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Las propuestas que van a Cuba
Los plenipotenciarios del Gobierno recibieron instrucciones del presidente Juan Manuel Santos para viajar hoy a La Habana a renegociar el Acuerdo.
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Los representantes del No entregaron todas sus propuestas al Gobierno Nacional, que deberá renegociar con las Farc los puntos más importantes para llegar a un acuerdo. FOTO Colprensa
21 de octubre de 2016
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Terminó el plazo para que los voceros del No entregaran sus propuestas a la Presidencia de la República para la renegociación de los acuerdos de paz con las Farc.
En el Palacio de Nariño el trabajo es arduo. Después del resultado del plebiscito empezaron a llegar propuestas de las iglesias, de las víctimas, del Centro Democrático, del expresidente Andrés Pastrana, de la conservadora Martha Lucía Ramírez, del exprocurador Alejandro Ordóñez y de los jóvenes por el No, entre otros.
De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, hay “muchísima gente” trabajando en la recolección, estudio, ordenamiento y depuración de todas esas iniciativas.
Sin embargo, el mandatario manifestó que de esas proposiciones “muchas son razonables, otras son difíciles pero no imposibles, y hay otras que son totalmente inviables porque parten de supuestos inaceptables”, entre ellas, “por ejemplo, las que sugieren que aquí nunca hubo conflicto armado, que nunca hubo una guerra, y que por consiguiente no se pueden aplicar ni el Derecho Internacional Humanitario ni la justicia transicional, que se creó precisamente para ayudar a resolver los conflictos armados”.
Jorge Giraldo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Eafit, coincidió con el presidente. Aseguró que hay tres tipos de propuestas: unas que no tienen nada que ver con los acuerdos como la ideología de género, el narcotráfico y la propiedad privada; otras temas puntuales que son susceptibles de negociación o de reformulación y hay otras definitivamente inviables.
Iniciativas comunes
De todas las propuestas que han llegado al Palacio, varias son comunes para casi todos los proponentes.
Todos coinciden en la necesidad de activar las medidas humanitarias como el desminado, la liberación de secuestrados, la búsqueda de desaparecidos y la desvinculación de menores del conflicto.
En materia de Justicia hay consenso sobre la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia sea el órgano de cierre, que la restricción efectiva de la libertad se dé en colonias agrícolas, que los magistrados no sean extranjeros, aunque podría permitírseles la participación como abogados o consejeros y que la transicionalidad tenga un límite en el tiempo establecido.
El decano no está seguro si las Farc acepten las colonias agrícolas. Ya “Pastor Alape” dijo que no lo harían, pero Giraldo insiste en que hay que exponerlo en la mesa.
Además, proponen que no puedan participar en política los responsables de crímenes de lesa humanidad, aunque Marta Lucía Ramírez lo limita únicamente a los cargos de congresista y presidente. Esta es una propuesta viable, según Giraldo, quien cree que es razonable y que las Farc podrían atenderla.
Para la mayoría el narcotráfico no debe ser considerado un delito conexo al político, y las Farc deberían, además de renunciar a esa práctica, entregar toda la información que tengan sobre ese negocio ilícito. Las Farc también tendrían que aportar todos sus recursos para la reparación a las víctimas.
Asimismo, entre las propuestas se nota una gran inquietud por el tema de tierras, ya que se consideran que se está modificando el modelo económico rural y piden especial atención a la constitución del Fondo de Tierras.
Alejandro Reyes Posada, asesor de ese punto en la mesa de diálogos. Aseguró que en La Habana “puede aclararse la expropiación y la extinción de dominio porque allá no se dijo nada nuevo que no estuviera ya en la ley agraria y en la Constitución”.
“El Gobierno no va a aceptar una revisión de la ley de restitución de tierras porque es una ley aprobada en el Congreso y no es La Habana el escenario para modificarla”, precisó Reyes.
En materia de catastro, el experto consideró que el Gobierno no va a flaquear porque esa es una herramienta que necesita el país, contrario a lo que argumenta el uribismo, no tendrá una intención de aumentar los impuestos sino de solucionar el problema en el que el 70 % de la gran propiedad en Colombia tiene títulos precarios. “Son títulos que si se escarba bien, se va a encontrar una ilegalidad originaria a través de la cual se forman las cadenas de tradición de la tierra”.
Para implementar el acuerdo exigen que no vaya directamente a la Constitución y que no haga parte del bloque de constitucionalidad. Piden olvidar el Acto Legislativo para la Paz que otorgaba facultades al presidente, y que todo el trámite legislativo pase por el Congreso y la Corte Constitucional, manteniendo sus facultades intactas. Para garantizar la implementación afirman que es suficiente con que haya un gran pacto nacional.
Propuestas solitarias
El Centro Democrático, liderado por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, propone que no se aplique el marco normativo del Derecho Internacional Humanitario, que los delitos cometidos por los guerrilleros contra los militares no sean amnistiables y eliminar de tajo la Jurisdicción Especial para la Paz.
De acuerdo con Jorge Giraldo, “esto es retroceder 60 años en la evolución de la discusión jurídica, política y moral de los conflictos armados. Es una incongruencia porque el padre de la justicia transicional no es Santos, es Uribe. El Derecho Internacional Humanitario permite una serie de acciones entre combatientes y eso se ha respetado en el acuerdo”.
El CD propone que existan alivios para los militares condenados o investigados. Que se mantengan los umbrales para sostener la personería jurídica de los partidos políticos.
Las víctimas de las Farc, lideradas por la senadora Sofía Gaviria, propusieron una veeduría internacional a los bienes de las Farc, una Ley pro veteranos de guerra y condecoración a todos los militares en ejercicio por “haber triunfado”. Pidieron, además, no eliminar el enfoque de género en el acuerdo.
Por el contrario, el exprocurador, en un documento de siete páginas, exigió la eliminación de todo el enfoque de género del acuerdo de paz, ya que, según él, atenta contra los valores de la familias. Indicó que deben incluirse los derechos de la familia, la gran mayoría contemplados en la Constitución, en el acuerdo de manera literal, respetando que la Constitución es “monógama, heterosexual y con vocación de permanencia de las familias”.
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