Este 2019 tuvo varias buenas noticias que vale la pena recordar porque generaron un quiebre en las dinámicas complejas de Colombia, por eso EL COLOMBIANO hizo una selección de los temas más importantes en las áreas de política, paz, justicia, economía, infraestructura, ambiente, salud y educación. Vale la pena destacar, por ejemplo, del Acuerdo de Punto Final para sanear las deudas del sector salud, que le inyectó al sistema 1,2 billón de pesos. También este año el país vivió el proceso electoral para elegir a mandatarios locales que, según la Misión de Observación Electoral, se vivió en relativa paz.
En materia ambiental, por primera vez se logró un giro en las cifras de deforestación, que cayó un 10 %; y en infraestructura, se estrenó el puente Pumarejo, uno de los más anchos del mundo, que tuvo una inversión de $777 mil millones. .
TRES PUNTOS POSITIVOS DE LA ECONOMÍA NACIONAL
Hay tres aspectos que dan tranquilidad en noticias económicas sobre el país. Pasó el año en seguridad jurídica, con la aprobación en el Congreso de la República de la Ley de Crecimiento Económico y, de esta manera, se mantienen los beneficios empresariales que se habían logrado en el cierre de 2018, con la Ley de Financiamiento, y que se habían puesto en tela de juicio después de que la Corte Constitucional tumbó esta norma con un efecto desde el primero de enero de 2020. Así las cosas el Gobierno y los empresarios inician el año tranquilos debido a que las reglas de juego, por ahora, permanecen claras y estables.
Colombia, también cierra el año en verde con las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto que se mueven desde 3,2 %, con previsiones como la del Banco de la República, y 3,4% como la de la Ocde, que son mucho mejores que las de América Latina que crecería solo 0,1 % este año, de acuerdo con las expectativas de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal). Y, también, en octubre se conoció que el país quedó en el puesto 57 en competitividad (y el cuarto en la región), según el Foro Económico Mundial al analizar 141 países del mundo. Colombia mejoró en siete de doce pilares. El reto del país es trabajar en mejorar las exportaciones y en cerrar el déficit de cuenta corriente.
ACUERDO DE PUNTO FINAL, EMPUJÓN A LA SALUD
Implementar el Acuerdo de Punto Final, con $1,2 billones para sanear las deudas del sector es el mayor logro en salud durante 2019. Esta inyección a la salud permite al sistema dar mayor y mejor atención a los ciudadanos, porque beneficia las cuentas de los hospitales e IPS donde son atendidos. En el mismo sentido, los recursos que reciben los prestadores se reinvierten en el sistema para que estos cumplan con sus obligaciones con el talento humano e inviertan en infraestructura, dotación y tecnologías. Otros avances importantes de este periodo fueron: la inversión en la recuperación de la infraestructura de los hospitales públicos y dotarlos;
la liquidación de las EPS que no cumplían con los servicios a sus usuarios, el mantenimiento de la política de control de precios a los medicamentos, pese a las presiones diplomáticas; la respuesta con efectividad a la atención en salud de la población migrante y diseñar políticas para encarar enfermedades que llegaron con este fenómeno, como el sarampión o la malaria. Así lo plantea José Norman Salazar, director del Centro de Derecho Médico (grupo de estudio en el Eje Cafetero), quien reconoce que el país ha dado importantes pasos en términos de equidad. Entre los retos, de acuerdo con Olga Lucía Zuluaga, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Público (Acesi), es que se deben diseñar mecanismos para monitorear y garantizar el pago de las deudas con los hospitales.
MÁS PLATA Y RENOVACIÓN DE METAS, CLAVES EDUCATIVAS
Renovar la Misión de Sabios para que la educación, la ciencia y la tecnología sean motor de desarrollo, la creación del Ministerio de Ciencia para fortalecer la investigación, tener un presupuesto de $44,1 billones para educación y cumplir de a poco los acuerdos alcanzados entre los estudiantes, docentes y rectores de universidades públicas y el Gobierno Nacional, tras el paro de 2018, son algunos de los puntos positivos de este año. Para el decano de la Facultad de Educación de la U. de Antioquia, Wilson Bolívar, el gobierno deberá mantener estas acciones para potenciar “una sociedad del conocimiento”. Hay que mencionar la voluntad de diálogo, que se ha mantenido entre Fecode, como representante de los educadores del país, y del propio Gobierno, como lo plantea Fernando Ospina, quien fue directivo del sindicato de profesores en Antioquia, aunque señala que “pese a los incumplimientos, hay que reconocerlo”. Otro punto es la meta de reducir en un 70 % el tiempo que tarda un proceso de convalidación (acreditación) de títulos en el exterior, programa que hace parte de la ley antitrámites y que favorece a quienes estudiaron el exterior y desean regresar. El reto para 2020 será solucionar las dificultades que se presentaron en la construcción de 311 de los 541 proyectos que se ejecutan a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura (FFIE), para que pronto los estudiantes puedan hacer uso de nuevas y mejores instalaciones educativas.
SE LOGRÓ UN QUIEBRE EN LAS CIFRAS DE DEFORESTACIÓN
Este año se alcanzó una caída en los indicadores de deforestación, que históricamente crecían con persistencia. De acuerdo con las mediciones del Ideam, se presentó una reducción del 10 % en la deforestación durante 2018. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, señaló que el año pasado fueron deforestadas 197.159 hectáreas, frente a las 219.973 registradas en 2017, es decir, 22.841 hectáreas menos.
Lozano indicó que es el comienzo de un esfuerzo de “la presencia integral del Estado en las regiones”.
Por primera vez, desde que existe este sistema de monitoreo de bosques, en el segundo trimestre de 2019, la Amazonia colombiana no evidenció formación de núcleos que adviertan la pérdida de sus bosques, los cuales antes se registraban precisamente en estos mismos meses del año, por lo que el Ideam reportó una reducción del 18 % en las alertas para esa región.
Por otro lado, Colombia tuvo por primera vez un pabellón en la cumbre COP25, donde pudo mostrar al mundo sus iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, lo que podría ayudar a traer cooperación para aumentar la lucha contra la deforestación, precisamente cuando las naciones buscan soluciones a un problema global. El reto será mantener la caída de las cifras de deforestación en especial en los Parques Nacionales como en Chiribiquete y Tinigua. Además, garantizar la protección de los líderes ambientales.
EL IMPONENTE PUMAREJO YA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO
En términos generales, la infraestructura vial del país tuvo dos asuntos positivos este año: el despegue de las vías de Cuarta Generación (4G) y la entrega del Puente Pumarejo (en la foto). De los 29 proyectos de vías 4G, el Gobierno destaca avances puntuales en seis iniciativas que tienen más del 50 % de obra. La realidad es que este mismo mapa en 2018 era distinto ya que solo tres corredores estaban por encima del 50 % de ejecución. Lo que quiere decir, que en un año la ejecución se duplicó. El presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, dijo en su momento, que el paquete de vías 4G lo tomaron como una política de Estado, “sin vanidades, este no es un tema del gobierno anterior, de este o del próximo. En este último año hemos logrado mover en el programa cerca de 10 billones de pesos en inversiones”. Por otro lado, tras cinco años de obra el Gobierno puso al servicio el puente Pumarejo que comunica Barranquilla con Santa Marta y que tuvo una inversión de $777 mil millones de pesos. La actual estructura tiene dos calzadas de tres carriles cada una de 2,25 kilómetros de longitud. De acuerdo con la Presidencia de la República, esto lo convierte en el más ancho de América Latina. Tiene 45 metros de altura, 30 más que el puente actual. El reto para el próximo año será entregar el túnel de la Línea tras 11 años de obras, adjudicar el paquete de vías terciarias y garantizar la ejecución de las vías de cuarta generación. Además, adjudicar la navegabilidad del río Magdalena.
DESMINADO, UN AVANCE SIGNIFICATIVO
Este año que pasa permitió que en 113 municipios las minas antipersonal o munición sin explosionar dejaran de ser una amenaza para sus habitantes, gracias a las labores de desminado humanitario que adelantan en todo el territorio nacional grupos especiales del Ejército, Armada y 11 conformados por organizaciones civiles. Con lo avanzado en 2019, Colombia completa un total de 391 municipios de Guajira, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Vichada, Santander, Meta, Tolima, Cauca y Huila, declarados libres de esos explosivos utilizados por los grupos armados ilegales, de un total de 713 con algún tipo de contaminación, según lo indica el plan estratégico Colombia libre de sospecha de minas antipersonal 2016-2021.
Para las Fuerzas Armadas, que tienen a su cargo el 56 % de las zonas que continúan con sospecha de contaminación, este 2019 “fue un año histórico”, pues afirman que han logrado descontaminar más de 2.500.000 metros cuadrados en todo el territorio y entregar 108 municipios. Actualmente, los departamentos de Atlántico, Amazonas, Quindío y Magdalena, son, según el Gobierno Nacional, las regiones que se encuentran sin afanes y preocupaciones por cuenta del denominado “enemigo silencioso”, el cual, tras ser instalado, puede estar hasta décadas esperando a su víctima. El reto, para el 2020, se centra en 158 localidades de Antioquia, Meta, Norte de Santander, Nariño y Caquetá, que actualmente se encuentran en intervención.
UN PROCESO ELECTORAL EN TRANQUILIDAD
Las de 2019 fueron las primeras elecciones locales tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en 2016. Para la Misión de Observación Electoral, MOE, hubo “contundentes avances en materia de seguridad relacionada con la no interferencia de los grupos armados”. Así mismo, su mapa de riesgo señaló que la convergencia de riesgo de fraude y violencia registraron sus menores niveles desde 2007, lo que revela “un fortalecimiento progresivo de las garantías del sistema electoral”. Como causa de este avance, el organismo cita el impacto de los acuerdos de paz, tanto con las Farc como con los paramilitares en la década pasada. Incluso en esta oportunidad se presentaron 308 candidatos en las elecciones regionales por parte del partido Farc en todo el país, algo impensable anteriormente. Este nuevo contexto de normalización de los procesos electorales son, para la MOE, una oportunidad de afinar la observación en las zonas puntuales donde hay otro tipo de complicaciones. Hubo “avances en participación ciudadana, deliberación electoral y en los resultados de las autoridades en la persecución de los delitos electorales”. En cuanto a las garantías del conteo de votos, la MOE reportó positivamente que solo en el 6,4 % de las mesas había personas distintas a los jurados, testigos, observadores y autoridades electorales. Los retos serán la protección de los aspirantes ya que se reportaron 22 asesinatos de candidatos, como en el fortalecimiento general del sistema el día de las votaciones.
PLANES DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL
En el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc se diseñó una estrategia que la Administración del presidente Iván Duque ha implementado a todo vapor: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se trata de proyectos estratégicos en las 16 regiones del país que más han sufrido los embates de la guerra. “Las obras PDET son el resultado del compromiso del Gobierno con la implementación de la paz, con los 6.6 millones de colombianos que habitan las zonas más golpeadas por violencia y pobreza”. Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Durante este año se han invertido cerca de un billón y medio de pesos en la puesta en marcha de los planes que fueron construyeron las mismas comunidades y ya más de 650 obras han sido entregadas. Los recursos para la ejecución de estas iniciativas son diversos: una parte sale del Presupuesto General, otra de las regalías que se disponen en el Ocad Paz, una porción viene de la cooperación internacional y un tanto más de las empresas que deciden destinar parte de sus impuestos de renta en la ejecución de obras en el programa Obras por Impuestos. Cinco de esas 16 regiones (44 municipios) verán sus proyectos acelerados gracias al programa Zonas Futuro puesto en marcha en agosto. Ahora el reto será que los alcaldes y gobernadores entrantes quieran apostarle a estos planes que transformarán sus comunidades.
CORTE CONSTITUCIONAL, DE CARA A LA CIUDADANÍA
Superar la mala imagen generalizada que tiene la justicia en Colombia, es una tarea diaria de las corporaciones judiciales. En esa labor, la Corte Constitucional ha dado la buena batalla. Con la llegada de Gloria Ortiz a la presidencia del alto tribunal, la Corte ha tenido una labor cercana a la ciudadanía. “Me voy con una responsabilidad de mantener una Corte Constitucional de altura, de defensa de derechos, de garantizar la institucionalidad”, dijo Ortiz al asumir su nuevo cargo. Por ejemplo, cuando zanjó la discusión por la multa de 834.000 pesos a un joven que compró una empanada en la calle, sentenciando que los comparendos del Código de Policía no son para sancionar a los compradores, sino a grupos delictivos que se apropian del espacio público para vender sus productos. Además, la Corte libró álgidos debates mediante la convocatoria de audiencias públicas para temas como el uso del glifosato, en los que participaron académicos, juristas, el expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Iván Duque; y otra, sobre el conflicto entre la libertad de expresión y la honra y el buen nombre en redes sociales. Luego del escándalo por el retiro de visas para Estados Unidos a magistrados la corte enfrenta un gran reto que dará para largo: blindarse ante las presiones para fallar y protegerse de posibles chuzadas. La presidenta lideró un pronunciamiento categórico de parte de los togados: “queremos dar la tranquilidad de que tomaremos decisiones sin presión”.
