La Procuraduría avanzó en el proceso disciplinario contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y ordenó escuchar el testimonio de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. La diligencia fue dispuesta por el procurador delegado ante la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez.
Como primer paso, se estableció que la declaración de la magistrada se reciba mediante un cuestionario escrito. Sin embargo, si Lombana decide no responder bajo esa modalidad, se programará una audiencia presencial para tomar su testimonio.
La práctica de esta prueba se da en el marco de la investigación disciplinaria formal que abrió el Ministerio Público contra Benedetti por las expresiones contra la magistrada el 11 de noviembre de 2025.
El ministro llamó a Lombana “loca”, “demente” y “delincuente” después de una diligencia de allanamiento ordenada por la Corte Suprema en su mansión de Puerto Colombia, debido a los procesos que enfrenta por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.
La Procuraduría decidió avanzar tras evaluar la etapa de indagación previa, que había sido abierta el mismo día en que se conocieron los hechos. Con esta decisión, se da paso a una nueva fase del proceso disciplinario.
El documento también deja constancia del origen de la actuación, que se remonta a una publicación periodística en la que se recogieron las declaraciones del ministro tras un allanamiento a su residencia. En ese contexto, Benedetti cuestionó la competencia de la Corte Suprema para investigarlo, argumentando que ya no era congresista y, por tanto, no estaría sujeto a ese fuero.
Además, en sus pronunciamientos, el ministro aseguró que la magistrada había sido recusada en dos ocasiones y sugirió que existía un sesgo en su contra. Incluso, sostuvo que no había irregularidades por encontrar en su contra y defendió su disposición a comparecer ante las autoridades.
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En el mismo expediente quedaron registradas otras afirmaciones en las que Benedetti acusó a Lombana de ordenar seguimientos financieros a decenas de sus familiares, incluidos menores de edad, sin tener, según él, facultades para hacerlo. También habló de un supuesto acoso judicial prolongado, con múltiples procesos, numerosos testigos y filtraciones a medios de comunicación.
Con la recolección del testimonio de la magistrada, la Procuraduría busca esclarecer los hechos y determinar si hubo faltas disciplinarias por parte del ministro en sus declaraciones públicas.
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