En un caso que se asemeja al protagonizado por la polémica familia Ambuila, de Buenaventura, que terminó comprando un lujoso Lamborguini tras un desfalco a la Dian, acaba de ser desmantelada una red que con ayuda de un exfuncionario de esa entidad y otro de la Policía Aduanera logró lavar $685.000 millones.
El operativo se llevó a cabo en Barranquilla y Cartagena, ciudades portuarias en las que un total de seis personas fueron capturadas al ser señaladas de conformar una banda que lavaba dinero exportando e importando mercancía con la ayuda de funcionarios públicos.
Entre los supuestos sobornados están Roberto José Collante, inspector de la Dian en Barranquilla, y el uniformado John Jairo del Real Montalvo, inspector de la Policía.
Ambos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio. Y mientras se resuelve este entramado en el que estarían inmersos, un juez de la capital del Atlántico decidió enviarlos a sus casas como medida preventiva de aseguramiento.
El papel de los inspectores
La operación llamada “Cacharro”, en la que el pasado 13 de mayo se cogieron a los dos inspectores, fue liderada por la Fiscalía y por la Policía Fiscal y Adunaera (Polfa).
De acuerdo al informe entregado este martes por la Fiscalía, en la redada se estableció cuál habría sido el papel de los dos capturados a la hora de beneficiar a los cabecillas. Este diario profundizó en la información y encontró que la tarea designada a ellos era la de pasar en limpio todos los informes relacionados a los cargamentos ilegales.
Así las cosas, el inspector de la Dian, Roberto José, recibiría cada acta, ordenaba el despacho de los contenedores llenos de mercancía irregular y luego pasaba el documento firmado como si no hubiera pasado nada. Por su parte, John Jairo, como miembro de la Policía, fue imputado porque la Fiscalía considera que era el encargado de dar el aval para que las cargas pasaran por los puertos de Cartagena y Barranquilla.
En la conclusión presentada ante el juez, se declaró que en efecto los trabajadores no habrían cumplido con la asignación para la cual fueron contratados, ya que omitieron las novedades que por ley debían reportar en las actas.
En ese negocio, si bien aún no se han revelado los millones de dádivas entregadas a los servidores, sí se detalló que toda la red corrupta habría alcanzado a mover $685.000 millones a través de 28 empresas dedicadas al comercio exterior.
Durante las pesquisas que llevaron a desmantelar la red, los agentes especiales recibieron el apoyo del gobierno estadounidense, con el cual también hallaron reportes sospechosos en cinco agencias de aduana que tienen antecedentes por contrabando desde hace dos años.
Otras capturas
Los otros cuatro imputados por conformar la banda ilegal son Jeysson Pautt, Ismael Rodríguez, Marco Eguis y Jorge Luis Bolaño. Todos habrían llevado sus actividades a Bogotá, Bolívar, Atlántico, Norte de Santander y Cesar, departamentos en los que delinquían con las empresas asociadas a sus intereses.
Para ganar adeptos, sus cabecillas se encargarían de relacionarse con los posibles clientes en el exterior y pagarles a los dos inspectores, de quienes no se descarta que hayan tenido más funcionarios aliados y por ende vengan más operaciones como la que los tiene detenidos.
En un caso que se asemeja al protagonizado por la polémica familia Ambuila, de Buenaventura, que terminó comprando un lujoso Lamborguini tras un desfalco a la Dian, acaba de ser desmantelada una red que con ayuda de un exfuncionario de esa entidad y otro de la Policía Aduanera logró lavar $685.000 millones.
El operativo se llevó a cabo en Barranquilla y Cartagena, ciudades portuarias en las que un total de seis personas fueron capturadas al ser señaladas de conformar una banda que lavaba dinero exportando e importando mercancía con la ayuda de funcionarios públicos.
Entre los supuestos sobornados están Roberto José Collante, inspector de la Dian en Barranquilla, y el uniformado John Jairo del Real Montalvo, inspector de la Policía.
Ambos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio. Y mientras se resuelve este entramado en el que estarían inmersos, un juez de la capital del Atlántico decidió enviarlos a sus casas como medida preventiva de aseguramiento.
El papel de los inspectores
La operación llamada “Cacharro”, en la que el pasado 13 de mayo se cogieron a los dos inspectores, fue liderada por la Fiscalía y por la Policía Fiscal y Adunaera (Polfa).
De acuerdo al informe entregado este martes por la Fiscalía, en la redada se estableció cuál habría sido el papel de los dos capturados a la hora de beneficiar a los cabecillas.
Este diario profundizó en la información y encontró que la tarea designada a ellos era la de pasar en limpio todos los informes relacionados a los cargamentos ilegales.
Así las cosas, el inspector de la Dian, Roberto José, recibiría cada acta, ordenaba el despacho de los contenedores llenos de mercancía irregular y luego pasaba el documento firmado como si no hubiera pasado nada.
Por su parte, John Jairo, como miembro de la Policía, fue imputado porque la Fiscalía considera que era el encargado de dar el aval para que las cargas pasaran por los puertos de Cartagena y Barranquilla.
En la conclusión presentada ante el juez, se declaró que en efecto los trabajadores no habrían cumplido con la asignación para la cual fueron contratados, ya que omitieron las novedades que por ley debían reportar en las actas.
En ese negocio, si bien aún no se han revelado los millones de dádivas entregadas a los servidores, sí se detalló que toda la red corrupta habría alcanzado a mover $685.000 millones a través de 28 empresas dedicadas al comercio exterior.
Durante las pesquisas que llevaron a desmantelar la red, los agentes especiales recibieron el apoyo del gobierno estadounidense, con el cual también hallaron reportes sospechosos en cinco agencias de aduana que tienen antecedentes por contrabando desde hace dos años.
Otras capturas
Los otros cuatro imputados por conformar la banda ilegal son Jeysson Pautt, Ismael Rodríguez, Marco Eguis y Jorge Luis Bolaño.
Todos habrían llevado sus actividades a Bogotá, Bolívar, Atlántico, Norte de Santander y Cesar, departamentos en los que delinquían con las empresas asociadas a sus intereses.
Para ganar adeptos, sus cabecillas se encargarían de relacionarse con los posibles clientes en el exterior y pagarles a los dos inspectores, de quienes no se descarta que hayan tenido más funcionarios aliados y por ende vengan más operaciones como la que los tiene detenidos
