La frase “nada está acordado hasta que todo esté acordado” es la que mejor define el presente de la reforma a la salud de Gustavo Petro. Este proyecto aún no tiene vía libre en el Congreso para aprobarse, así el ministro del Interior, Alfonso Prada, haya dicho que el acuerdo alrededor de esta llegue a un 99 %.
De hecho, el futuro y la seguridad de las entidades promotoras de salud (EPS) ha sido y es el punto de discordia que, además de los partidos que integran la coalición de Gobierno en el Legislativo, hay en los diálogos sobre la reforma. El Ministerio pasó por decir que las eliminaría, luego que las convertiría en prestadoras de salud y, después de radicada la reforma, continuaban pero solo con tres funciones. Todo un galimatías.
Entre tanto, la cereza que le faltaba al postre se confirmó este martes: el Partido Liberal tomó la decisión de apartarse de esta reforma, argumentando que las condiciones que habían planteado desde el inició de los diálogos con Casa de Nariño “no se han plasmado en la escritura de una ponencia” y porque no habían “logrado conciliar las líneas que el partido defiende”.
Una posición que, si bien no estaba oficializada, era un secreto a voces que solo los cercanos al director de ese partido, el expresidente César Gaviria, conocían y que se visibilizó con su ausencia en la reunió en Casa de Nariño el pasado lunes. Así lo vaticinó uno de los ponentes de la reforma, quien le dijo a EL COLOMBIANO que ese 1 % de lo que habló Prada que falta para el acuerdo era “una traba fuerte respecto a si las EPS son administradoras de recurso o aseguradoras. Hubo una puja fuerte”.
Uno de los artículos que molestaron a César Gaviria, y que tiene pensativos a La U y conservadores, es el que señala que las EPS “que actualmente se encuentran operando en el Sistema de Salud continuarán haciéndolo hasta por dos años siempre que cumplan las condiciones de permanencia que se les aplica”; está en el artículo 141. Y hay otro que dice que las que “no se transformen en Entidades Gestoras de Salud y Vida deberán atender y solucionar las peticiones de sus usuarios hasta tanto no sean liquidadas”.
Con esta rechazo, el Gobierno Nacional pierde un apoyo fundamental en el Congreso, que, en plata blanca, se traduce en 13 votos en Senado y 33 en Cámara (de los cuales hay cuatro en la comisión que estudia los textos de reforma que han sido radicados).
¿Qué tocaba a las EPS?
Las presidentas de las principales agremiaciones de las EPS, Acemi y Gestarsalud, coincidieron este martes en un foro sobre esta reforma organizado por la Contraloría General de la República. Allí, ambas plantearon sus principales preocupaciones sobre el articulado del Ejecutivo.
En primer lugar, expusieron la gestión de recursos y la gestión de riesgo financiero; por otro lado, las funciones del aseguramiento en salud y, de igual manera, la conformación de las redes de prestadores de servicios de salud.
Al respecto, la presidenta de Acemi, Paula Acosta, dijo que “el proyecto de ley no tiene en cuenta la gestión de riesgo, eso va a generar una contingencia grande para la nación que puede terminar como los ‘septiembres negros’ (fenómeno que ocurría antes de la Ley 100 en el que el presupuesto anual para hospitales se acababa en septiembre)”.
Así mismo, la directora de Gestarsalud, Carmen Eugenia Dávila, expresó que “entre los años 1975 y finales de los 80, para las personas pobres se estableció un sistema nacional de salud y le fue mal a esa población y a los vulnerables, ahora plantean que vuelva eso que estuvo mal y sigue estando mal frente a los fondos pagadores”.
De hecho, el expresidente César Gaviria, en el comunicado que oficializó que se bajaban de ese proyecto, explicó que las posiciones que, para él, no fueron atendidas son el fortalecimiento del aseguramiento, la presencia del sector privado, la libertad de elección y evitar la inadecuada gestión del riesgo financiero. Aspectos en los que las EPS juegan un papel fundamental.
A estos argumentos, el profesor de economía y experto en salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, agrega que “el punto central era la gestión de los recursos sobre la ADRES y lograr que se mantengan los recursos para que haya alguien más que se encargue de revisarlos”, así como los famosos consejos regionales de salud y el riesgo de corrupción y politización que podría acarrear su creación. “La pregunta es qué tan burocráticos pueden ser esos consejos, que además tenían que ser de determinada manera”, agregó Rodríguez.
¿Y ahora qué con el proyecto?
Sin duda, que el expresidente Gaviria y el Partido Liberal se aparten de este intento reformista del Gobierno de Gustavo Petro es un golpe para el presidente, para la ministra Carolina Corcho y para el Pacto Histórico, por lo que el Ejecutivo estará con calculadora en mano y pegado de los santos para que los partidos Conservador y de La U no tomen el mismo camino.
Hasta ahora, estas colectividades no han tomado una decisión. El presidente de los conservadores, Efraín Cepeda, dijo que decidirán qué hacer cuando les entreguen el texto de la ponencia; mientras que el representante Gerardo Yepes agregó que “cada partido tiene independencia y el Partido Liberal no habla por todos”.
Por los lados de La U, su presidenta, Dilian Francisca, expuso que “es una decisión del presidente (Gaviria) y la respeto. Hice un compromiso con el presidente (Petro) de esperar el articulado para que se plasmen los acuerdos y ahí sí definir”.
Sin ir más lejos, la relación entre el presidente y su coalición en el Legislativo se distancia más y la gobernabilidad, hasta ahora, está siendo el precio que el presidente Petro ha tenido que pagar por mantener a Carolina Corcho en el Ministerio de Salud.
