Presupuesto.
La otra tesis por la que los magistrados derogarían de manera unánime la reforma tiene que ver con el concepto de violación de reserva de Ley Estatutaria, otro punto mencionado en el demandante.
Este tiene que ver con que la Ley de Presupuesto adelantada tenía un tema determinado, el cual se escapa de la norma debatida. Cerca de 40 demandas van en el mismo sentido que la examinada, la cual tiene ponencia de la magistrada Diana Fajardo.
El debate son los efectos
Los magistrados que componen la Sala Plena de la Corte coincidirían en que hay inconstitucionalidad en la reforma, pero hay un punto en el que aún hay discusiones.
Se trata de los efectos retroactivos en caso de tumbarse. Es decir, que si con el fallo los contratos ya celebrados tendrían que anularse.
Estos, por ahora, están bajo el ojo de la Contraloría, pues hay de por medio $52.3 billones que desde que entró en vigencia la reforma empezaron a repartirse en contratos.
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