viernes
3 y 2
3 y 2
Masacre en Bogotá tocó fibras del Inpec
Las cuatro víctimas son un expolicía narco, su pareja y sus dos escoltas. Se trató de un ajuste de cuentas.
-
Este fue el vehículo en el que fueron encontrados los cadáveres de cuatro personas en la madrugada del viernes en Bogotá. El carro pertenecería al expolicía Juan Carlos Useche FOTOS Cortesía -
La Alcaldía y la Policía de Bogotá investigan el caso.
Son tantos los cabos que hay que atar en la investigación sobre la masacre de cuatro personas ocurrida en Bogotá, que el Inpec comenzó una pesquisa interna para determinar cómo un preso bajo su custodia terminó siendo el escolta de un expolicía narco cuyo cuerpo, junto al del reo y de las otras dos víctimas, apareció torturado y con un tiro de gracia dentro de un carro blindado abandonado.
En todo caso, ya las autoridades comenzaron a esclarecer los pormenores de un episodio sangriento que sacudió a la capital en la noche del jueves, cuando se encontró la camioneta con los cuatro cadáveres.
Después de 24 horas de conocerse la masacre –el país se enteró en la madrugada del viernes–, las autoridades judiciales lograron establecer las identidades de los cuerpos abandonados.
Se trata de tres colombianos y un venezolano que, según las primeras hipótesis judiciales, fueron asesinados por fuera de la ciudad y cuyos cuerpos luego fueron regresados en la tarde del jueves a la capital para dejarlos finalmente abandonados esa noche dentro del vehículo.
Desde el mismo viernes se conoció que una de las víctimas fue identificada como Juan Carlos Useche, un expolicía y narcotraficante con antecedentes penales. De hecho, se sabe que los asesinos, que aún no han sido identificados, iban por él.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que fue “retirado de la Policía desde 2006, siendo patrullero en Cali. Se le retiró, y tuvo desde entonces varios antecedentes criminales: concierto para delinquir, actividades de narcotráfico y estuvo preso en por lo menos dos ocasiones”.
Un expolicía en la ilegalidad
Todo apunta a que su asesinato, con tortura previa y un tiro de gracia, se debió a un ajuste de cuentas entre bandas criminales y narcotraficantes: un cóctel explosivo que tendría conexiones con una concurrida zona comercial de Bogotá.
La identificación de Useche ha sido la piedra angular de la investigación y de él se conoce que se movía como prestamista en el San Andrecito de San José, donde tendría su centro de operación ilícita.
Aunque ya hay nombres, todavía hay preguntas. Por ahora no han confirmado que este hecho tenga relación con la narcobanda internacional ‘Tren de Aragua’ y tampoco han hecho públicos los nombres de los presuntos responsables de la matanza.
Las otras víctimas
Una más de las víctimas fue la pareja de Useche, una colombiana identificada como Leydi Alejandra Betancourt, quien también fue torturada y cuyo cadáver fue hallado con un tiro en la cabeza. Hasta el momento no se le han encontrado antecedentes que la involucren con negocios criminales.
La tercera persona era uno de los escoltas del expolicía narco. Se trata del colombiano Leonardo Sanabria, cuyo trabajo era proteger a Useche a cambio de un sueldo ilegal que se presume era alto, pero a quien tampoco se le han hallado relaciones de índole ilegal o antecedentes penales.
La cuarta víctima fatal de esta masacre fue un ciudadano venezolano identificado como Élder José Perosso Zabala, quien tenía pena privativa de la libertad domiciliaria por diversos delitos. Perosso Zabala no estaba cumpliendo a cabalidad con la justicia, lo que desvía la atención también al rol del Inpec en este caso.
Estas cuatro víctimas aparecieron indocumentadas, con evidentes signos de tortura y algunos de ellos cubiertos por bolsas de basura, al punto que los cadáveres parecían imposibles de identificar sin pericias judiciales.
Sin embargo, uno de los uniformados que atendió la emergencia reconoció a un antiguo compañero de la institución quien terminó siendo identificado como Useche.
De este caso se sabe que los cuerpos fueron hallados en los puestos de pasajeros y el baúl de una camioneta Toyota Prado. Según las autoridades, el vehículo está a nombre de un ciudadano residente en Barcelona, España, que lo había vendido recientemente pese a que no había iniciado el traspaso.
El vehículo modelo 2010 y con placas CJE-825 estaba totalmente blindado y, según los precios comerciales, podría costar en el mercado por lo menos 250 millones de pesos. Un lujoso auto que terminó implicado en un delito que centra la atención de las autoridades bogotanas y que el expatrullero delincuente Useche compró en marzo pasado.
¿Otra falla del Inpec?
Es más, la alcaldesa de la capital puso la lupa también sobre las presuntas irregularidades que estarían detrás de este caso y que involucrarían al Inpec.
“Aquí hay una falla del Inpec”, precisó López al criticar por qué un preso, como este, andaba suelto y armado por la ciudad.
Además, reveló que el blindado involucrado en la masacre salió de Bogotá pasadas las 10 de la mañana de este viernes y que regresó, ya con los cuatro cadáveres, pasadas las 3:45 pm.
Esto se traduce en que la masacre se registró fuera de la capital.
“Ni Policía ni Fiscalía tienen ninguna información que les permita creer que este hecho lamentable de esos cuatro asesinatos tenga que ver con la organización criminal ‘Tren de Aragua’”, precisó la mandataria local.
La Alcaldesa de la capital también agregó que “tampoco tiene que ver con los hechos lamentables de ajustes de cuentas con homicidios de personas abandonadas en bolsas en la ciudad de Bogotá”.
La Policía, en cabeza del coronel Herbert Benavides, comandante (e) de la Metropolitana de Bogotá, confirmó que se desplegaron 100 investigadores para desentrañar esta masacre.
También precisó que se están analizando 50 cámaras con más de 150 horas de video, y que se están analizando las ubicaciones de los asesinados a partir de sus teléfonos móviles e, incluso, por sus últimas conversaciones.
Por ahora, se espera que las autoridades judiciales identifiquen a la organización criminal y narcotraficante que está detrás de este crimen.
EL COLOMBIANO estableció –por fuentes judiciales– que no se descarta que sean bandas con lazos ilegales en el exterior.
