El asesinato del reconocido empresario Juan Carlos Gustavo Mejía Uribe, implicado en una millonaria extorsión a una firma minera y presunto auspiciador de las autodefensas, sacudió al gremio judicial en la Costa.
El crimen sucedió cuando asistía a un culto religioso, el pasado 23 de junio de 2024. Según la información preliminar de las autoridades, Mejía Uribe estaba en una iglesia llamada Centro Familiar Cristiano, cuando recibió una llamada al celular y salió a contestar.
Sin percatarse, fue seguido de cerca por otro de los supuestos feligreses, quien portaba una pistola con silenciador. La víctima abordó su camioneta Toyota Prado en el parqueadero, y en ese instante recibió los disparos. El vehículo rodó unos metros y acabó estrellándose contra unos arbustos.
El homicidio levantó ampolla en los corrillos judiciales y políticos de la Costa, porque Mejía Uribe, de 63 años, era un negociante muy reconocido, y a la vez sobre él pesaban graves investigaciones judiciales.
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Era propietario de una cadena de laboratorios clínicos, comerciaba ganado y poseía grandes extensiones de tierra en el sur de Córdoba y la subregión antioqueña del Bajo Cauca.
El excomandante paramilitar Ramiro “Cuco” Vanoy, quien lideró el Bloque Mineros en Bajo Cauca, lo mencionó en sus versiones libres de la Ley de Justicia y Paz, como un supuesto auspiciador de las autodefensas junto a su hermano Fabio Mejía (“el Gato”).
